El Supremo contra el TSJC y Puigdemont el tuitero

La guerra de la lengua. El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat alimenta la especie de que el catalán está a dos conversaciones de desaparecer del mapamundi de las lenguas como el arameo, el guanche y el copto. Un 40% de los ciudadanos de Cataluña así lo cree. Sin embargo, las autoridades autonómicas llevan más de cuarenta años promocionando esa lengua. De hacer caso a los sondeos, tanto esfuerzo, tanta norma, tanta regla y tanta promoción habrían resultado en extremo contraproducentes. Sobre todo cuando no se trata de fomentar el catalán, sino de impedir el uso de otra lengua cual es el caso del castellano o español.

En medio de ese interminable debate sobre el futuro de las lenguas, la escuela es el primer y más importante campo de batalla para el nacionalismo y el escenario de sus más elocuentes fracasos. Están logrando que el catalán sea un idioma antipático para los alumnos mientras el castellano se impone como lengua de la diversión y de los conocimientos no reglados. Y cuantas más medidas se arbitran en contra del español, más crece su uso como lengua contestataria.

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Hay novedades en la materia. El Tribunal Supremo ordena al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a revisar las directrices lingüísticas del curso 2022-23 dictadas por el ínclito Josep González Cambray, exconsejero de Educación de la Generalitat por la cuota de ERC que se caracterizó por su afán talibán, su porte inflexible y su radicalidad antiespañola. El personaje pasó a la historia, pero sus órdenes todavía son materia judicial.

En el Abc, Esther Armora y Daniel Tercero dan cuenta de los entresijos de una sentencia del Supremo que restaura una impugnación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en contra de las órdenes de Cambray. De su texto: "El Tribunal Supremo ha anulado la inadmisión del recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) contra las instrucciones de la Consejería de Educación de la Generalitat para el curso 2022-2023, cuando las escuelas y los institutos de la comunidad estaban bajo la dirección de Josep Gonzàlez-Cambray (ERC). El Alto Tribunal ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que resuelva sobre el fondo, que suponía un intento más por parte de la Generalitat de expulsar el español de las aulas. En una sentencia, sobre todo técnica, que no entra en el fondo de la cuestión lingüística recurrida por la AEB y consultada por ABC, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado los autos del TSJC que, en noviembre de 2022, inadmitieron el recurso de la entidad que defiende el bilingüismo en las escuelas de Cataluña y que consideraba que los documentos publicados en la web de la Consejería de Educación relativos a la organización y gestión de los centros escolares para el curso 2022-2023, que hacían referencia entre otros aspectos al tratamiento y uso de las lenguas en el sistema educativo, incumplían la legalidad".

Sigue la pieza: "Frente al criterio del TSJC, que tampoco concedió cautelares y entendió que los documentos no eran recurribles por carecer de naturaleza normativa y no innovar el marco jurídico, el Supremo ha señalado ahora que las previsiones que contienen los escritos de Educación «avanzan sobre la regulación legal del uso de las lenguas en la enseñanza y, por tanto, apuntan una virtualidad normativa que se impone a un amplio ámbito de sujetos, no limitado a la relación educativa en sentido estricto, sino más extenso». (...) En su sentencia, el Supremo ha recogido que la AEB y la Fiscalía destacaron que en los documentos impugnados había «ausencia de toda mención al castellano que es lengua oficial también en Cataluña», lo que el abogado de la Generalitat defendió que no debía de entenderse como exclusión. «No obstante, los términos de estos documentos, de los que el Ministerio Fiscal resalta su vocación de regir y de trascender, no parecen cohonestarse con la presencia junto a la lengua catalana de la castellana», han añadido los magistrados del Supremo. En esta línea, el Supremo ha recordado que para la Fiscalía entrañan «un ecosistema, un planteamiento totalizador que excede de las previsiones legales, precisamente por su voluntad de conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común en la que la lengua catalana sea un factor básico de integración social»".

Inasequibles al desaliento y siempre vigilantes, los partidarios de la erradicación del castellano de las escuelas primero y de toda Cataluña después denuncian ahora que el Govern pretende que en las aulas de acogida de alumnos inmigrantes no sólo se enseñe catalán sino también castellano. Es lo que cuenta Iva Anguera en El Independiente: "El Govern de Salvador Illa ha reforzado la dotación de las aulas de acogida para garantizar que los menores que llegan a Cataluña en edad escolar puedan "recibir el apoyo necesario para adquirir competencias lingüísticas en catalán y castellano". Lo ha hecho con una resolución, aprobada por el Govern el 5 de noviembre, en la que se amplía el personal destinado a esas aulas en 117 docentes. Pero la medida ha desatado la furia de Ustec, el sindicato mayoritario en la enseñanza catalana, por la mención al castellano. La simple mención del castellano supone un cambio respecto a la dinámica instaurada por los sucesivos gobiernos nacionalistas, que en los últimos 20 años han centrado la labor de esas aulas de acogida en la enseñanza del catalán. Y así se lo ha recordado ahora Ustec al Govern socialista, al que acusa de introducir de este modo, por la puerta de atrás, un Caballo de Troya contra la inmersión lingüística. Una denuncia que ya ha recogido la CUP, que este jueves anunciaba la petición de comparecencia de la consejera de Educación, Ester Niubó, para que de explicaciones al respecto".

Continúa la pieza: ""Nos parece una perversión total de las aulas de acogida, un menosprecio al sistema de inmersión lingüística y un intento de discriminació del alumnado extranjero" advierte el sindicato. La tesis de los profesores es que los menores inmigrantes "vengan de donde vengan, aprende y entra en contacto con el castellano sin necesidad de escolarizarse". Cosa que a su juicio "no pasa con el catalán". En un comunicado, en el que Ustec denuncia el contenido de este decreto del Govern, el sindicato concluye que introducir el castellano en las aulas de acogida "es una maniobra que esconde un intento de desplazar la lengua catalana como lengua vehicular y busca instaurar un bilingüismo que se resolverá a favor del castellano". (...) La denuncia de Ustec ha llevado al consejero de Política Lingüística, Xavier Vila, a asegurar que se trata de un "malentendido" que ha tratado deshacer en la red X. Con el acuerdo 238/2024, el Govern "responde a la necesidad de nuevo personal", argumenta, autorizando 117 nuevas dotaciones, 60 para secundaria y 57 para primaria. Y el hecho de que el Acuerdo recuerde que el flujo de alumnado es un reto importante para los colegios e institutos a la hora de "asegurar que adquiera competencias lingüísticas en catalán y castellano se refiere a los objetivos del sistema educativo", puntualiza".

Más noticias. "Malestar entre los socios por el trato preferencial de Sánchez a Junts: 'Están dopando a Puigdemont'", destaca El Mundo. En el sumario se añade que "Crece la tensión entre los socios del Gobierno por la fuerza negociadora de Junts en las votaciones críticas. 'Es un mal augurio para los Presupuestos', admiten". El texto es de Raúl Piña y dice así: "La dificultad del Gobierno para aprobar un nuevo paquete fiscal no sólo evidencia la fragilidad parlamentaria de La Moncloa, sino que está provocando grietas que amenazan los cimientos de la estabilidad de Pedro Sánchez. El Ejecutivo se vio ayer obligado a aplazar por segunda vez la Comisión de Hacienda del Congreso en la que se iba a votar un nuevo plan de impuestos, ante la guerra abierta entre sus socios. El acuerdo con Junts y PNV para mantener el impuesto a la banca pero retirar el de las energéticas a partir del 31 de diciembre soliviantó a ERC, Bildu, Podemos y BNG. Esas posiciones enfrentadas no sólo bloquean la reforma fiscal que Hacienda avalaba aprovechando la transposición de una directiva europea, sino que como consensuan sus socios de izquierda, "es un mal augurio" de cara a los Presupuestos. Entre los aliados del PSOE crece el malestar por el trato preferencial que se concede en cada negociación a Junts: "Están dopando a Puigdemont"".

Sigue la pieza: "Las últimas elecciones generales obligaron a La Moncloa a sumar a Junts como socio a su bloque de gobernabilidad, además con un papel protagonista. Los siete votos de la formación de Carles Puigdemont son vitales para Sánchez. Pero también los del PNV, ERC, Bildu o Podemos. Ello no sólo obliga al Ejecutivo a vivir en una "silla eléctrica" -como definen diputados socialistas- cada votación, sino que el paso del tiempo ha asentado un peligro del que llevan advirtiendo hace meses ministros: esta legislatura no hay una mayoría progresista en el Congreso. Y eso obliga a que la carga legislativa sea mucho mejor que años anteriores y a tener que contentar y hacer concesiones a más partidos que nunca".

Párrafos después Piña apunta que "la negativa de ERC, Bildu y Podemos de aceptar el pacto del Gobierno con PNV y Junts y exigir que se mantenga vivo también el impuesto a las energéticas lleva al Gobierno a aplazar la votación de esta transposición de Europa y del paquete fiscal. Dilata los tiempos para evitar o retrasar una importante derrota. Los socios de Sánchez trasladaron ayer a Hacienda que la única posibilidad que veían era desligar el paquete fiscal de la aprobación de la norma para gravar con un tipo mínimo global del 15% a multinacionales o grupos nacionales de gran magnitud. Hasta el PP se abrió a votar a favor de esta norma, pero únicamente si se eliminaba de la ecuación el paquete fiscal. (...) Hay mucho malestar por cómo gestiona el Gobierno las negociaciones y el trato preferencial que concede a Junts. Por ejemplo, ya ocurrió con la senda de estabilidad que Junts tumbó y el Gobierno, que no preveía cambiar, giró para decir que negociaría esas exigencias y que se cambiaría. Eso motivó que el resto de socios, sobre ERC, que vive en pugna permanente con Junts, reaccionara rápido: "Si el PSOE abre la negociación para uno, la abre para todos"".

La edición catalana de El País destaca que "Illa multiplica los gestos hacia ERC y comunes para avanzar en los presupuestos". El sumario amplía el foco: "El president se aviene a modificar la fiscalidad de juego para frenar el Hard Rock y encarrila el posible final de la Jefatura de Via Laietana". El texto es de Àngels Piñol: "El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se comprometió al principio de su mandato a cumplir con el objetivo de tener aprobados en tiempo y forma los presupuestos para que estuvieran en vigor el próximo 1 de enero de 2025. Esta semana, el president ya reconoció abiertamente en la sesión de control del Parlament de que no llegará a tiempo. Ante esa tesitura, Illa está multiplicando los gestos con sus socios de investidura, Esquerra y comunes, para disponer de la herramienta lo antes posible. Con el fin de allanar la negociación, el president se ha avenido a modificar ya al alza la fiscalidad del Hard Rock sin aguardar al debate presupuestario, se abre a la salida de la policía del edificio de Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana y está dispuesto a formar un frente común con todos los grupos para afrontar los riesgos de las zonas inundables".

Sigue la nota: "El pasado 8 de agosto, Illa fue investido con los votos de republicanos y comunes para alcanzar el umbral de la mayoría absoluta (68). Con un gobierno en minoría, sustentado en 42 diputados, necesita de forma imperiosa los votos de sus dos aliados. Tras los minuciosos y laboriosos acuerdos de investidura, nada hacía prever que el proyecto de las cuentas encallara a las primeras de cambio, especialmente después de que socialistas y republicanos ya pactaran, aunque sin éxito, las de 2024. El Govern asocia el frenazo a los procesos congresuales de sus dos socios, enfrascados en el relevo de sus cúpulas. No lo ven precisamente así los afectados, que sostienen que no es cierto que ese calendario interno esté alterando radicalmente la negociación. ERC dice, por otra parte, que es inexistente".

Unas líneas más tarde, Piñol subraya que "posiblemente, el gesto más llamativo del Govern es su nueva posición sobre la comisaría de la Vía Laietana tras apostar sus dos socios de izquierda por reconvertirla en un centro de memoria por las torturas que se cometieron en su interior durante la dictadura franquista. El PSC no se había mostrado a favor del traslado de los agentes, pero este miércoles trascendió que el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, ha escrito una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresando su voluntad de que el edificio se convierta en un centro de memoria y a favor de que la Policía disponga en Barcelona “de una sede moderna, más funcional y operativa”. La reconversión no figuraba en los pactos de investidura, pero el PSC ya votó a favor, en el debate de política general, de dos resoluciones de sus socios en favor de la desaparición de Jefatura. “No depende solo de nosotros; sino, ya no estaríamos hablando de esto”, respondió Espadaler al diputado de los comunes, Andrés García Berrio".

Destaca también en la agenda informativa que "Podemos se retira de la acusación en el caso Pujol", tal como titula El Món. La información es de Quico Sallés y arranca así: "Sorpresa. La formación política Podemos, especialmente beligerante con el pujolismo y la herencia postconvergente, ha decidido apartarse como acusación popular del caso Pujol. En un escrito registrado en la sala penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Món, el abogado de la formación, Jaime Montero, ha anunciado que desiste de la acción penal y se aparta del caso dejando todo el peso de la acusación al ministerio fiscal. (...) En el escrito, de una sola página, el abogado se vanagloria de su trabajo como acusación durante la instrucción. «Esta acusación popular ha impulsado desde su mismo inicio la investigación de graves conductas delictivas, lo que ha servido para depurar y aclarar hechos muy relevantes que serán objeto de enjuiciamiento a partir del mes de noviembre de 2025 en este procedimiento», razona en el escrito".

Debate sobre el sesgo de la red social X. El adiós de La Vanguardia a la plataforma de Elon Musk suscita una cierta polémica. Uno de los más destacados tuiteros patrios, Carles Puigdemont, está en contra de abandonar la red, según explica Berto Sagrera en El Nacional: "En un largo mensaje de este jueves, el president en el exilio y líder de Junts ha sostenido la necesidad de permanecer en la plataforma: "Las redes sociales no las hacen solo los algoritmos ni sus dueños; también las hacen los usuarios". "Si las abandonáis los que podéis hablar con juicio (...) los usuarios quedarán huérfanos de estos contenidos y el espacio lo ocupará otro", ha añadido".

Y: "Más allá de este alegato general, Puigdemont también ha criticado que el Institut Ramon Llull deje X. "Si queréis perjudicar a Elon Musk, no se lo hagáis pagar a la lengua catalana, por favor", ha pedido. En la línea del The Guardian, el Institut Ramon Llull ha anunciado este jueves que ha decidido dejar de utilizar la red social. "Consideramos que la manipulación y desinformación en esta plataforma es incompatible con nuestros valores y con la defensa de una sociedad democrática", han argumentado desde la entidad, para añadir que seguirán compartiendo sus actividades y novedades en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube".

15 de noviembre, santoral: Alberto Magno, Eugenio de Toledo, Desiderio de Cahors, Fidenciano y compañeros, Fintano de Rheinau, Gurias de Edesa, José Mkasa Balikuddembé, Leopoldo el piadoso, Maclovio de Alet, Rafael de San José Kalinowski, Samonas de Edesa y Sidonio de Rouen.