El empresariado pasa a la ofensiva contra la agenda económica de Sánchez

Una crítica cerrada a las ideas planteadas por ambos partidos, que esta semana dibujaron las grandes reformas económicas de la próxima legislatura. El aspecto que más ha enervado a los patronos y directivos ha sido la propuesta de reducir manu militari la jornada laboral a 37,5 horas.

Oposición frontal

Esto es: sin acordarlo en ninguna mesa de negociación. Ni siquiera se informó previamente a las patronales de las intenciones de ambos socios de Gobierno. El enfado de Antonio Garamendi y Josep Sánchez Llibre, presidentes de CEOE y Foment del Treball, se ha escenificado con rotundidad en un evento que ha reunido a unos 2.000 directivos.

El rey Felipe VI junto a Isidro Fainé en el congreso de CEDE de 2023 Cedida

Mientras el primero ha atacado el ninguneo del diálogo social, el segundo ha vaticinado que esta y otras medidas no cosecharán suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados. Un nuevo choque entre las patronales y el Ejecutivo, que se suma al del debate sobre las subidas salariales previo a las elecciones generales y a los rescoldos por la reforma laboral.

El Rey, un bálsamo

Pero el rapapolvo de CEOE y Foment recoge también el sentido de una clase empresarial abrumada por los nuevos desafíos. Las iniciativas en materia de sostenibilidad, inclusión femenina y transición tecnológica --con un gran foco en la inteligencia artificial, como subrayó el presidente de la fundación CEDE, Isidro Fainé-- suponen suficiente carga para las organizaciones como para sumar obligaciones domésticas.

Los empresarios buscan una mano tendida, no un puño cerrado, para capear estas complejidades. De ahí que el discurso del Rey fuera un bálsamo en medio de estas tribulaciones.

Colaboración público-privada

Por el contrario, las palabras de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sonaron a un relato gastado, según la valoración de los asistentes.

Los directivos, a través de sus representantes en las patronales, manifestaron que buscan a un amigo en la Administración para fomentar la colaboración público-privada, como reclamaron el presidente de Naturgy y el de Agbar. Se quejaron de que no lo encuentran.