Al plan de Colau para los pisos turísticos ilegales no le salen los números

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este miércoles una novedosa iniciativa que relaciona el control de los pisos turísticos ilegales con la oferta de pisos de alquiler social. Y que pretende mejorar ambos aspectos. Aunque al plan -al menos, con las cifras actuales- no le salen los números.

El plan del consistorio, que ha precisado que se trata de una "prueba piloto" circunscrita solo al distrito de Ciutat Vella, consiste en ofrecer a los propietarios de pisos turísticos ilegales que ya hayan sido multados la posibilidad de que les sea condonado el 80% de su multa. A cambio, deben ofrecer el piso para alquiler social durante un mínimo de tres años. El precio del alquiler servirá para pagar el 20% restante de la multa, y una vez pagada esta, irá al bolsillo del propietario. Del propietario que quiera acogerse a esta medida de gracia. Y, con los números en la mano y en el momento actual, no parece que les pueda interesar a muchos.

Una media de 15.000 euros de multa

En la rueda de prensa en la que ha presentado la iniciativa, la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha explicado que las sanciones por explotar un piso turístico ilegal pueden llegar hasta 90.000 euros. Pero que la media de las multas ha sido hasta ahora de 15.000.

Tomando como referencia estos 15.000 euros de media, el propietario multado que se acoja a esta medida de gracia se encontrará de entrada con que la sanción se reduce en 12.000 euros. Pero en los siguientes tres años -y después de pagar los 3.000 restantes- tendrá que conformarse con cobrar un alquiler inferior al que marca el mercado.

El Ayuntamiento no ha dado cifras concretas del precio que tendrán estos alquileres. Pero sí ha explicado que estos pisos se destinarán a familias "que se encuentren en situación de emergencia", y que se alquilarán a través de la Mesa de Emergencia Social del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. En el reglamento de este ente para la adjudicación de viviendas de emergencia social se especifican unos ingresos mínimos y unos máximos para acceder a este tipo de alquiler social. El mínimo es de 0,4 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que para este 2015 es de 532,51 euros mensuales. Los máximos son de una vez el IPREM para personas que vivan solas, y de dos veces el IPREM para unidades de convivencia. Resumiendo: un mínimo de 213 euros, un máximo de 1.065.

El laquiler máximo

Desde el consistorio se ha precisado que el alquiler de los pisos turísticos reconvertidos en vivienda social no puede superar el 30% de los ingresos de los inquilinos. Es decir, que no puede exceder de 319,5 euros.

Siguiendo con el caso del propietario multado con 15.000 euros, y suponiendo que su piso se alquilara al máximo de 319,5 euros, este debería destinar los primeros 9,3 meses de alquiler a pagar el 20% no condonado de la sanción. Los siguientes 26,7 meses de alquiler serían para su bolsillo: 8.530,6 euros de beneficio -bruto- tras tres años, según estas cifras de referencia.

El listón, en 653 euros

¿Y si este propietario multado no se acogiera a la medida de gracia del Ayuntamiento, pagara la sanción sin descuento y alquilara -legalmente- su piso en el mercado? Le valdría la pena -siempre tomando como referencia 15.000 euros de multa- si lo alquilara por encima de 653 euros al mes. Un precio nada descabellado en Barcelona, donde en 2014 el precio medio del alquiler fue, según los datos de Idescat, de 688,23 euros.

Obviamente, las cifras varían con multas superiores. Con el máximo de 90.000 euros, un propietario multado necesitaría alquilar su piso al nada popular precio de 2.737 euros al mes para que le saliera a cuenta no acogerse a la medida de gracia.