Garriga i Nogués, Arús, Jover, Vidal Quadras… apellidos ligados históricamente a la actividad bancaria en Cataluña. Pero ninguno de ellos ha sido el origen de una gran banca, un negocio que según los clásicos es imprescindible para un país con una actividad económica potente, ya sea comercial, industrial o tecnológica. El dinero es como la savia que mantiene vivo el árbol de la economía.

¿Por qué Cataluña no había sido capaz hasta ahora de levantar una entidad financiera fuerte, competidora de las que han surgido en el norte de España?

Hubo una época en que se decía que los catalanes, así como eran genéticamente muy hábiles para el comercio, no estaban especialmente dotados para las finanzas. Una tontería absoluta como demuestran los apellidos --Termes, Taberner-- de quienes construyeron el Banco Popular de los buenos tiempos, campeón europeo de solvencia y eficacia.

El caso del actual Caixabank da algunas pistas de las dificultades que, al menos en los últimos 40 años, ha tenido la actividad bancaria en Cataluña. Josep Vilarasau e Isidro Fainé han levantado el banco catalán más solvente de la historia pese a tener el ecosistema político local siempre en contra.

El mismo Jordi Pujol que se libró de las responsabilidades de la quiebra de Banca Catalana tras su sorprendente mayoría absoluta de 1984 y la demostración de fuerza ante Palau --“El Gobierno central ha hecho una jugada indigna (…) En adelante, de ética y moral hablaremos nosotros, no ellos”-- nunca desistió en sus intentos de meter la cuchara en la antigua La Caixa.

Artur Mas, su delfín, consiguió aprobar una ley a medida que retiraba a Vilarasau de la entidad para castigar a quien había mantenido su independencia frente al poder absoluto del Virrey y con la esperanza de que el sucesor, Fainé, fuera más dúctil. Si lo hubiera sido, hoy no existiría el Caixabank que conocemos ni el que será a partir del año próximo tras la absorción de Bankia; y también es probable que ninguna gran empresa catalana se hubiera decidido a denunciar el procés trasladando su sede en 2017.

La antigua caja --hoy la Fundación Bancaria La Caixa-- tendrá el 30% del primer banco de España, en el que el Estado dispondrá del 15%, un porcentaje que deberá reducirse a cero. Una operación de libro recomendada por el Banco Central Europeo y el Banco de España.

Los herederos de Pujol mantienen su línea, solo hay que ver sus reacciones de vuelo gallináceo tras el anuncio de la fusión. En la era de internet les sigue quitando el sueño la capitalidad del nuevo banco, la vinculación física al territorio y la alianza con Madrid. Unos gobernantes que en su día apoyaron la reforma laboral de Fátima Báñez y que ahora dicen estar preocupados por el cierre de oficinas y la reducción de plantillas.

Excusas pueriles para justificar su resistencia ante un nuevo salto hacia delante del único banco potente que ha tenido el país, una frustración que responde a su impotencia para el mangoneo.