La frase es textual y, por ella y las que siguieron en una entrevista con un diario supuestamente amigo, Jordi Baiget fue cesado. Así inauguraba Carles Puigdemont una serie de purgas contra sus disidentes, concentradas en la Consejería de Empresa dirigida entonces por Baiget. Corría el verano de 2017, caluroso, pero no tan caliente como el otoño que vendría a continuación.

Las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas (TdC) a una cuarentena de altos cargos y funcionarios responsables de los gastos en propaganda procesista en el exterior, y, sobre todo, la reacción del independentismo, demuestran que aquella reflexión del exconsejero sigue vigente. Especialmente en el ámbito convergente. Se podrá discutir la legitimidad de ese órgano fiscalizador para imponer esas fianzas millonarias, aunque sería aconsejable hacerlo viendo no solo la paja en el ojo ajeno, sino la viga en otras instituciones, incluidas las catalanas, también con miembros que tienen mandatos caducados y son elegidos en base a mayorías políticas. Igualmente debatible es la duplicidad que generan ese tipo de organismos con la administración de Justicia --de nuevo hay que mirar en el ojo propio, donde la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude han respondido, respectivamente, a los intereses de CiU y ERC, contribuyendo a engrosar la faraónica administración autonómica, la segunda de España en número de funcionarios--.

Lo cierto es que el TdC, organismo constitucional, que no administrativo, ha osado tocar el bolsillo a una serie de exdirigentes de CDC, un partido de gente acomodada que hizo negocio con determinadas empresas a cambio de protección mientras recortaba gasto en servicios sociales como la Sanidad o la Educación. De lo primero dan cuenta las investigaciones del caso Palau o del caso 3%. De lo segundo, las cifras que demuestran que esos tijeretazos nunca han sido revertidos, a diferencia de otras comunidades autónomas. Y así nos fue durante la pandemia.

Artur Mas habla de “muerte civil”, mientras que la investigación a su exconsejero, Andreu Mas-Colell, ha generado un corporativismo económico que para sí quisieran otros movimientos sociales. Los que vienen denunciando la falta de inversiones en sectores estratégicos.

De esa regresión en el gasto público es víctima la industria catalana, que en los últimos diez años ha perdido el 70% de su presupuesto. Rectificar esta situación, a la que se une la deslocalización es, actualmente, tarea de ERC, que también está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas por su despilfarro en la internacionalización del procés. Roger Torrent es, ahora, el consejero de Empresa. Recoge el testigo de Ramon Tremosa, a quien Puigdemont colocó en ese departamento tras cesar a Àngels Chacón. Al igual que Baiget, Chacón se atrevió a cuestionar la visceralidad independentista del hoy fugado.

El expresidente del Parlament va a jugar un papel esencial en el historial de gestión que Esquerra presentará de aquí a dos años, si Pere Aragonès no supera la prueba del algodón separatista ante la CUP. Una gestión que reclaman los agentes sociales y económicos, que pueden perdonar al president su teatralidad identitaria, pero no que pierda la oportunidad de avanzar en la reconstrucción de Cataluña gracias a los restablecidos puentes con el Gobierno español. Dicho de otra manera, la única manera que tiene el republicano de reforzar su liderazgo es soltando lastre de los duros de Junts per Catalunya y acudir a las próximas elecciones con los deberes hechos. Las encuestas acusan fatiga procesista, como publicamos en Crónica Global, y la negociación entre el Estado y la Generalitat gana apoyos, incluso entre los independentistas.

Porque, a la mayoría de los catalanes, también les resulta insoportable que le toquen, no ya el patrimonio que no tienen, sino sus sueldos precarios. El ciudadano de a pie no tiene cajas de solidaridad o paganinis a los que acogerse cuando vienen mal dadas. Solo dispone de un Estado del Bienestar al que aferrarse y que el procés laminó mientras gastaba en viajes y fiestas procesistas en sus “embajadas” inútiles. ¿Alguien se ha preguntado cuánta "muerte civil" provocaron los recortes de Mas y Mas-Colell?