Roures, condenado a pagar 1,2 millones de euros al Barça

Nuevo varapalo contra Jaume Roures en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona ha desestimado la demanda en reclamación de daños y perjuicios instada por Mediapro contra el FC Barcelona en 2018 por un importe de 1.433.861 euros, por el incumplimiento del contrato de cesión de derecho publicitario.

Asimismo, en el mismo procedimiento, el juzgado condena a Mediapro a pagar al FC Barcelona la cantidad de 1.252.034 euros en concepto de diversas contraprestaciones y liquidaciones pendientes que el club reclamó en su reconvención (una especie de contrademanda a la que tiene derecho el demandado en el marco del mismo procedimiento).

Contrato con polémica 

En cuanto al incumplimiento del contrato de cesión de derecho publicitario y la reclamación de daños y perjuicios en concepto de lucro cesante instada por Mediapro, la sentencia determina que la recuperación de este derecho publicitario ejercitada por el FC Barcelona se hizo en tiempo y forma, de buena fe, de forma lícita, necesaria y de ninguna manera para perjudicar Mediapro. 

Este contrato, suscrito el 1 de febrero de 2016, tenía por objeto la cesión, por parte del FC Barcelona, de minutos de la 'U' televisiva del Camp Nou a Mediapro para su explotación publicitaria, a cambio de una contraprestación económica de 1,6 millones de euros.

La sentencia determina, en definitiva, que el ejercicio del derecho se llevó a cabo de acuerdo con lo previsto en el contrato, y en atención a una finalidad legítima de acuerdo con el mismo. Sin que se haya justificado una intención específica de perjudicar a la parte contraria y, por tanto, no estima esta reclamación.

El Barça, inocente de espionaje 

Asimismo, el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Barcelona ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto del FC Barcelona, en la querella interpuesta por Jaume Roures y Mediapro contra el club, al que imputaba su participación en un delito continuado contra la intimidad personal, un delito continuado de revelación de secreto empresarial y un delito continuado de hurto agravado. La causa sigue abierta contra el supuesto instigador de ese espionaje, Sandro Rosell. 

El FC Barcelona pidió, en su momento, el archivo de las actuaciones, y el Ministerio Fiscal estar de acuerdo, pero no así los querellantes, alegando que las vinculaciones personales y profesionales entre las partes de este procedimiento implicaban, prácticamente por sí mismas, la existencia de indicios suficientes de la participación de todos los querellados en los hechos relatados en la misma querella.

El Juzgado concluyó que el resultado de las diligencias de instrucción practicadas no permite sostener la existencia de indicios de criminalidad suficientes respecto de la participación del club en los hechos y, por tanto, de la comisión de los delitos que se imputan a la querella.