Que ayer Puigdemont y Toni Comín no pudieran sentarse en el Parlamento Europeo es una excelente noticia que no podemos minusvalorar. Imagínense por un momento el caso contrario, que el Tribunal General de la Unión Europea hubiera aceptado las medidas cautelares solicitadas por su siniestro abogado Gonzalo Boye. Hubiera pisado suelo francés sin poder ser detenido y gozado de inmunidad para sortear cualquier nueva euroorden. Las imágenes del expresident entrando en la eurocámara para ocupar su escaño habrían sido un bombazo político y otra humillación para justicia española. A la salida de la sesión constitutiva, sus fervorosos seguidores desplazados para la ocasión hasta la capital de Alsacia lo hubieran elevado a la categoría de mesías y redentor del separatismo. Es cierto que la decisión del tribunal es provisional y que, como reza en la nota final que aparece siempre en este casos, no prejuzga el desenlace de la acción principal.

Ahora bien, a la vista de los razonamientos expuestos por el tribunal para desestimar las medidas cautelares, hay poco margen para un giro radical sobre la cuestión de fondo. Queda claro que es la legislación nacional, en este caso la española, la que regula cómo alcanzar las credenciales de eurodiputado. Ni Puigdemont ni Comin figuraban en la lista definitiva enviada por la Junta Electoral Central porque no prometieron la Constitución de forma presencial en Madrid. Contra esa exigencia, los demandantes presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo que aún está por resolver, aunque las medidas de urgencia solicitadas les fueron también rechazadas hace unos días. En definitiva, poco tiene que decir la justicia de la Unión Europea sobre el asunto y, por tanto, es improbable que los afectados vayan a ser finalmente eurodiputados.

En este sentido, la derrota política de Puigdemont es muy importante. Recuerden que en campaña afirmó repetidamente que si salía elegido iría a Madrid a recoger el acta porque gozaría inmediatamente de inmunidad. Después su abogado se paseó por todos los medios de comunicación asegurando que nada impediría que el expresident pudiera estar finalmente en Estrasburgo el 2 de julio. O que Pilar Rahola afirmó ante su parroquia de TV3 que el asunto estaba muy bien estudiado y bromeó con tener preparada la bolsa de palomitas para disfrutar de un Puigdemont nuevamente triunfante en Europa. El varapalo es considerable, la estrategia de internacionalización desde el corazón de las instituciones comunitarias ha fracasado y al huido a Waterloo no le va a quedar más remedio que redefinir su estrategia para no caer en el olvido.

Su siguiente paso será volverse a presentar al Parlament encabezando la lista de JxCat cuando valore cuál es el mejor momento para convocar elecciones autonómicas. No le quedará otra carta para seguir manejando los hilos y es una opción que no ha descartado jamás, aunque en estos últimos meses haya dado a entender lo contrario para reforzar la credibilidad de su candidatura europea. Tardará en anunciarlo, y lo hará mediante rodeos. Primero tendrá que resolverse el asunto del Parlamento Europeo. Pero el giro se producirá con la sentencia sobre el juico al procés. Ese será el momento emocionalmente idóneo, con Oriol Junqueras y el resto de acusados inhabilitados por muchos años. Solo quedará Puigdemont como figura relevante de la banda del “ho tornarem a fer”, que podrá presentarse porque hay un vacío legal que permite a los huidos de la justicia ser candidatos. Su tirón electoral es indudable, como se vio en las europeas, en las que obtuvo más de un millón de votos. Es cierto que las circunstancias a finales de año serán diferentes y lo de que volverá a Barcelona para ser president igual ya no cuela otra vez. Pero en esas fechas primará el enfado entre la masa independentista por la sentencia, inevitablemente con condenas de cárcel, y que cualquier argumento estrambótico servirá. En ERC solo con pensar en ese escenario ya están aterrorizados.