El escándalo por los presuntos casos de acoso sexual en el Instituto del Teatro de Barcelona se ha llevado por delante a la dirección del centro. Magda Puyo presentaba este viernes su dimisión y entonaba el mea culpa. Pidió perdón por no haber actuado a tiempo y tener en consideración las denuncias de las presuntas víctimas de la actitud de varios miembros del equipo docente cuyo trato con el alumnado no solo era déspota, sino que en algunos casos rayaba (o más) el abuso sexual.

Las alertas existían, pero se ignoraron. La institución cultural se había dotado de un protocolo contra el abuso que, como se ha demostrado, servía para quedar bien de cara a la galería. A la hora de la verdad, la confianza y estima que se tenía depositada en el equipo docente imperaba ante las quejas que se habían cursado por esta vía. Y es que, al final, se trataba de la palabra del alumnado contra la de los docentes. La balanza se decantaba siempre del mismo lado.

Esta reacción suele ser la habitual. Los abogados y legalistas especialistas en este ámbito coinciden en que lo más complicado ante un abuso es demostrar que la víctima es, efectivamente, una víctima. Es dificultoso hacerlo ante un juez e incluso en los ámbitos de mediación que se dan antes de recurrir ante los tribunales. Se deben buscar pruebas y decidir quién tiene la verdad. Y esto es, en demasiados casos, la palabra de uno contra el del otro.

El paso que ha dado Puyo intenta ser una pequeña reparación. Como mínimo, en el Instituto del Teatro ha existido un reconocimiento de que el acoso no se ha gestionado bien. Lo más normal ante este tipo de escándalos es que la institución cierre filas y acabe con una defensa a ultranza de los presuntos abusadores.

Así ha ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona ante el escándalo del acoso sexual en la empresa municipal Parcs i Jardins, cuyo presidente es Eloi Badia. Aquí, los tribunales han dado por probado las denuncias que dos trabajadoras llevaron ante el juez. Uno de los responsables de organizar los equipos en la empresa pública tiene por costumbre reclamar las bragas a las trabajadoras, les pide que le avisen para que las acompañe al ginecólogo e irrumpe en el vestuario femenino por sorpresa.

De hecho, cuando una mujer se incorpora a una brigada municipal se le pone en aviso de que se va a topar con un monstruo de esta categoría. Ha transcendido que tres casos fueron denunciados ante el consistorio pero, de nuevo, los protocolos han fallado. Otra vez los responsables políticos se llenan la boca de discursos de tolerancia cero ante el acoso sexual pero, en el momento de la verdad, fallan de forma estrepitosa en la gestión de los casos.

Así lo relatan dos de las denunciantes. Dos mujeres que decidieron que no tolerarían más estas actitudes y, de la mano de CGT, llevaron el infierno que vivían en su trabajo ante los tribunales. Y ganaron. Explican que las faltas eran tantas y había tantos testigos que la presunción de inocencia del acosador fue barrida.

Su jefe fue condenado y... ¿qué reparación obtuvieron? Pues una promoción interna que le dio a él más poder sobre la plantilla. En cuanto a las trabajadoras, la gran reparación del Ayuntamiento de Barcelona ha sido poner un cerrojo en los vestuarios femeninos para que el acosador no pueda entrar a la brava.

No costaba hacerlo peor. ¿De verdad se debe defender a un condenado de acoso sexual incluso en el pleno municipal? Más allá del politiqueo, si se anuncia tolerancia cero ante el acoso se debe cumplir esta máxima hasta las últimas consecuencias y, en el caso de Parcs i Jardins, ni siquiera hablamos de supuestos.

Estamos ante un caso que ha sido juzgado y condenado. Hubo acoso. Hubo un comportamiento deplorable que fue juzgado y condenado. Nadie se inventó nada. En Parcs i Jardins uno de los trabajadores piensa que pedir las bragas a sus compañeras es lo correcto. Piensa que al ser mujeres deben encajar este tipo de comentarios de forma repetitiva y a las féminas que entran en la empresa se les avisa de ello “para que estén preparadas”. Es indecente que el Ayuntamiento de Barcelona lo tolere. Es indecente que promocione al condenado porque, total, ya ha sido condenado. ¿Qué clase de ejemplaridad es esta?

Han pasado cuatro años desde que estallara el movimiento Me too y cada vez hay menos tolerancia ante este tipo de comportamientos. Las empresas e instituciones se dotan de protocolos y se ha empoderado a los receptores del acoso para que puedan denunciarlo. Falta superar la última parte, la de que las denuncias no acaben en un cajón porque pesa más el poder del acusado que del acusador. La experiencia en Parcs i Jardins demuestra que incluso los partidos más a la izquierda sufren este problema. Proteger a las víctimas no es instalar un pestillo en un vestuario. Es asegurarse de que el abusador nunca más podrá volver a abusar. Es pedir perdón. Es reparar el daño que se ha hecho. Como mínimo, todo lo que se pueda.