Los hombres de Madí pagaron a un detective para espiar a sus sanitarios

Los hombres de David Madí en Ambulancias Egara contrataron a un detective privado para espiar a su personal sanitario. La empresa en el epicentro del escándalo en el transporte sanitario catalán también contrató a un vigilante para impedir que su socio en unión temporal de empresas (UTE) accediera a la sede de la misma. Tras ello, le pasó la factura para que la pagaran ambos. 

Son dos de los gastos más polémicos de Egara en Aragón, la primera comunidad autónoma a la que se expandió la empresa tras tomarla al asalto hombres del empresario independentista. Ahora, la Audiencia Nacional investiga si esa irrupción en la empresa pudo ser delictiva y parte del caso 3% de financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). 

Espiaron a sus propios trabajadores

Mientras avanza la instrucción del caso, se conocen detalles del comportamiento de la empresa tras tomarla al menos dos hombres de Madí: el empresario Fermí Ferran, exdirector de seguridad de la multinacional de juego Cirsa, y Álex García-Cascón, exjefe de seguridad del FC Barcelona. Bajo su tutela, Ambulancias Egara ordenó espiar a tres trabajadores a los que había despedido. Para ello contrató a una firma de detectives. 

Una sanitaria de Transalud: Egara espió a tres de ellos / Cedida

¿Con qué fin? "Para demostrar que los despidos eran disciplinarios y no tener que indemnizar", explican fuentes policiales. Los seguimientos se encargaron al detective Pere Sallarés, del despacho Indaga O'Callaghan. Costaron 18.054,26 euros, según documentación consultada por Crónica Global. Los resultados de la investigación laboral se pasaron al despacho de abogados Galibier Legal para que tratara de impedir una reclamación laboral. El despacho barcelonés cargó facturas por valor de 55.196,97 euros. 

"Gastos sospechosos, pues se pactaron"

Globalmente, los seguimientos y defensa legal costaron 73.251,23 euros. Lo inexplicable, detallan las mismas fuentes, es que finalmente Ambulancias Egara acabó "pactando todos y cada uno de los tres despidos como improcedentes por un valor de 163.000 euros como indemnización más intereses y costas".

De este modo, el coste de la investigación privada a sus empleados se ve "irregular, pues o no se hizo o no sirvió de nada o tuvo otros fines no revelados que no fueron los laborales". Este medio ha preguntado al investigador al que encargaron el trabajo. Éste ha preferido no hacer comentarios por cuestiones de confidencialidad. 

Un vigilante contra su socio... y le pasa la factura

Sea como fuere, la polémica investigación a los tres sanitarios no es el único gasto del que se cuestiona el objetivo, método y si realmente existió. Según la documentación consultada por este medio, Ambulancias Egara también contrató a un vigilante de seguridad de la firma Coviar para bloquear el paso de su socio en unión temporal de empresas (UTE) en Aragón: Ambulancias Maiz.

El guardia tenía como cometido impedir que los directivos de Maiz entraran en la sede del polígono industrial El Portazgo de Zaragoza pese a que era un edificio corporativo de ambos en la UTE conjunta Transalud. ¿A qué coste? Más de 5.000 euros al mes, que Egara, después, también trató de endosar a la cuenta de la UTE. Es decir: Ferran y García-Cascón vetaron a su socio en Aragón y encima le pasaron la factura. 

Facturas 'hinchadas' o anómalas: hay precedentes

Los dos ejemplos de facturas polémicas o anómalas corresponden íntegramente a Egara y no a la UTE. Este medio ha preguntado a Maiz si avaló los pagos tras ser arrinconada en el comité de dirección de la unión empresarial. De forma escueta, la empresa vasca ha contestado que "prefiere no realizar ningun comentario si bien aclara que su participacion en Transalud como es público y notorio viene siendo nula por motivos ajenos a la empresa". Por ello, "desconoce los detalles sobre los que se le consulta". 

Un mosso de paisano ante la sede de la asesoría RCM, en Barcelona / SARA CID - CG

Y hay más precedentes, porque como explicó este medio, Ambulancias Egara ya cargó facturas irregulares a la UTE anterior que formó con Ambulancias Lafuente en Cataluña. Lo hizo durante meses, hasta que Lafuente no aguantó debido a su débil tesorería y acabó hundida en concurso de acreedores. Egara se quedó una parte de la firma, mientras que la otra se integró en Sagalés. ¿Qué facturas le cargó entonces a Lafuente? "Mantenimiento que no cuadraba con el uso de los vehículos", indican las mismas fuentes. 

Madí ayudó al asalto y ahora le investigan

Hay más. El uso interno del dinero en Ambulancias Egara en Aragón y Cataluña es importante por dos motivos. Uno, porque es contratista del Gobierno aragonés y la Generalitat de Cataluña. Y dos, porque ahora la Audiencia Nacional investiga si la empresa pudo ser un vehículo de financiación ilegal de CDC. Por ello, cada factura es importante, como prueba el hecho de que los registros de Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil contra Egara el 2 de marzo fueron muy largos en la auditoría de Barcelona RCM Auditores. Se cree que esa empresa pudo ser la lavadora de dinero de Egara con CDC.

Esas entradas han culminado con la citación como investigados de Madí, Ferran, García-Cascón y Óscar Simón, accionista familiar en Ambulancias Egara, en la Audiencia Nacional. Se sospecha que los cuatro pactaron la compra de la transportista antes del gran concurso de ambulancias de Cataluña en 2015. Hay indicios de que la macrolicitación de 2.000 millones de euros fue alterada por CDC, y que en ese marco, Egara pudo conseguir los tres lotes que retiene hasta hoy. En esta operación, se investiga si Madí ayudó a llegar a la Administración convergente por medios delictivos.