Dos turistas esperan para entrar en un alojamiento en el centro de Barcelona / EFE

Dos turistas esperan para entrar en un alojamiento en el centro de Barcelona / EFE

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Barcelona ordena el cierre de 32 'hostels' ilegales

El ayuntamiento de Colau 'caza' varios establecimientos 'piratas' y a 615 vecinos que alquilaban ilegalmente sus pisos a turistas

19 septiembre, 2016 13:32

El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cierre de 32 'hostels' ilegales en la ciudad. El consistorio emitirá órdenes de cese de actividad para los alojamientos irregulares próximamente. La medida se suma a peticiones similares dirigidas a 615 vecinos que alquilaban sus pisos a turistas de forma irregular.

La teniente de Alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha detallado que los resultados emanan del plan de choque contra los alojamientos ilegales que el consistorio lanzó el pasado julio.

La treintena de hoteles pirata se suma a las dos residencias para estudiantes que opera la firma Melon District como hoteles irregulares, y que el ayuntamiento apercibió en julio.

 Casi 1.300 expedientes

En el capítulo de oferta sumergida particular, los inspectores municipales han aflorado 1.290 apartamentos ilegales en dos meses.

Como respuesta a la existencia de esta bolsa en negro, el ejecutivo local ha dictado 197 órdenes de cese y ha incoado 555 expedientes sancionadores.

“Se ha demostrado el impacto de esta oferta ilegal sobre la evolución del precio de la vivienda de alquiler en Barcelona”, ha señalado Sanz.

Además de la labor de inspección, el ejecutivo local de BComú y PSC ha informado de que la nueva web para denunciar pisos turísticos sin permiso ha recabado 1.123 quejas y denuncias de vecinos.

La cifra se suma a otras 1.045 direcciones de viviendas ‘sospechosas’ que ha detectado el nuevo equipo de voluntarios desde julio.

Tres meses de oxígeno a Airbnb

En paralelo, el consistorio no dará respiro a los portales on line que, indica, anuncian pisos para visitantes sin título habilitante. El mayor de ellos, Airbnb, recibirá una sanción de 600.000 euros en un periodo de tres meses si no entrega los datos de los usuarios que alquilan sin permiso.

“Nuestra voluntad es la de dialogar con todas las plataformas. Sabemos que Barcelona es una ciudad con turismo, pero es necesario que todo el mundo cumpla la ley", ha manifestado la edil.

Si permitimos que las empresas se salten la normativa --ha continuado Sanz-- sí ponemos en riesgo esa imagen de la ciudad en el exterior”.