Ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Quince acusaciones particulares tienen encartada a una treintena de miembros del consejo de administración y altos directivos, entre ellos el expresidente Rodrigo Rato y el exvicepresidente José Luis Olivas.

La fiscalía, en cambio, sólo acusa a cuatro dirigentes, incluido Rato. Les imputa un delito de estafa, por haber vendido la burra coja a 180.000 inversores.

Se da la circunstancia de que Bankia resarció en su día a la inmensa mayoría de los ciudadanos que acudieron a la oferta, mediante el pago de 1.840 millones de euros, por lo que hoy apenas existen perjudicados.

Rato, antaño todopoderoso segundo de a bordo del Gobierno de José María Aznar, está alojado en la penitenciaría Soto del Real desde hace pocas semanas. Cumple allí una condena de cuatro años y medio por el turbio asunto de las tarjetas “black” que los miembros del sanedrín de Bankia utilizaron a porrillo para sus gastos personales.

El importe de las asistencias prestadas a Bankia por el Erario ascendió a 22.000 millones de euros. De esta cantidad, las autoridades monetarias dan por perdidos, hasta el momento, 14.200 millones, que casi con toda seguridad nunca más se recuperarán. El salvamento de la institución ha costado, pues, una ingente suma a los contribuyentes.

La defensa de Rato y Olivas aduce que ambos invirtieron su propio peculio en el lanzamiento al parqué. En consecuencia --sostienen-- difícilmente se las puede achacar el citado delito de estafa, pues se estarían estafando a ellos mismos.

Rato trata de mantener el tipo, pero ofrece la viva estampa de la derrota. Un hombre que lo fue todo en el mundo de la política y la empresa, es hoy un ángel caído. Además, tiene por delante otro juicio más por un presunto fraude fiscal. La perspectiva de que pase a la sombra muchos años es más que cierta.

El estreno bursátil de Bankia se articuló en 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero de jefe del Gobierno. En mayo del año siguiente, Mariano Rajoy ya ocupaba la Moncloa y se vio forzado a estatificar el engendro.

Ahora, siete años después, se juzgan aquellos infaustos episodios. Es el enésimo escándalo de bulto que se sustancia en los tribunales con enorme retraso. Ya se verá lo que determinan los magistrados, pero de entrada, semejante dilación no es presentable. La justicia española camina a un paso de tortuga exasperante.

El juicio no ha hecho más que empezar. Se prevé que las sesiones se prolonguen, como mínimo, hasta el próximo mes de junio. Y es muy probable que se dilaten más allá de esa fecha.

El rescate, durante la última gran crisis, de las cajas de ahorros transformadas en bancos constituye una de las peripecias más funestas de los anales financieros celtibéricos.

So pretexto de resguardar el sistema, se nacionalizaron unas pérdidas siderales. El grueso de los quebrantos fue ocasionado por las mesnadas de políticos que infestaban las cúpulas de las instituciones.

De los 54.300 millones que se inyectaron a los intermediarios del dinero, se dan por perdidos más de 42.500€. De esta última cifra, Bankia y Catalunya Banc (ex Caixa Catalunya), dos de los bancos más politizados del sistema, acaparan 14.200 y 11.800 millones, respectivamente, o sea, un 61% del descubierto total.

Rato ya sufre condena y le aguarda un infierno procesal. A su vez, Narcís Serra, capitoste de Catalunya Banc, está rindiendo cuentas ante los magistrados por haber acrecentado con excesiva alegría la soldada de su director general. Dos vicepresidentes del poder ejecutivo central, sentados en el banquillo de los acusados. La gloria del mundo es perecedera.