El juicio contra Laura Borràs se inicia hoy en el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) con las cuestiones previas. La expresidenta del Parlament, cargo del que fue suspendida ya por este caso, se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental al haber fraccionado “indebidamente” contratos adjudicados a un amigo cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017.

Desde que fue implicada en el caso, Borràs ha intentado todas las maniobras para librarse de las acusaciones. Primero, acusó a la juez instructora por haber traspasado el caso de los Mossos d’Esquadra a la Guardia Civil para perseguirla mejor, cuando la realidad era que la decisión de la magistrada obedecía a acabar con las filtraciones a los medios de comunicación que se habían producido. Por supuesto, reprochó a la Guardia Civil investigarla por ser quien era.

Después, durante todo el proceso, sostuvo que todo era una “persecución política”, un caso más de lawfare contra el movimiento independentista. Sin embargo, a medida que iba perdiendo apoyos entre el independentismo, decidió, junto a su abogado, Gonzalo Boye, el mismo de Carles Puigdemont, contratar a un perito, el antiguo miembro de Fuerza Nueva Luis Enrique Hellín, condenado por el secuestro, torturas y asesinato de la estudiante Yolanda González en 1980, para tratar de anular las pruebas. Era una nueva estrategia de la defensa, pero no por ello Borràs abandonó la cantinela del victimismo político.

Hellín será el encargado de intentar demostrar que el material informático que incrimina a Borràs no tiene validez jurídica. La todavía presidenta de Junts per Catalunya (JxCat) está acusada de fraccionar, por un importe no superior a 18.000 euros, 18 contratos por trabajos informáticos por valor de 335.700 euros para no tener que licitarlos y poder adjudicarlos a su amigo Isaías Herrero, que había sido condenado en 2019 a cinco años de cárcel por tráfico de drogas, pena que fue suspendida por la confesión del procesado. El caso de los contratos fue descubierto mientras se investigaba el tráfico de drogas al intervenirse conversaciones y correos electrónicos entre Herrero y Borràs. En ellos queda claro cómo la presidenta de JxCat daba instrucciones a su amigo sobre la forma de hacer los contratos.

En los días previos al juicio, Borràs ha ido perdiendo apoyos en el movimiento independentista. Ni ERC ni la CUP la acompañarán en el desfile ante el TSJC; la presidenta de la ANC tampoco irá, aunque enviará a su segundo, ni Òmnium, y los que sí estarán serán los dirigentes de JxCat y militantes del independentismo más irredento, aunque una parte del partido es reticente a respaldar la tesis de Borràs de que sufre “persecución política”. La mayor incógnita es si estará el candidato a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, muy alejado de la línea política de Borràs y de las acciones que puedan asustar al electorado moderado que corteja. Tampoco habrá representación oficial ni del Govern ni del Parlament.  

Por si fuera poco, Herrero, para quien la fiscalía pide también seis años de prisión, ha pactado una rebaja de la condena a cambio de responsabilizar a la expresidenta de la ILC de toda la operación de los contratos fraccionados, alegando que él siempre siguió las instrucciones de Borràs. Si se confirma este pacto con la fiscalía en la vista oral, Herrero será el segundo procesado que inculpa a Borrás.

Toda la operación de la expresidenta del Parlament para convertir un presunto caso de corrupción en un juicio político se ha venido abajo. Paradójicamente, lo único de este caso que puede ser político son sus repercusiones. Si Borràs es condenada, será el fin de su carrera política y un golpe muy duro contra los irreductibles de JxCat que siguen apoyándola. La condena influiría decisivamente en la pugna entre los dos sectores de Junts, el pragmático, agrupado ahora en torno a Trias, que saldría reforzado, y el radical, que encabeza Borràs bajo la protección de Puigdemont y la camarilla de Waterloo.