Mientras la política se abre paso en la resolución del conflicto secesionista, la justicia sigue su curso. No es incompatible, aunque desde el mundo independentista insistan en cargarse la separación de poderes y cuestionar todas y cada una de las instancias que forman parte del Estado de Derecho. Entre ellas el Tribunal de Cuentas, órgano que consideran de procedencia franquista, aunque la Generalitat no dudara copiar esa institución dedicada a fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas en su Sindicatura de Cuentas.

Pues bien, ese tribunal español ha osado investigar al exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell,  al que considera responsable del malgasto que hizo el Govern en el proceso secesionista. La amenaza de embargo de bienes del reputado economista, profesor en la Universidad de Princeton, ha despertado la indignación de una treintena de premios Nobel, así como de colegas de profesión que, por el contrario, enmudecieron ante los recortes que Mas-Colell aplicó junto al expresidente Artur Mas. Gracias al ínclito profesor, Cataluña tiene la universidad más cara de España y, como se comprobó durante la pandemia, sus tijeretazos dejaron los servicios sanitarios bajo mínimos. Los recortes en educación y servicios sociales, asimismo, nunca han sido revertidos.

La única rectificación de Mas-Colell, común a la de Mas, tiene que ver con un procés que ellos mismos apoyaron en un principio y del que ahora se desmarcan. Dicho de otra manera, el economista y el expresidente sembraron aquella semilla de la discordia, precisamente para tapar unas políticas de austeridad letales para Cataluña. Que la pobreza se haya disparado desde entonces, que el paro entre los jóvenes alcance un 40% o que miles de empresas se fugaran es algo que no aparece en los discursos de ese tándem de políticos, business friendly, que malvendieron el patrimonio de la Generalitat para cuadrar unos presupuestos “fantasma”. Tampoco aparecen esas desigualdades sociales en las protestas corporativistas de los galardonados por el Nobel, premio que también tiene sus claroscuros --premios desiertos, escándalos sobre abusos...--. 

¿Reflexión demagógica? Puede, pero no creo que pueda compararse con la panacea independentista, según la cual, en la futura república catalana siempre habrá helado de postre, el fraude fiscal desaparecerá y el paro se reducirá a cero.

Durante el procés hemos visto que, efectivamente, el secesionismo es sinónimo de bienestar económico, pero solo para sus dirigentes y voceros. En la reedición de la coalición entre ERC y Junts per Catalunya ha tenido mucho que ver ese separatismo bien pagado --los sueldos cienmileuristas del Govern bien valían esa segunda oportunidad--, al que se sumaron muchos políticos y opinadores sin tener demasiada conciencia identitaria. Esos advenedizos y/o conversos fueron los más puristas, aunque ahora comienzan a desandar el camino y, viendo que ahora se abre una nueva etapa de diálogo y negociación, la que han acordado Pedro Sánchez y Pere Aragonès con los indultos como punto de inflexión, reniegan del procesismo. No vaya a ser que se pierdan algún negocio por el camino, ya que el empresariado catalán ha bendecido ese cambio.

Quienes lideraron aquel desafío secesionista ya están en la calle. Y a pesar del menosprecio expresado por Pere Aragonès o Carles Puigdemont a la medida de gracia, lo cierto es que la salida de la cárcel de los presos ofreció escenas emotivas y vivas a un “día histórico”. Dicen que trabajarán por lograr la república catalana. Nos quedamos con la mitad de la frase, porque, en efecto, en los próximos días se sabrán detalles sobre la nueva vida de los reclusos indultados. Esto es, qué fundación, organismo o empresa afín o subvencionada por el Govern contrata a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva y al resto de exreclusos. Eso sí, de forma disimulada, ya que están inhabilitados para ejercer cargo público. Siempre se podrá acudir a los paganinis del procés, que alguno queda.