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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en una imagen de archivo / EFE

¿Música en los balcones? Los cinco favores de Ada Colau a Jaume Roures

La alcaldesa de Barcelona ha beneficiado cada vez más a Grupo Mediapro desde su llegada al poder en 2015; la última, el 'dedazo' para el recital contra el coronavirus

11 min

Ada Colau y Jaume Roures empezaron mirándose de reojo, pero han acabado mostrando una sintonía progresiva. O, al menos, una pax romana aderezada con negocios en común en los que Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa, y el fundador de Grupo Mediapro no solo se dejan hacer negocios el uno al otro, sino que hasta los hacen conjuntamente. ¿El último ejemplo? El fallido concierto en las balcones de la Ciudad Condal, que el equipo de Colau adjudicó mediante encargo directo con presupuesto de 200.000 euros a la compañía del empresario audiovisual. El sarao ha acabado cancelado tras un alud de críticas y bajas de grupos musicales.

El asunto ha terminado también con la oposición en rebeldía. ERC, Ciudadanos, Junts per Catalunya, PP y Barcelona pel Canvi pidieron el domingo la comparecencia de la primera edil por el fracaso del recital Barcelona, ens en sortirem (Barcelona, lo lograremos). El concierto en las terrazas contra el coronavirus de la capital catalana no se celebrará, y la electa tendrá que dar explicaciones. Pero sobre el tapete quedará una pregunta sin responder que muchos se harán. ¿Por qué la alcaldesa y su equipo, la Barcelona antilobis, encargaron el evento a un gigante como Grupo Mediapro?

1. Una deuda impagada durante años. Lo cierto es que el concierto en los balcones, adjudicado por procedimiento de urgencia a Roures y el grupo que fundó, no es el primer favor del Ayuntamiento de Barcelona al conglomerado audiovisual. El equipo de BComú, tan feroz con otras grandes empresas, no quiso o no supo reclamar a Mediapro la deuda por el canon impagado de la sede en el distrito 22@ que ocupa desde 2004. La operación, ejecutada en suelo municipal, se vehiculó mediante la sociedad mixta Mediacomplex SA (33% Bimsa, la constructora pública municipal, y 66% Rilson XXI Inmuebles, una filial de Imagina). Costó casi 17 milones de euros. No obstante, el Ayuntamiento aguantó décadas sin recibir el canon anual de 250.000 euros de Mediapro por ocupar un trozo privilegiado en el número 177 de la avenida Diagonal, también con Colau al frente del consistorio.

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Imagen de la sede de Imagina-Mediapro: un negocio ruinoso para el Ayuntamiento de Barcelona / CG

En 2016, Ciudadanos denunció que Roures y su grupo habían impagado a Mediacomplex por valor de 1,9 millones de euros, tal y como recogió entonces este medio. Al año siguiente, trascendió que la deuda al Ayuntamiento alcanzaba los 2,9 millones de euros. En octubre de 2017 y después de que el edificio fuera usado como centro de prensa del referéndum ilegal de independencia del 1-O, las obligaciones se corrigieron hasta los 3,4 millones. La ruinosa operación para el Ayuntamiento de Barcelona, ya con Colau de alcaldesa, duró tres años hasta que el Ejecutivo local alienó al 100% de las acciones de la sociedad mixta a Hines, que pagó la deuda con arreglo al contrato de venta, según ha confirmado el Ayuntamiento de Barcelona. No obstante, se desconoce por qué el segundo mayor consistorio de España no reclamó jamás judicialmente las obligaciones a la empresa de Roures, tal y como había reclamado el PP. Tuvo que ser Hines quien soltara la chequera y efectuara dos pagos: uno por los títulos y otro por las obligaciones que adeudaba la empresa del magnate. Una portavoz de Mediapro insistió ayer a este medio que "no existe deuda alguna" entre el grupo --o alguna de sus empresas-- y la corporación. Lo que no dijo la representante es que el conglomerado no la pagó: fue el nuevo comprador quien lo hizo, según la portavocía de prensa de esta administración.

2.Concesión de suelo para vivienda pública. Tras la ruinosa operación de la sede de Imagina en el número 117 de la avenida Diagonal, el Ayuntamiento de Barcelona no se dio por vencido. En noviembre del año pasado, el bipartito de BComú y el PSC anunció que adjudicaba la parcela Illa Sibèria, situada entre los números 11 y 15 de la calle Badajoz de Poblenou, a una filial de Mediapro, Coyoacan Invest, una inmobiliaria fundada en 2018 y que pertenece al grupo de Roures. La enseña actuará de promotora inmobiliaria de un conjunto de 47 viviendas sociales de alquiler asequible por debajo de precio de mercado.

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El bloque de 47 viviendas de alquiler asequible que elevará Mediapro para el Ayuntamiento de Barcelona / CG

La gestión de las unidades la hará la Fundación Habitat 3, que dirige la experta en vivienda y usos del suelo Carme Trilla. Lo relevante del caso es que la promoción de pisos de alquiler es la primera que eleva Mediapro, que entra en un nuevo sector. También es la primera vez que el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, busca una alianza con el sector privado para incrementar el parque de vivienda pública, uno de los fracasos de la munícipe al frente de la capital catalana.

3. Contratos pese a las quejas por la precariedad. La oposición empezó mucho antes a señalar el vínculo entre Ada Colau, exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Jaume Roures, cofundador de un conglomerado que facturó 1.817 millones en 2019. Antes de las elecciones municipales de 2015 en las que venció Colau, los trabajadores de la televisión municipal, BTV, denunciaron cesión ilegal a dos empresas: una de ellas era Antena Local, una filial de Mediapro. Pese a que el conflicto había estallado, la exactivista no tuvo reparos en adjudicar contratos por valor de un millón de euros a la compañía el mismo año: 2015, tal y como informó este medio.

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Una protesta del colectivo Som BTV contra la cesión ilegal de trabajadores / SOMBTV

Mientras, las denuncias por cesión ilegal de empleados en BTV las fueron ganando los trabajadores. En 2018, el pleno decidió no recurrir, enterrando un sonrojoso asunto para BComú.

4. Mediapro Cloud retiene el 50% del cerebro digital del Ayuntamiento  Otro de los contratos públicos que ganó una filial de Mediapro del Ayuntamiento de Barcelona con Colau al frente, en este caso mediante procedimiento abierto [consultar expediente aquí] es el de aprovisionamiento de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y servicios profesionales asociados. En este caso, Mediapro Cloud retiene el 50% del cerebro digital del Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Informática (IMI) desde el 25 de julio de 2019 por 5,6 millones de euros.

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La oficina de atención al ciudadano (OAC) de la plaza Sant Miquel de Barcelona / CG

Ello no tendría mayor enjundia salvo por dos elementos. Uno, la contrata pública que opera Mediapro mediante su filial tecnológica está ya obsoleta menos de un año después de otorgarse. ¿Por qué? Porque tal y como avanzó Metrópoli Abierta la configuración actual del sistema impide trasladar datos de un operador a otro cuando vence una adjudicación. Eso, según el consistorio, "pone en riesgo" los sistemas municiples, incluido el padrón. Es por ello que el nuevo concurso unificado de servicios e infraestructura TIC pretendía que los licitadores ofrecieran sus servicios desde el centro de datos que tiene el Ayuntamiento de Barcelona en Via Favència. Esto, de momento, deberá esperar, pues la crisis del coronavirus ha provocado la detención del futuro concurso público.

5. No le aplica el protocolo antiblanqueo pese al 'Fifagate'. Uno de los favores más clamorosos de Colau a Roures es la no aplicación del protocolo antiblanqueo de capitales a Mediapro y sus empresas. El gobierno municipal de BComú y PSC aprobó en 2016 una hoja de ruta para no contratar las empresas que operaran en paraísos fiscales [ver decreto de alcaldía aquí]. El gesto de comunes y socialistas llegó tras el escándalo de los Panama Papers, que destapó el uso a gran escala de estas jurisdicciones offshore en España. Precisamente Mediapro, y más concretamente Imagina y uno de sus consejeros delegados, Gerard Romy, ha sido pillada utilizando Panamá como territorio para vehicular operaciones financieras opacas. Al menos un soborno a directivos de fútbol en el marco del caso Fifagate, tal y como admitió la propia compañía al fiscal en 2018.

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Sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) / EFE

Si esa admisión de culpabilidad no fue suficiente, ahora es el fiscal del Distrito Este de Nueva York el que vincula a Imagina Estados Unidos, la filial de la cabecera de Mediapro en ese país, con una estructura criminal que utilizaba, según el letrado, "cuentas bancarias cifradas en paraísos fiscales y otras jurisdicciones opacas" para, presuntamente, comprar a directivos con el fin de conseguir derechos de retransmisión deportiva. Ello tampoco ha convencido a Colau, que poco después de conocerse la imputación de Romy en EEUU, ha adjudicado mediante dedazo el concierto en los balcones al grupo de Jaume Roures.

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