Gallina Blanca, la de los huevos de oro

La compañía de productos alimenticios The GB Foods, sucesora de la legendaria Gallina Blanca, navega con las velas desplegadas. Sus magnitudes económicas revelan una fortaleza extraordinaria y una impresionante penetración tentacular por medio mundo. El cuartel general se ubica en la plaza Europa, de Hospitalet de Llobregat.

Se trata de una de las mayores corporaciones catalanas de capital familiar que, tres generaciones después de constituirse, siguen en manos del mismo linaje.

A raíz del procés, sus miembros hicieron oídos sordos a la tentación de largarse de Cataluña para buscar refugio en meridianos menos inhóspitos. En consecuencia, acordaron mantener la sede social de la casa en Barcelona. El motivo es bien sencillo. Los Carulla siempre albergaron veleidades afines al secesionismo. De hecho, desde tiempo inmemorial dedican copiosos fondos anuales a financiar diversos organismos beligerantes en pro de la independencia.

Dos años atrás, acaeció el relevo del presidente de la sociedad de cabecera. Artur Carulla Font cedió la batuta de mando a su hijo Artur Carulla Mas. Con el traspaso de poderes se completó el retiro a un segundo plano de la anterior hornada, compuesta por Lluís, Artur, Aurelia, Montserrat, Mariona y Jordi Carulla Font. Ese sexteto se dedica ahora al plácido y confortable papel de rentista.

The GB Foods encierra unos guarismos muy relevantes. En 2021 todavía sufrió algunos coletazos del coronavirus, si bien mucho más débiles que los del pandémico 2020. En líneas generales, las fábricas trabajaron a todo trapo y el negocio sostuvo un tono alcista, con resultados ubérrimos.

El giro consolidado subió de 1.270 a 1.293 millones, la cifra más alta de la entidad en toda su historia. El flujo de caja arrojó la espectacular suma de 180 millones.

El beneficio neto también fue exuberante. Escaló de 112 a 134 millones. En 2021 la estirpe propietaria acordó no distribuir dividendos y destinó todo el excedente a fortalecer el balance. En cambio, hace dos años había repartido 18 millones.

Otras rúbricas descollantes del conglomerado son el volumen de los activos, que alcanza 2.500 millones; y los fondos propios, que suman 1.275 millones. La deuda bancaria está fijada en 630 millones.

The GB Foods dispone de una veintena de factorías. En ellas elabora un vasto repertorio de pastillas concentradas, caldo líquido, salsas, mayonesas, gazpachos, sopas, cremas, fideos, arroces, tés e infusiones. Sus ramificaciones se extienden por casi 40 países de Europa, África y Asia.

La empresa fue objeto de inspecciones de Hacienda durante los últimos años. La más reciente ocurrió en 2021. La Agencia Tributaria revisó el IVA, el impuesto de sociedades y las retenciones. Los expedientes se saldaron con abultadas propuestas de liquidación, contra las cuales la compañía ha elevado recurso.

Hace un par de lustros, el fisco descubrió que los seis Carulla Font habían escaqueado impuestos a destajo. Se sirvieron para ello de una batería de firmas tapaderas sitas en las Antillas Holandesas, Uruguay, Costa Rica y otros paraísos fiscales.

La justicia imputó a la hermandad. El asunto se zanjó en 2014 con una “módica” sanción de 6,4 millones, gracias a un pacto con la fiscalía y la abogacía del Estado. En el plano penal, Lluís Carulla, el “hereu”, cargó con el muerto y se declaró único artífice de todos los chanchullos. Fue condenado por delitos fiscales, pero no llegó a pisar la cárcel.

Es sabido que cuando los lances de este estilo y calibre afectan a personajes opulentos, la sangre no suele llegar al río, es decir, a la prisión. A este respecto son de recordar otras peripecias similares. Un quinquenio atrás, el magnate Juan José Hidalgo, dueño de las renqueantes Globalia y Air Europa, se salvó por los pelos de sentarse en el banquillo. Se le acusaba de un gatuperio mayúsculo perpetrado con las subvenciones a los billetes de avión que adquieren los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El asunto pintaba muy mal. Hidalgo lo arregló con un resarcimiento de 25 millones, y santas pascuas.

Otra figura que se libró de la trena es el abogado barcelonés Emilio Cuatrecasas. Mientras presidía el conocido bufete que todavía lleva su apellido, seguía el hábito de camuflar como dispendios empresariales sus gastos particulares y familiares de vivienda, mobiliario, coches, yates de recreo, viajes de placer e incluso los salarios del servicio doméstico.

La fiscalía le inculpó de ocho delitos contra el Erario y reclamó duras penas carcelarias. Pero Cuatrecasas consiguió pactar. Apoquinó 5,6 millones y le rebajaron el castigo a dos años. Al carecer de antecedentes, no hubo de ingresar en la penitenciaría.

Otro caso digno de nota lo protagonizó Manuel Torreblanca, esposo de la acaudalada Liliana Godia. Pese a llevar un tren de vida propio de un jeque, Torreblanca practicaba una insólita costumbre: jamás presentó declaración del IRPF. Tras ser descubierto, asumió la culpa. Abonó 5 milloncejos de nada y le propinaron dos años a la sombra, pero como es habitual en episodios análogos, eludió la celda con barrotes.

Francisco de Quevedo dejó escrita hace cuatro siglos una célebre sentencia que sigue plenamente vigente en la España del siglo XXI: “Poderoso caballero es don dinero”. O como decimos por estos andurriales vernáculos, “pagant, Sant Pere canta”.