Así se especula con las licencias VTC: "Te queda barata, por 69.000 euros"

Así se especula con las licencias VTC. "Te queda barata, por 69.000 euros IVA incluido". Eso es lo que indica Manuel, un madrileño que asegura "gestionar el 80% de las transmisiones de permisos de alquiler con conductor que se hacen en España".

Este intermediario no teme la anunciada prohibición de la Generalitat de transmitir estas tarjetas durante dos años para evitar la especulación salvaje. "La juez del Tribunal Supremo ya las ha autorizado. Sólo falta que lo comunique a [la Secretaría General de] Transportes y llegaremos antes del decreto catalán", indica a Crónica Global.

Manuel es sólo uno de los actores que han hinchado el precio de las tarjetas que autorizan el transporte de pasajeros en la ciudad. Otro de los que ha contribuido a ello es Andrés. Este letrado de un bufete situado en Lleida te consigue un permiso por 8.800 euros. El precio de la tasa para obtenerlo es de un máximo de 60 euros en las comunidades autónomas más caras.

"Nosotros nos encargamos de la parte administrativa y civil. Se solicita, se recurre a la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y después al Supremo. Máximo, tardamos unos tres años", asegura.

Dinero negro

Conversación vía Whatsapp por la compra de una licencia VTC

Conversación vía Whatsapp por la compra de una licencia VTC

Manuel y Andrés, junto a otras empresas como la conocidísima Ares Capital, constituyen un circuito que el Gobierno catalán quiere dejar de alimentar. Cataluña levantará "en breve", según su consejero portavoz, un decreto que prohibirá transmitir las autorizaciones. 

Antes, sin embargo, mucha gente ha ganado ingentes cantidades de dinero por el camino. "Trabajo por toda España. Hoy estoy en Marbella y mañana en Madrid. Yo trabajo para un cliente y tú eres el final", defiende el primero.

¿Es pues este profesional un humilde comercial? "De las últimas 25 VTC solicitadas a 69.000 euros la pieza, se pagan unos 50.000 en efectivo y el resto se suele abonar en b", agrega Manuel, como si él mismo respondiera a la pregunta.

"Un pago inicial de provisión de fondos de 7.000 euros, 1.000 euros por licencia ya que hay que pedir un mínimo de siete, más 7.000 euros por título cuando el procedimiento acabe y el cliente las tenga (49.000 euros que se suman a la provisión de fondos, en total 56.000 euros). A esto hay que agregarle un pago de 400 euros de honorarios del procurador", enumera Andrés como si recitara una letanía.

Grietas en el sistema

Cabe recordar que Manuel y Andrés se enriquecen gracias a las grietas que existen en la normativa vigente. La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) de 2013 prohíbe conceder más autorizaciones si se sobrepasa la proporción de un vehículo de arrendamiento con conductor por cada 30 taxis en el ámbito autonómico.

No obstante, antes y después de esa normativa hubo periodos-ventana donde sí se concedieron los permisos. Fue de 2009 a 2013, cuando rigió la llamada Ley Ómnibus, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel texto liberalizó el sector de los chóferes privados.

Hubo otro vacío legal. Fue de 2013 a 2015, hasta que el Gobierno aprobó el reglamento del ROTT y especificó de forma más clara la proporción 1:30, cerrando la puerta a los aprovechados.

En ambos ínterines, decenas de sociedades físicas y jurídicas formularon peticiones de inicio de actividad. Los tribunales, generalmente, les otorgaron las licencias con arreglo a las débiles leyes que estaban entonces en vigor.

"Se ha creado una burbuja"

Anuncios de compra y venta de licencias VTC

Anuncios de compra y venta de licencias VTC

Los vacíos legales se produjeron con el sector del transporte calentado por el aterrizaje de operadores de transporte como Uber o Cabify, entre muchos otros, y estrangulado por la escasez de permisos. Los precios repuntaron.

"Es evidente que se ha producido una burbuja. El precio de las licencias se ha multiplicado por mil", recuerda David Chacón, de los servicios jurídicos del Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC).

"Gente que quizá no tiene legítimo interés en el sector, sino en intermediar para lucrarse, ha desembarcado en el transporte. La moratoria de transmisión de licencias frustra su negocio, pues un titular de una autorización la tiene que operar por ley", aclara el también letrado de Economía.

"Puntos calientes"

Este escenario ha dejado una batalla judicial que se libra en mil frentes distintos. A 3 de julio y según el Ministerio de Fomento, había 768 tarjetas VTC en la provincia de Barcelona. Otras 3.000 están varadas en los tribunales.

"Los especuladores son una franca minoría. Quizá una empresa ha pedido 200 ella sola y las pelea en los juzgados", señala José Ventura, de la asociación Luxury VTC de Cataluña.

Ahora, las sociedades e individuos oportunistas lo tendrán más difícil. "Es evidente que la intención de la Generalitat es que haya menos vehículos de este tipo en la calle. La proporción 1:30 con los taxis se ha superado ampliamente", recalca el empresario.

La rotura del equilibrio y la nueva composición sindical en el taxi, con el auge de fuerzas como La Élite, han inflamado el sector. "Se han creado puntos calientes entre VTC y taxi en las ciudades españolas. El aeropuerto de El Prat es uno de ellos. Es donde salen las mejores carreras", agrega el directivo.

El 'cerrojazo' catalán y las tecnológicas

Un coche de VTC atacado en plena calle

Un coche con licencia VTC atacado en plena calle / CG

Con Uber retirado --por el momento-- de Barcelona y Cabify intentando convivir con el taxi, la duda asalta. ¿Afectará el cerrojazo de la Generalitat a las nuevas formas de taxi alternativo? Preguntado por la cuestión, la firma ha declinado comentar el contenido del futuro real decreto hasta que sea oficial. 

"Es evidente que sí les afectará. Cabify trabaja mediante contratos mercantiles con conductores que tienen un permiso VTC propio. Si hay menos conductores disponibles, la empresa lo tendrá más difícil para expandirse", valora Chacón.

Cabe recordar que la tecnológica preveía llegar a los 500 vehículos a final de año en Barcelona. Es la cifra mínima que el sector considera necesaria para cubrir la demanda en la ciudad.

"No se trata de Cabify sí o no. Se trataba de recoger las demandas del sector. De evitar el intrusismo y que empresas de otras comunidades autónomas se instalaran aquí sin tener sede social en Cataluña. Y de frenar la especulación. El decreto, a la espera de publicación, parece recoger todo ello", concluye Ventura.