En un nuevo giro de guión para aprobar los Presupuestos, parece que ahora se impone la línea dura de Pablo Iglesias de optar por hacerlo solo con la mayoría parlamentaria de la investidura, recuperando el apoyo de ERC a cambio de una reforma exprés del delito de sedición que rebajaría las penas a los políticos independentistas condenados. El objetivo del vicepresidente segundo es evitar a toda costa que las cuentas públicas sean apoyadas por Ciudadanos, posibilidad que ha calificado este sábado pasado de “absurda”, para poder marcar así paquete ideológico y dividir el Congreso en dos bloques, el progresista y el de la derecha y la extrema derecha. Habrá que esperar a ver qué pasa porque no es la primera vez que Iglesias tiene que tragarse sus palabras, ya que tanto Pedro Sánchez como Inés Arrimadas tienen un interés mutuo en alcanzar un acuerdo, el primero para seguir jugando con una geometría variable de apoyos, como ya hizo con los sucesivos estados de alarma, y la segunda para demostrar que hace política útil y seguir remontando en las encuestas. Ahora bien, la reforma del Código Penal que se da ya por hecha en algunos medios como contrapartida a ERC es inquietante por torticera y puede dejar a la democracia española aún más indefensa frente al secesionismo.

Si el Gobierno considera que las penas de los líderes del procés fueron demasiado elevadas, o que la sentencia fue injusta, o que la excarcelación de los políticos independentistas significaría un bien social superior, lo que debe hacer es indultarlos. Así de sencillo. Puede hacerlo y de hecho tiene encima de la mesa algunas peticiones formales, concretamente en beneficio de Dolors Bassa y Carme Forcadell, quienes a diferencia de los otros presos han abandonado la actividad política y mantienen un perfil público mucho más discreto, sin llamativas declaraciones ni amenazas de “volverlo a hacer”. La expresidenta del Parlament fue la primera en reconocer que se equivocaron y quien de manera más sincera ha expresado que les faltó empatía con los no independentistas. Por su parte, la exconsejera de Trabajo ha dicho que no quiere ser mártir de ninguna causa y que aceptaría el indulto, desmarcándose de la línea dura de Jordi Sànchez cuando hace unas semanas la Lliga Democràtica anunció que iba a solicitar la excarcelación de todos los presos, lo que generó un debate entre las filas del independentismo y del constitucionalismo.

Insisto, si el Gobierno está convencido de la conveniencia de que los presos estén en libertad, lo que toca políticamente es indultarlos, explicar las razones y asumir los costes de esa decisión. Además, el indulto puede ser solo parcial, es decir, para remitir la pena de cárcel, por ejemplo, y dejar intacta la inhabilitación para el desempeño de un cargo público. El indulto es también individual, con lo que se puede modular en función de la especificidad de cada caso. Se podrá estar o no de acuerdo con esa decisión, pero es potestad del Gobierno. Lo que me parece enormemente perniciosa es una reforma del Código Penal, que es aplicable a todos los ciudadanos, no para mejorar el trato frente a conductas reprochables que causan un daño social o al Estado, sino por conveniencia parlamentaria, cortoplacista. Seamos claros, para beneficiar a Oriol Junqueras. Para ello el Gobierno tiene la vía del indulto. El respeto por el Estado de derecho no es compatible con modificar el Código Penal de forma caprichosa, pues entonces se está creando una ley particular. Y este es un mal camino que erosiona la calidad democrática de las instituciones.

Eso no significa que no pueda abrirse un debate sobre cómo mejorar el Código Penal tras lo sucedido en Cataluña en 2017. En la sentencia del procés quedó claro la insuficiente tipificación de esos delitos y al final el tribunal tuvo que condenar por sedición porque la violencia producida no tenía suficiente entidad para alcanzar el tipo delictivo de la rebelión aunque la finalidad del referéndum ilegal no era atentar contra el orden público o desobedecer una ley concreta, sino subvertir el orden constitucional y declarar la independencia. De hecho, en mayo de 2018, semanas antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez lo tenía muy claro cuando en RTVE declaró que el PSOE “está trabajando en una modificación del Código Penal para adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI y, más concretamente, a los hechos de estos últimos meses en Cataluña, donde se ha pretendido romper la unidad territorial saltándose la ley. Tenemos que aprender de la experiencia vivida y que la Constitución es un bien jurídico que debe ser defendido», agregó.  

En la página web del PSOE todavía se puede leer como resumen de esas declaraciones que “ahora estamos ante un hecho completamente distinto, inimaginable hace años y es que responsables políticos al frente de instituciones públicas se están valiendo de esa posición para, de manera subrepticia, conculcar el orden constitucional”. Más claro, el agua. El líder socialista estaba señalando la necesidad de una reforma para reintroducir la rebelión impropia, es decir, el delito de rebelión sin violencia, que estuvo en vigor en España hasta 1995 y que figura en otros códigos penales europeos como el alemán (alta traición). Eso sí sería adecuar nuestra legislación al marco europeo en lugar de seguir desarmando al Estado y debilitando a nuestra democracia frente al separatismo. Insisto, indúltese a quien se quiera, asumiendo las consecuencias de una decisión que solo puede tomarla el Gobierno, en lugar de utilizar el Congreso para dejar en papel mojado las decisiones del poder judicial. Lo que no es bueno para el Estado de derecho, es malo para la democracia.