La investigación de Ambulancias Egara aplasta el negocio sanitario convergente

La operación policial contra Ambulancias Egara, avanzada por este medio, asestó ayer un duro y sorpresivo golpe al negocio convergente en la sanidad catalana. Mossos d'Esquadra y Guardia Civil registraron las sedes de la transportista en Terrassa, Lleida y Tarragona y la asesoría fiscal RCM de Barcelona buscando pruebas de que la trama del caso 3% pudo alterar el macroconcurso de transporte sanitario de 2015. A cambio, sospechan, hubo intento de lucro de algunos directivos y una operativa ilegal de presunta financiación irregular para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ahora Junts. 

Es lo que creen fuentes del sector sanitario conocedoras de los registros practicados ayer. Directivos de la industria de las ambulancias son claros: las entradas en Egara persiguen probar que una trama presuntamente criminal --y el 3%, supuestamente, lo sería, según cree Santiago Pedraz, titular del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que tutela la instrucción-- llegó a la industria de la mano del empresario independentista David Madí, compró la empresa y alteró un concurso público para que esta misma firma ganara. 

Dos reuniones en dos hoteles

Los mismos directivos ponen dos reuniones en dos hoteles como ejemplos de actuaciones que podrían ser indiciarias de los delitos. Como explicó este medio, el propio Madí supervisó la compra de Ambulancias Egara en un cónclave en el hotel Don Cándido de Terrassa (Barcelona) antes de que se celebrara el macroconcurso sanitario de 2015. Tras ese ágape privado, llegaron a Egara Fermí Ferran --accionista mayoritario-- y Álex García-Cascón --CEO--, dos exdirectivos del sector de la seguridad que habían pasado por la multinacional Cirsa y que eran de la máxima confianza de Madí. 

Josep Maria Argimon (fondo), David Madí y una ambulancia de Egara / CG

Ferran se quedó con el 60% de Egara, y la familia Simón, la histórica propietaria, con el 40%. En paralelo, se cree --y todo ello se tendrá que probar en sede judicial-- que altos cargos de CDC alteraron el macroconcurso de ambulancias de 2015 para que ganara, precisamente, la nueva Egara. Lo explica un directivo del sector: cargos del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) y representantes de CDC llegaron a convocar otra reunión en otro hotel de Barcelona para "repartir los lotes sobrantes" de la macroadjudicación de 1.000 millones de euros. Tres de ellos ya tenían dueño casi de antemano: Egara. 

Un negocio para los hombres de Madí...

Esta operativa presuntamente criminal tenía dos planos, agregan las mismas voces. El más evidente es que los hombres de Madí se habían hecho con una mayoría de acciones de Ambulancias Egara "poniendo cero euros". Pero tras el concurso, que podría haber manipulado CDC, trataron de vender la empresa sacando una prima millonaria. ¿Por cuánto? Desde un grupo de movilidad catalán confirman a este medio que les ofrecieron "entera" la empresa por un precio de entre 25 y 30 millones de euros después de la sospechosa licitación. 

Con ello, Ferran y García-Cascón, algo que se debe probar, podrían haber firmado un lucrativo negocio personal a costa de una empresa de transporte sanitario externalizada de la que apenas conocían nada y en la que "no habían puesto ni un euro", insisten las mismas fuentes. Las ambulancias no eran su sector, y su gestión posterior ha sido polémica. De hecho, la transportista acumula más de 400.000 euros en sanciones por incumplimiento contractual del Servicio Catalán de Salud (CatSalut). Lo admitieron ellos mismos en el Parlament. Fuera de Cataluña, acumula huelgas y conflictos. 

... y la presunta financiación irregular de CDC

Ello por un lado. Por el otro, la policía busca demostrar algo de lo que está convencida: de que Egara fue "un instrumento" --como describe un directivo de las ambulancias-- para financiar a CDC de forma ilegal. De hecho, y como avanzó El País en su momento, la empresa de Terrassa ya admitió haber donado dinero a la Fundació CatDem de Convergència en dos ocasiones. Lo que tratan de establecer los investigadores es si hubo otros pagos irregulares que jamás trascendieron. 

Sobre este punto, las diligencias judiciales se podrían centrar en diversos aspectos. Se pueden citar dos. El más evidente por la presencia policial es la asesoría RCM, en la que ayer entraron los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil a buscar documentación. Seguían a última hora de la noche: fue el registro más largo. Se cree que los agentes buscaban pruebas de que el despacho de la familia Castarlenas pudo actuar de posible lavadora de dinero entre Egara y CDC. El despacho, explican directivos del sector, ayudó a la transportista cuando, por ejemplo, la empresa devoró violentamente al socio con el que había acudido al macroconcurso de transporte sanitario catalán: Ambulancias Lafuente. "Castarlenas estaba presente en las reuniones en las que se hacía mobbing a Lafuente", denuncia un directivo bajo condición de anonimato. La pequeña empresa de Rubí acabó en concurso de acreedores. 

"Germà Gordó envió a representantes"

El otro aspecto que se deberá probar, y este es más difícil, es que la alteración del macroconcurso sanitario se vehiculó desde dentro de la Consejería de Salud. En aquel momento la regía CDC. Lo que es factual, porque lo explican dos asistentes a la reunión, es que el CatSalut negoció el reparto de lotes sobrantes con alguna empresas desde un hotel de Barcelona. A ese cónclave secreto acudieron "representantes de Germà Gordó", exdiputado, exgerente de CDC e investigado en el caso 3%, además de hombres de la máxima confianza de Josep Maria Padrosa, exdirector del CatSalut.

El exgerente de CDC Germà Gordó, uno de los principales investigados del 'caso 3%', en una imagen de archivo / EFE

Crónica Global contactó ayer con Padrosa, pero éste rehusó hacer declaraciones. También pidió a la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña si quería rebatir estas acusaciones, pero el departamento que ahora dirige Manel Balcells (ERC) rechazó hablar. Desde el sector implican directamente a Padrosa en el presunto "reparto" del concurso de 2015, algo que se deberá probar en sede judicial, como es natural. Lo que es factual es que hubiera o no ese reparto, fuera el concurso limpio o no, Salud conocía perfectamente la operación de Ambulancias Egara. Porque se lo explicó personalmente el fundador de Ambulancias Lafuente, Javier Lafuente, al número dos de Padrosa en aquel momento: Josep Maria Argimon, subdirector del CatSalut entonces y conseller de Salud después. Argimon hizo caso omiso de las alertas. 

¿Una sistemática criminal?

Negro sobre blanco, los investigadores deberán probar si la sanidad catalana fue infectada por la presunta sistemática criminal del caso 3%. Por lo pronto, ya figura en este macrosumario como pieza separada. Y tendrá el mismo fiscal: José Grinda, reponsable de la lucha contra los delitos económicos. Antes de que concluya la instrucción del caso, hay indicios que apuntan a que así fue. Porque, por ejemplo, los hombres de David Madí en Egara trataron de repetir la asfixia a Ambulancias Lafuente en Cataluña en Aragón, donde se han expandido. Allí han tratado de canibalizar a su socio, Ambulancias Maiz, con la ayuda de otro imputado por corrupción: Fernando Izagirre, exdirector de Emergencias del Gobierno vasco (PNV). No lo han logrado. Otro indicio es que la nueva Egara se apoyó en una firma salpicada por el 3%: la constructora leridana Benito Arnó, a cuyo CEO, Joan Albert Arqués, le piden ocho años por esa causa. 

Ayer, Ambulancias Egara emitió un comunicado en el que aseguró que no tenía relación con ningún partido político y que sus adjudicaciones en Cataluña las ha conseguido limpiamente. Y agregó que solo había tenido un único contacto con David Madí en 2012. Desde el sector sanitario se apunta a lo contrario: los hombres de Madí aseguraron el control convergente de Egara y consiguieron que Salud, también controlada por CDC, les adjudicara tres lotes. Ahora se investiga si aquello constituyó una conducta criminal.