Un presidente estadounidense, el ultraliberal Ronald Reagan, proclamó en cierta ocasión que la política es una de las profesiones más bajas, mezquinas y despreciables de todas las existentes. Yo añado por mi cuenta que, al menos en el caso de Cataluña, también es una profesión excelentemente retribuida. No parece sino que sus miembros tengan bula para hacer y deshacer lo que les venga en gana con los fondos públicos.

Me he entretenido en seleccionar algunas informaciones, espigadas al azar, entre las que han visto la luz en los últimos días. Revelan que esta comunidad autónoma está gobernada, con raras excepciones, por una especie de cleptócratas que actúan a su antojo y se pasan las leyes por el arco del triunfo. En este orden de cosas, nuestros lares se asimilan a un puerto de arrebatacapas, en versión actualizada del siglo XXI.

Primer ejemplo. Oriol Pujol Ferrusola ya ha salido a la calle. Se le condenó a dos años y medio de prisión por delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

Los cometió en sus intentos de amañar las normas reguladoras del sector de las ITV. Con razón nos sorprendemos de que por estas latitudes las inspecciones de vehículos figuren entre las más leoninas de España.

Los servicios penitenciarios, que son competencia exclusiva de la Generalitat, han concedido a Oriol el tercer grado. Ello implica que sólo tendrá que dormir en el penal entre lunes y viernes. Ha cumplido, pues, 57 días de cárcel de los casi mil que le impuso la Justicia.

Como es “uno de los nuestros”, la secretaría de la Generalitat de Medidas Penales, Reinserción y Atención a las Víctimas, lo ha puesto de patitas en la calle. Y viva la Pepa.

Segundo botón de muestra. La Audiencia Nacional abre otra investigación a la saga Pujol. Esta vez, por el ingreso de ocho millones y medio de pesetas en una cuenta de Jordi Pujol Ferrusola en el andorrano Andbank. Tal abono se produjo nada menos que ¡en 1991!

El juez José de la Mata escruta al clan pujoliano desde 2012. Lleva abiertas innúmeras líneas de indagación para descubrir la procedencia del inmenso patrimonio de la tribu pujolista.

A estas alturas parece bastante claro que constituye una falsedad como la copa de un pino la supuesta herencia del abuelo Florenci, fallecido en 1980, que adujo el senil expresident Jordi Pujol Soley.

Es de recordar que el mentado depósito de Jordi junior en Andbank recibió en el periodo 1990-1994 docenas de abonos por un montante total de 1.335 millones de pesetas, además de 2 millones de dólares estadounidenses y 7,2 millones de marcos alemanes.

Casi siete años después de comenzar las pesquisas, el juez De la Mata las prosigue sin desmayo. En el foro madrileño empieza a cundir la impresión de que será harto difícil enchironar a los Pujol. Y de que este caso aparatoso podría acaban en agua de borrajas. Veremos.

Tercer apunte. Según un informe del Tribunal de Cuentas, Artur Mas, Carles Puigdemont y sus acólitos gastaron la friolera de 421 millones de euros entre 2011 y 2017 en la llamada “acción exterior”. Es decir, en “embajadas”, sueldos de los “embajadores” y otros paniaguados, propaganda internacional y viajes al extranjero.

Esa caterva de entidades y enchufados se dedicaron por entero a ensalzar las bondades del “procés” y a poner como chupa de dómine al maléfico “Estado español”.

El citado dispendio incluye 46 viajes por el ancho mundo, hoteles de lujo y comilonas “gratis total” de los altos jerarcas del Govern. Es ocioso señalar que la competencia de asuntos exteriores es prerrogativa del Gobierno nacional. Lo cual no impidió que el Ejecutivo vernáculo despilfarrase más de 70.000 millones de pesetas en semejantes actividades. Si esto no es un desfalco gigantesco y un atraco a mano armada a los contribuyentes catalanes, se le parece mucho.

Cuarta y última cita. Quim Torra tiene a sus órdenes un séquito de más de 200 altos cargos que perciben sueldos superiores al del mismísimo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, cifrado en 82.900 euros.

El propio Torra devenga cada año 152.800 euros, un importe propio de los ejecutivos de grandes multinacionales. ¿Alguien puede citar una acción de gobierno de cierto calado, una sola, que haya realizado Torra desde que anida en la Generalitat?

Si de la Administración catalana descendemos a las sociedades municipales, nos acabamos de enterar de que en Transportes Metropolitanos de Barcelona, gestora de las líneas de autobús y metro de la capital catalana, 20 capitostes se embolsan cada año salarios superiores a los 100.000 euros y otro centenar de directivos cobran más de 70.000.

Estas son algunas de las noticias que la prensa española ha divulgado los últimos días. No las busquen en los medios catalanes. Las ocultan por sistema. Así se lo aconseja la omertá imperante, por cierto muy bien subvencionada.

Mientras todo ello acontece, más de 6.000 compañías –incluidos todos los grandes bancos– se han exiliado de este cuadrante nororiental de España a otras partes de la península, sobre todo a Madrid.

Las fugas vienen ocurriendo desde que Artur Mas emprendió la locura del “procés” hace ya cinco largos años.

No hay parangón de una estampida empresarial de este tamaño en el mundo desarrollado, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de poder económico y financiero que ello supone para Cataluña es devastadora.

Estas tierras, otrora cuna del seny, parecen sumidas hoy en un paroxismo desorbitado. Tal es el fruto de las trapacerías y los delirios demenciales de la clase política secesionista.