El acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos (UP) y EH Bildu firmado la tarde del miércoles, pero anunciado con nocturnidad ese mismo día, mediante el que los tres partidos se comprometían a derogar íntegramente la reforma laboral de Mariano Rajoy, es la mayor chapuza cometida por el Gobierno desde que tomó posesión y pone en serio peligro su credibilidad y las alianzas que debe mantener para sacar adelante su política cuando sufre de una debilidad parlamentaria creciente.

El acuerdo, firmado sin el conocimiento de la mayoría de los ministros, ni siquiera de los implicados en la reforma –Economía y Trabajo sobre todo--, ha causado malestar entre los barones y otros dirigentes del PSOE; ha propiciado el portazo de la patronal en la mesa del diálogo social; ha molestado a los sindicatos porque, aunque están a favor de la reforma integral, se ha hecho a sus espaldas; ha causado estupor en Bruselas; ha irritado al PNV porque se favorece a Bildu, competidor suyo en las próximas elecciones vascas; ha debilitado a ERC frente a Junts per Catalunya, que se reafirma en que el PSOE no es de fiar, y ha reafirmado en sus razones para el alejamiento a antiguos aliados como Compromís.

Curiosamente, las reacciones menos furiosas han procedido de las derechas, quizá porque aún no han acabado de reírse del ridículo gubernamental. Ciudadanos no ha roto su compromiso de seguir negociando otras posibles prórrogas del estado de alarma, y el PP, como no podía ser menos, ha cargado contra el Gobierno, pero con menos intensidad de la empleada, por ejemplo, en los duros discursos de Pablo Casado en los dos últimos plenos sobre las prórrogas del estado de alarma.

El acuerdo es una chapuza se mire por donde se mire. En el acuerdo de gobierno PSOE-UP se hablaba de derogación de la reforma laboral, sin más, lo que estaba sujeto a interpretaciones sobre si era total o de “los aspectos más lesivos” porque Pedro Sánchez ha dicho las dos cosas, y a veces las dos al mismo tiempo, cuando se abordaba una cuestión tan sensible. En el acuerdo del miércoles, sin embargo, se decía que la derogación era íntegra y además debía hacerse “antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral” debido a la pandemia.

En el acuerdo se aprovechaba además para introducir medidas como la de suavizar la regla de gasto y ampliar la capacidad de endeudamiento de Euskadi y Navarra para financiar políticas dirigidas a paliar los “efectos sociales” causados por la pandemia, y para abrir la mano en el gasto de los ayuntamientos, algo que la Federación de Municipios y Provincias ha pedido desde hace tiempo y que Hacienda aún está estudiando.

Pero ni siquiera es necesario acudir a los textos para ver la dimensión del disparate. Se firma un acuerdo con un partido, Bildu, cuya abstención -- cinco votos-- no es necesaria para aprobar la prórroga. Y aunque lo fuera, ¿cómo puede ofrecerse a cambio algo tan importante como la reforma laboral, que debe ser acordada en la mesa del diálogo social, con participación del Gobierno, la patronal y los sindicatos? Se ha querido despistar diciendo que la negociación con Bildu cubría una eventual marcha atrás de Ciudadanos en su voto afirmativo, pero eso es falso porque el acuerdo con el partido de Inés Arrimadas estaba asegurado desde el día anterior.

También se ha querido descargar toda la culpa en la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que tiene bastante responsabilidad en el fiasco, y más si, como dice, firmó sin conocer la redacción final, pero es evidente que Sánchez conocía el acuerdo porque él mismo dio las gracias en el pleno a Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, por su abstención, antes de que ella la hubiera anunciado. Y al oír el agradecimiento del presidente del Gobierno, Aizpurua dedujo, y así lo dijo, que el PSOE había aceptado el pacto sobre la derogación íntegra de la reforma laboral.

Estos intentos de justificar el acuerdo para salvar la prórroga y de exculpar al presidente son patéticos. Como lo es la insistencia el viernes de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la unidad del Gobierno, tras ver a la ministra de Economía, Nadia Calviño, subirse por las paredes hasta lograr la rectificación del pacto, o a Pablo Iglesias reafirmarse al día siguiente en que lo pactado, pactado estaba, y así se iba a cumplir. Un Iglesias, por cierto, que acaba de ser reelegido a la búlgara (92%) al frente de Podemos, aunque con una participación de “inscritos e inscritas” un tercio menor (sólo un 11%) que en la anterior asamblea.

Como ya había hecho antes Rafael Simancas, Montero también responsabilizó al PP y a ERC de ese pacto porque el anuncio de su voto negativo habría obligado al Gobierno a buscar otros aliados para salvar la quinta prórroga. Explicación también patética y falaz porque viene a decir que si el PP o ERC hubieran votado a favor o se hubiesen abstenido, no habría habido pacto con Bildu. ¿Significa eso, entonces, que la derogación integral de la reforma laboral no iba en serio? ¿Que era solo una maniobra a la desesperada con la que se firmaba algo que no se pensaba cumplir? Todo tiene un aire de tacticismo, de política de bajos vuelos, de salir del paso como sea, en medio de la crisis más grave que padece España en un siglo.