Bloqueo y politización en el ‘Tribunal de Cuentas catalán’

Ayer se confirmó que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y otra treintena de altos cargos y funcionarios de la Administración catalana por los supuestos gastos indebidos en la promoción exterior del procés. ¿Pero cuál es el origen de esa investigación?

El origen de la investigación del Tribunal de Cuentas

La Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por Resolución de diciembre de 2017, solicitó a este órgano la fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017. Atendiendo a esta solicitud, el TdC incluyó esta fiscalización en su programa para el año 2018. Del examen del proyecto de informe, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pusieron de manifiesto la existencia de indicios de responsabilidad contable.

Estos indicios fueron comunicados a la Sección de Enjuiciamiento del TdC que, en base a los mismos, inició las actuaciones previas previstas legalmente (actuaciones de instrucción) para fijar, de manera preliminar, los hechos, el importe de los posibles daños causados a los fondos públicos, así como los presuntos responsables de los mismos.

Artur Mas tras Oriol Junqueras y Carles Puigdemont / FOTOMONTAJE DE CG

Naturaleza constitucional

La tormenta política y mediática generada por las sanciones ha obligado al TdC a reivindicar su naturaleza constitucional, que no administrativa. “La función de enjuiciamiento contable es propiamente jurisdiccional, como la que ejercen los tribunales de justicia en otros ámbitos (penal, contencioso-administrativo, etc.).  Los procedimientos de responsabilidad contable se desarrollan en doble instancia, como todos los procedimientos jurisdiccionales: una primera instancia, cuya sentencia dicta el Departamento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas al que por turno corresponda el asunto; y la segunda instancia o apelación, que se resuelve por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. Las sentencias del Tribunal son posteriormente recurribles en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”.

Y si la naturaleza del TdC es constitucional, la de la Sindicatura de Cuentas es estatutaria. Pero las competencias distan mucho de las que tiene el tribunal español. Sus orígenes se remontan a la Edad Media. Abolida por el Decreto de Nueva Planta de 1716, fue restituida tras la etapa franquista e incluida en el Estatut de 1979 primero y en el de 2006, después.

Así funciona la Sindicatura

La principal función de la Sindicatura consiste en examinar las cuentas de los ingresos y los gastos del sector público de Cataluña a efectos de determinar su fiabilidad, así como la regularidad, legalidad y eficacia de las operaciones realizadas. Esa función fiscalizadora se concreta en la elaboración de informes que se envían al Parlament y a los entes fiscalizados. Los informes deben contener las observaciones y recomendaciones derivadas de la verificación de la actividad económico objeto de control, de acuerdo con las técnicas y procedimientos de auditoría pública. Cuando el Pleno de la Sindicatura aprecia la existencia de actuaciones perseguibles administrativamente o judicial, debe hacerlo constar en el informe y trasladar la información relativa a estas actuaciones a la instancia pertinente, y comunicarlo al Parlament y al ente fiscalizado.

La Sindicatura tiene que presentar cada año a la Cámara catalana, antes del 1 de diciembre, un programa anual de actividades que debe contener la previsión de los trabajos de fiscalización para el ejercicio siguiente. El programa podrá ser modificado en el transcurso del año a petición del Parlament o bien cuando el Pleno de la Sindicatura así lo acuerde.

La llegada de la OAC

Pero esta especie de “tribunal de cuentas a la catalana” no tiene capacidad para sancionar, una competencia que la Sindicatura reclamó con motivo de la reforma de la ley que regula sus funciones en 2010. Dos años antes, durante el Gobierno tripartito, se creó la Oficina Antifraude a instancias de ERC, que quiso dar un toque de atención a CiU y su supuesta financiación irregular. La OAC, sin embargo, suponía duplicidades respecto a la Sindicatura de Cuentas, la Sindicatura de Greuges, así como con la Fiscalía y los tribunales. De ahí que se laminaran sus competencias iniciales.

Todo ello ha generado un intenso debate político sobre la utilidad de estos órganos. En el caso de la Sindicatura de Cuentas, que cuenta con un presupuesto anual de 12 millones de euros y que, hacia finales del mandato de Jordi Pujol, sufrió una importante crisis debido al retraso en la presentación de sus informes. Poco a poco se subsanó la situación.

Instituciones bloqueadas

Al igual que el Tribunal de Cuentas español, los miembros de la Sindicatura de Cuentas son elegidos por los partidos políticos, que imponen sus mayorías. Es una de la veintena instituciones bloqueadas debido a la inacción parlamentaria derivada del procés --como ocurre con la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, el Consejo de Garantías Estatutarias o el citado Síndic de Greuges--

En marzo de 2017 se acababa el mandato de cuatro de los siete síndicos, mientras que Jaume Amat, el síndico mayor, también actúa en funciones desde esa fecha.