El número de quiebras alcanza cotas nunca vistas

Gonzalo Baratech
7 min

Las quiebras están experimentando una ascensión exponencial en los últimos meses. El fenómeno afecta tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas. Es una más de las secuelas derivadas del fatídico coronavirus. De poco ha servido, para frenar el alud de fallidos, la moratoria que el gobierno de Pedro Sánchez instauró en marzo del año pasado.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha dispensado un amplio tratamiento a estos asuntos de rabiosa actualidad. En efecto, el miércoles y jueves se celebró en la sede de la corporación el primer Congreso europeo sobre la insolvencia personal.

Durante las dos jornadas se analizaron los procedimientos concursales, sus causas, sus consecuencias y las soluciones que se pueden arbitrar, así como las distintas legislaciones que sobre la materia rigen en Europa y América. Tres mil profesionales siguieron el desarrollo del cónclave mediante un canal digital.

Participó un amplio grupo de expertos de la especialidad, desde magistrados del Tribunal Supremo, de las Audiencias Provinciales, jueces mercantiles y decanos de los colegios de abogados, hasta catedráticos, juristas, censores de cuentas y líderes de patronales.

También concurrieron ponentes del mundo académico, de la abogacía y de la judicatura de diversos países de la UE y de EEUU. El Congreso lo inauguró Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, y lo clausuró Lourdes Ciuró, consejera de Justicia de la Generalitat.

La cuestión estelar fue la llamada ley de la segunda oportunidad. Se trata de un mecanismo puesto en marcha hace seis años. Permite a los particulares y los autónomos conseguir la exoneración completa de sus deudas.

Para ello han de instar un acuerdo extrajudicial de pagos. Si este no prospera, a continuación se solicita el concurso de acreedores y, a su conclusión, se pide el perdón del pasivo.

Semejante instrumento es un gran desconocido entre el pueblo llano. Brinda decisivas ventajas para quienes, debido a las siniestras circunstancias económicas, se ven atrapados por una masa de deudas de imposible devolución.

Antes de entrar en vigor, esos ciudadanos quedaban endeudados de por vida y se convertían en una especie de parias sociales. Los bancos les reclamaban los créditos hasta el final de sus días, e incluso después de sepultados.

La segunda oportunidad abarca la plena condonación de los débitos, incluidos los de Hacienda y Seguridad Social. Así facilita las condiciones para iniciar una nueva etapa vital, sin tener que arrastrar lastres insalvables del pasado. Por desgracia, ahora se está tramitando un nuevo texto legal que pretende evitar la exención de las deudas de ambos organismos.

Los grandes enemigos del flamante remedio son las beneméritas y caritativas entidades financieras. Se ha abierto un portillo para que los emprendedores y autónomos se liberen de sus dogales. Y esta vía de escape vulnera, claro está, los intereses de los bancos, consumados especialistas en perseguir a sus deudores hasta la misma tumba.

Paralelamente, el Colegio de la Abogacía de Barcelona tiene instituido un Observatorio de la insolvencia personal. Su objetivo es proporcionar salidas a la sociedad española para las situaciones de apuro.

La iniciativa ha sido impulsada por la decana María Eugenia Gay, amén de Jesús Sánchez, Martí Batllori, Jaime Campá, Elisa Escolá, Octavio Gracia, Yvonne Pavía, Borja Prado y Miguel Ángel Salazar. Pretende contar con la colaboración y opinión de entidades y profesionales para promover acciones encaminadas a perfeccionar el sistema de la segunda oportunidad.

El Observatorio desplegó en los juzgados mercantiles un inmenso trabajo de recogida y análisis de datos. Ahora lo ha plasmado en un informe cuyas conclusiones hielan los ánimos más intrépidos. Revela que en 2020 se desencadenaron en España 13.700 concursos de acreedores, de los cuales 8.500 afectaron a personas físicas. Y que solo en el primer semestre de 2021 ya han estallado otros 10.200.

Ello ocurre pese a que Pedro Sánchez, a fin de evitar una cascada caudalosa de infortunios, decretó en marzo de 2020 que las compañías y particulares insolventes pudiesen aplazar sus pagos. La moratoria rige hasta el 31 de diciembre, si bien ya se comenta en medios políticos que Sánchez planea extenderla hasta marzo.

La misma reforma determinó que, al día de hoy, no sea prácticamente factible instar y tramitar concursos de acreedores de carácter necesario, aunque el afectado sea un moroso recalcitrante que incumple de forma pertinaz sus obligaciones ordinarias. 

Tengo para mí que las modificaciones practicadas por el régimen sanchista no son sino un mero parche destinado con descaro a maquillar la cruda realidad, que por cierto pinta peor cada día que pasa.

De hecho, por muchos remiendos que se introduzcan, las situaciones de quiebra rampante no amainan. En estos momentos, pululan por doquier decenas de millares de sociedades “zombis”, es decir, unos muertos vivientes descapitalizados hasta la médula y arruinados.

Su única escapatoria estribaría en acudir a la suspensión de pagos judicial y la liquidación. No lo han hecho gracias a los cambalaches legislativos perpetrados por el Gobierno. De ahí que esas sociedades “muertas” sigan tan campantes, en una especie de limbo, a la espera de que sus administradores formalicen el sepelio.

A juzgar por las cifras que el Observatorio ha divulgado, las suspensiones de pagos en España rondarán el presente año el número de 20.000, de ellas 13.000 de personas físicas. Nuestro país va a batir, así, todos sus récords históricos en materia de percances.

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¿Quién es... Gonzalo Baratech?
Gonzalo Baratech

Baratech forma parte de una estirpe periodística catalana de larga tradición. Licenciado en Administración de Empresas por la European University y máster en Social Media Branding & Digital Strategy por La Salle-Universidad Ramón Llull, es coautor del libro Mas-Colell, el ‘minessoto’ que fracasó en política, de reciente publicación. Ha colaborado en Economía Digital y con anterioridad en La Vanguardia Digital y el diario Avui.