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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona / EFE

Ada Colau

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Los dirigentes de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona --empezando por la alcaldesa, Ada Colau-- suelen alardear en público de su defensa y protección de un colectivo tan vulnerable como es la infancia. Sin embargo, sus palabras no siempre se corresponden con su obra de gobierno. Así ha ocurrido con una decisión tan descabellada y temeraria --si nadie rectifica y le pone remedio-- como es instalar un albergue para medio centenar de personas sin hogar adictas al alcohol y las drogas a apenas 10 metros de la escuela de infantil y primaria Mas Casanovas del barrio del Baix Guinardó.

Los evidentes riesgos que un equipamiento de tales características entraña para los cientos de niños y niñas de 3 a 12 años de este colegio ha causado la lógica indignación de vecinos y de los familiares de los alumnos, que temen que se repitan ante sus ojos conflictos de convivencia e higiene como los que este mismo centro ya ha causado en los alrededores de su actual ubicación provisional en el barrio de Les Corts.

Los padres y madres de la escuela --que además está considerada de alta complejidad-- acusan al consistorio encabezado por Ada Colau de haber intentado ocultar sus planes --que conocieron poco antes de las fiestas navideñas--, y le piden que rectifique, ubicando el albergue de toxicómanos en otro lugar que no suponga un riesgo para los menores, además de investigar el concurso de licitación a ABD (entidad que gestiona el centro y pone su ubicación). Dos peticiones de puro sentido común. El mismo que les ha faltado a los dirigentes y responsables que han impulsado o consentido tal despropósito.