El cártel de las carreteras, otro timo a los españoles

Gonzalo Baratech
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La cuesta de septiembre de este año es más pronunciada que nunca. La pandemia sigue coleando, aunque las vacunas administradas al grueso de la población ya han embridado el virus. Pero otros muchos factores continúan perturbando la economía. Quizás el de mayor bulto es el endeudamiento nacional, que sube como la espuma. Durante el coronavirus, el Gobierno de Pedro Sánchez ha continuado gastando sin tasa un dinero que no tiene en caja. El corolario es un aumento exponencial de la deuda, cifrado en 170.000 millones, que catapulta los pasivos de España hasta rondar 1,4 billones.

Por su parte, el precio de la electricidad escala cotas nunca vistas. Ello se traduce en un alza demoledora del recibo, que afecta a los consumidores, ya sean pobres o ricos. Además, las empresas ven lastrada su competitividad frente a sus contrincantes foráneas y sufren un galopante encarecimiento del precio de las materias primas y del transporte internacional de las mercaderías, debido a la insaciable demanda de China.

Mientras todo ello ocurre, en pleno mes de agosto afloraron unos chuscos episodios mercantiles propios del puerto de arrebatacapas en que se ha convertido nuestro país. Me refiero a la confabulación de una docena de constructoras para esquilmar al pueblo soberano, mediante la creación de un cártel en el negocio del mantenimiento de las carreteras.

La Comisión de la Competencia (CNMC) descubrió la conjura de las hormigoneras y les ha propinado una rociada de multas que suman 61 millones. Las más conocidas son filiales directas de AccionaACSElecnorFCCFerrovial, OHL Sacyr. Se da la circunstancia de que estas últimas, todas ellas madrileñas, cotizan en la bolsa y poseen en conjunto cientos de millares de accionistas minoritarios.

La CNMC ha dado en concluir que la conspiración funcionó entre 2014 y 2018 y se dedicó a alterar bajo cuerda las licitaciones que convocaba el Ministerio de Fomento para la conservación de su red viaria. Los cómplices amañaron nada menos que 71 concursos por valor de 530 millones de euros. Esta cantidad equivale a dos tercios de todos los fondos que el Gobierno dedica al cuidado de las infraestructuras de tráfico rodado. Los principales correctivos han recaído sobre Grupo ACS con casi 12 millones, FCC 8,5 millones, Ferrovial 5,7 millones y Sacyr, con 5 millones.

El contubernio se destapó porque uno de los participantes, la sociedad Aceinsa, también madrileña, dio el soplo a Competencia, confesó el fraude e imploró clemencia. Gracias al chivatazo se libra de los 3,2 millones de multa que le habían caído.

Los directivos de las entidades tenían por costumbre reunirse de forma periódica para fijar las bases del apaño. Tras cotejar sus respectivas ofertas económicas, establecían una serie de criterios comunes que todos debían cumplir. Asimismo, urdieron un curioso plan basado en una “bolsa de puntos”. Si la propuesta cursada era excesivamente baja, se le asignaba una penalización y perdía puntos. Así, se restringían las ofertas de derribo.

La CNMC afirma que “el sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones y a presentar en las restantes unas peticiones con escasas o nulas posibilidades de éxito, por lo que se convertían en simples ofertas de cobertura".

Es de destacar que la CNMC, al margen de las puniciones, insta al Gobierno a que los cartelistas sean excluidos de próximas subastas públicas. Semejante solicitud es novedosa en asuntos de competencia. Sin duda servirá de aviso para posibles intrigantes. A partir de ahora, además del leñazo pecuniario, se exponen a quedar excluidos de las contratas oficiales.

Estos hechos revelan que en la meseta siguen vivos los mangoneos ilegales de los grandes contratistas celtibéricos. También ponen de manifiesto que los infractores perfeccionan sus maquinaciones de corte mafioso. Por fortuna, los ciudadanos cuentan con un escudo protector como el que brinda la Comisión de la Competencia y su poderosa herramienta sancionadora. Hay pocos remedios más eficaces que un expeditivo y riguroso castigo crematístico.

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¿Quién es... Gonzalo Baratech?
Gonzalo Baratech

Baratech forma parte de una estirpe periodística catalana de larga tradición. Licenciado en Administración de Empresas por la European University y máster en Social Media Branding & Digital Strategy por La Salle-Universidad Ramón Llull, es coautor del libro Mas-Colell, el ‘minessoto’ que fracasó en política, de reciente publicación. Ha colaborado en Economía Digital y con anterioridad en La Vanguardia Digital y el diario Avui.