Convergència está a punto de instar la quiebra. La formación impulsada por Jordi Pujol y Artur Mas deja en el alero deudas por varios millones de euros a los bancos. Este pufo coincide con la aparición de noticias frescas sobre el interminable pillaje del 3%, que salpica la existencia entera de dicho partido y sus herederos.

La fiscalía anticorrupción acusa a la productora televisiva Triacom de un delito fiscal, por haber trasegado carretadas de facturas falsas para engrasar financiaciones ilícitas. Esa compañía tiene de amo y presidente a Oriol Carbó Seriñana, que no casualmente está imputado en la Audiencia Nacional por el famoso 3%. Carbó fue años atrás gerente de TV3. Más tarde fundó una empresa propia, la mentada Triacom.

Ésta ha desarrollado desde entonces la cómoda y lucrativa actividad de confeccionar programas para la propia TV3.  Adicionalmente, ha recibido espléndidas subvenciones de la Generalitat. Es decir, una especie de Juan Palomo en versión regional. Tal es la desvergüenza del mangoneo en esta comunidad. Además, entre los accionistas destacados de Triacom se encuentra la poderosa Imagina-Mediapro, sociedad de derechos televisivos de Jaume Roures.

Este multimillonario, trotskista confeso, es muy dado a impartir lecciones a porrillo. Y goza de una especie de bula para hacer y deshacer en los medios de comunicación de la Generalitat. En particular, dispone a su antojo de los platós de TV3 para lanzar las invectivas que se le ocurren en cada momento. Las andanzas de semejante personaje se ven envueltas en lances procesales con harta frecuencia. Así, en julio de 2018, la filial estadounidense de Mediapro se declaró culpable de haber satisfecho sobornos por valor de 6,5 millones de dólares a varios capitostes americanos.

Los había untado para adueñarse de los derechos de retransmisión de las Copas del Mundo de fútbol de 2018 y 2022 en varios países del continente. Descubierta la maquinación, la casa no tuvo otra salida que reconocer la comisión de dos delitos de conspiración de fraude electrónico. Por ellos hubo de pagar 24 millones de dólares en concepto de multas y resarcimientos.

Otra participada de Roures es Triacom, citada más arriba por su papel estelar en el escándalo del 3% que instruye la Audiencia Nacional. Según un reciente informe de Hacienda, esa productora fabricó a manos llenas facturas falsas y las cruzó con otras sociedades, a fin de camuflar pagos subterráneos a Convergència y a gerifaltes del partido. La lista de razones sociales “amigas” con las que Triacom intercambiaba transacciones ficticias es todo un poema. Incluye una perteneciente a Marc Puig Guàrdia, que ejerció de secretario de comunicación con Jordi Pujol y Artur Mas.

También abarca otra propiedad de Anna Vidal Maragall, esposa de Oriol Pujol Ferrusola. Éste fue condenado a dos años y medio de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en el  enjuague de las ITV. Asimismo han emergido como suministradoras de albaranes artificiales tres firmas de David Madí, antaño mano derecha de Artur Mas.

Pero hay más. La Audiencia Nacional acaba de recibir un informe de la Guardia Civil, que escudriña las cuentas de las fundaciones convergentes Catdem, Fòrum y Nous Catalans, amén de la hipersubvencionada Òmnium Cultural. El líder de esta última es Jordi Cuixart, sentenciado a nueve años de prisión por el golpe sedicioso de octubre de 2017.

En el periodo 2008-2014 analizado por el instituto armado, tales entidades se embolsaron más de 10 millones por donaciones recibidas. El grueso del dinero procede de empresas del sector de la construcción. De lo instruido hasta ahora se desprende que el partido por excelencia del pujolismo saqueó a mansalva los fondos de los catalanes, mediante el nada imaginativo recurso de hinchar como un globo el coste de las obras públicas.

Las mangancias del 3% pepetradas por el engendro político de Jordi Pujol, Artur Mas y sus acólitos constituyen con toda probabilidad el desvalijamiento más abultado de caudales públicos que jamás se haya consumado en Cataluña.