Los clientes atrapados en el 'corralito' de BPA también demandan a PwC

Los clientes afectados por el corralito de Banca Privada d’Andorra (BPA), unas 2.200 personas, han dado un golpe sobre la mesa: empiezan a acudir a los tribunales tres meses después de que se les bloquearan sus cuentas en el Principado. La Batllia (juzgado) tiene varias demandas que deberá estudiar, entre ellas la de la Plataforma de Afectados por BPA, que carga contra los hasta ahora administradores de la entidad, los gestores de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) y el gigante de la auditoría PwC, tanto a los profesionales que trabajan en el país vecino como a la matriz española por su responsabilidad civil subsidiaria.

En el escrito, que ya ha sido presentado en los tribunales, se acusa a estos últimos de prevaricación, apropiación indebida e infidelidad en la custodia de documentos y se les reclaman daños y perjuicios por las casuísticas de los clientes afectados que se han unido jurídicamente.

Acusados de blanqueo

Todos estos clientes se quedaron colgados en el proceso de migración de activos de renta fija --Andorra no ha encontrado una entidad que actúe de corresponsal en los productos fuera de balance y no se han podido tocar-- de BPA a Vall Banc, la entidad puente que se vende de forma definitiva al fondo buitre estadounidense JC Flowers, según se ha conocido esta semana.

Son 2.200 las personas que no pasaron la auditoría que PwC hizo por encargo del Gobierno del Principado a las cuentas de la entidad, un trabajo en línea con el resto que se realiza desde el grupo a nivel internacional, tal y como siempre han defendido sus portavoces.

Pérdida de documentos

Los clientes de BPA han sido acusados de blanqueadores según el análisis --no por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra ni por la Batllia--, aunque la mayoría de afectados lleva tres meses con la cuentas bloqueadas porque su dosier no se pudo fiscalizar por falta de documentos, tal y como ya se había denunciado previamente. 

¿Quién los perdió? Esa es una de las responsabilidades que quieren que se resuelva en los tribunales, aunque su defensa, ejecutada por las letradas Gema Martínez y Anna Solé, señala que los últimos de la lista son los principales afectados.

Sin notificación

Además, a muchos de ellos ni siquiera se les ha comunicado su situación respecto a BPA. Los responsables del banco aseguran que hicieron las notificaciones pertinentes por correo ordinario tras la intervención y, o las cartas se perdieron por el camino o nunca fueron enviadas. Los afectados descubrieron el suceso cuando se percataron de que ya no podían operar. Nadie en tres meses les ha ayudado desde la entidad intervenida. Los responsables del banco aseguraron que se ejecutaría una segunda migración de clientes en junio, aunque no cumplieron con su palabra y ahora se rumorea que se realizará en septiembre. 

Los portavoces de la plataforma señalan que a algunos de ellos se les ha reclamado documentación que nunca antes fue necesaria entregar a BPA y que legalmente tampoco es obligatoria en el país. Y no se trata solo de grandes cuentas, entre los 2.200 afectados se encuentran perfiles de todo tipo, incluso adolescentes y estudiantes universitarios que usaban BPA para sufragar sus gastos de manutención (la mayoría de andorranos cursan sus estudios superiores en España).

Ejecución de productos de renta fija

En cuanto a la penalización económica, además de quedarse sin poder tocar sus fondos, la dirección de BPA decidió ejecutar la venta de los productos de renta fija y reembolsar a las cuentas el resultado de las operaciones, la mayoría a pérdidas. No pidió el consentimiento de los clientes, que lo descubrieron al consultar el estado de sus finanzas, según los interlocutores de la plataforma.

Señalan que lo peor de este caso es que los múltiples errores, a su parecer, en los que han incurrido todos los implicados en la gestión de la entidad desde su intervención, en marzo de 2015, se lleva por delante el buen nombre de Andorra como plaza bancaria fuerte mundial. La última palabra, igual que el resto de cuestiones del caso BPA, se resolverá en los tribunales.