Telefónica se queda a medias en su avance bursátil un año después del inconcluso aterrizaje saudí

El inicio del pasado curso contó con la llegada de capital saudí a Telefónica como episodio más destacado. Doce meses después, los planes de Saudi Telecom (STC) de alcanzar el 9,9% de la operadora siguen en el aire, a la espera de la preceptiva autorización gubernamental, mientras que la evolución bursátil de la compañía se ha quedado a mitad de camino de la registrada en este mismo periodo por el Ibex 35.

En concreto, las acciones de Telefónica se intercambian en estos días en el mercado algo más de un 10% más caras que en la víspera de conocerse el movimiento de la teleco pública saudí, que sorprendió a propios y extraños entre la comunidad inversora y fue conocido en las más altas esferas de la empresa y de Moncloa apenas unas horas antes.

La evolución dista de forma notable de la experimentada en este tiempo por el indicador selectivo de la bolsa española, que supera el 20%, en línea con la registrada por mercados de su entorno como Francfort y Milán, así como por el índice MSCI World, empleado como referencia por muchas de las firmas de inversión. 

En los últimos 12 meses, la rotación del capital de Telefónica ha sido la más intensa de lo que va de siglo. En torno a un tercio de sus acciones han cambiado de manos entre inversores institucionales, en movimientos que han incluido el retorno del Estado a la compañía que preside José María Álvarez-Pallete, como respuesta del Gobierno al intento saudí de ser el primer socio de una empresa considerada como altamente estratégica.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete

También reaccionó el entorno de La Caixa, especialmente a través de Criteria, que multiplicó por cuatro la participación que tenía en Telefónica antes de la llegada de STC y alcanzó así el 10% que le sitúa a la altura de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Mientras, Caixabank, participada de la sociedad de cartera de La Caixa, ponía punto y final a una de sus históricas inversiones, al deshacerse del 3,5% que aun mantenía. 

Movimientos inéditos en las últimas décadas, que han puesto bajo el foco de los mercados a un valor que llevaba demasiado tiempo en un segundo plano pero que, al mismo tiempo, han añadido incertidumbre acerca del futuro de Telefónica ante el nuevo escenario de estructura de capital que actualmente se plantea. 

A la espera de Moncloa

Y más si se tiene en cuenta que doce meses después del primer anuncio, la situación en cuanto a la efectividad de la inversión sigue exactamente en el mismo punto. Así, STC posee realmente un 4,9% de Telefónica, mientras que la parte restante hasta completar el 9,9% que anunció a comienzos del pasado septiembre sigue "aparcada" en forma de derivados, a la espera de que el Consejo de Ministros conceda la preceptiva autorización para que la compañía controlada mayoritariamente por el fondo público saudí PIF pueda superar la barrera del 5%. 

Aunque el llamado 'escudo anti OPA', relanzado por el Gobierno a raíz de la pandemia, sitúa en el 10% el límite para que una inversión extranjera en una compañía española precise de plácet gubernamental, el de Telefónica es un caso particular debido a su condición de contratista de referencia del Estado en materias tan estratégicas como Defensa, telecomunicaciones y ciberseguridad.

Bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, en una imagen de archivo EFE

No obstante, muy pocos detalles han trascendido en estos doce meses sobre el proceso de autorización de la inversión y en qué momento podría llegar ésta. El pasado mes de julio, STC explicó a los inversores que las conversaciones con el Ejecutivo español sobre esta materia presentaban un elevado grado de avance, por lo que estimaba que la luz verde definitiva para ejecutar la totalidad de su inversión, valorada en unos 2.100 millones de euros no tardaría en llegar. 

Sin embargo, el Gobierno ha optado por no pronunciarse al respecto y por eludir dar detalles sobre este proceso. El último en mostrar tan prudente postura ha sido el ministro de Industria y Turismo, el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu.

Mientras se dirime esta cuestión, el Ejecutivo ha tenido tiempo para articular la adquisición por parte del Estado del 10% de la compañía y ser acreedor de este modo a un puesto en el consejo de administración. 

Una maniobra que Moncloa ha defendido y justificado como una forma de defender y proteger el interés general dado el carácter estratégico de la operadora pero que no ha terminado de ser bien vista por el mercado.