Los afectados por el segundo 'corralito' del BPA denuncian una caza de brujas

El Gobierno de Andorra, a través de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb), ha judicializado aún más la resolución de Banca Privada de Andorra (BPA) por la gestión del traspaso de cuentas a Vall Banc. Parte de los 2.200 clientes atrapados en el segundo corralito que protagoniza la entidad intervenida han impugnado el proceso en los tribunales del país, la Batllia. Aseguran que se han vulnerado principios legales de todo tipo y que la gestión es más parecida a una caza de brujas que a una liquidación ordenada de una sociedad.

Hay todo tipo de perfiles entre los 2.200 clientes de BPA que no han pasado el corte de la auditoría de PwC y han sido acusados de blanquear capitales. Los primeros que forman parte de la lista son todos los clientes que tenían alguna relación con los directivos, los accionistas mayoritarios (la familia Cierco) o que mantenían negocios con el banco intervenido, indican los portavoces de la plataforma de afectados que se ha constituido.

Sin retirar ni un euro

En esta lista se han incluido tanto sociedades como particulares, incluso las cuentas que algunos de los hijos de los cleintes tenían abiertas en las que domiciliaban los gastos universitarios (la mayoría obtienen títulos en España o en Francia). También se han encontrado sin poder retirar un euro del banco particulares a los que su gestor financiero les había aplicado una compensación económica en una transacción, un movimiento legal en el Principado que PwC interpretó como señal de blanqueo de capitales.

De los 2.200 afectados, hay 925 que han sido acusados directamente de prácticas corruptas y otros 1.300 que se han quedado sin ahorros por no haber, presuntamente, acreditado el origen de sus depósitos. El problema de estos, según los mismos interlocutores, es que PwC había pedido justificantes de operaciones de hasta 20 años atrás, cuando en España no se exige documentación más allá de los últimos cinco años.

 Comerciantes afectados

Otros que se han encontrado en la misma tesitura son comerciantes de Andorra que operaban principalmente en efectivo. Es algo habitual en el Principado, indican sus representantes legales, aunque el auditor consideró extraño además de que propiciaba el blanqueo.

La guinda del pastel es la forma elegida por los gestores de BPA para notificar el bloqueo de las cuentas. En lugar de remitir cartas certificadas, se ha usado el correo ordinario.

Comunicación por correo ordinario

Fernando Vázquez Lapuerta, el administrador nombrado por la Areb, firma una misiva en la que informa que las cuentas del titular no han pasado la criba y que se procede a congelar toda la operativa financiera. El gestor se salta la presunción de inocencia porque asegura en el texto que no podrán retirar sus fondos hasta que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) o la Batllia decreten que no están vinculados a ninguna actividad de blanqueo de capitales.

Además de no respetar el derecho a la intimidad al dejar la carta a la vista de todos los vecinos en el caso de la gente que la ha recibido --a algunos no se les ha entregado, por no hablar de los no residentes en el Principado, un colectivo destacado entre los bloqueados--, la ley andorrana marca un camino diferente a seguir ante un presunto caso de blanqueo de capitales como los 925 que presuntamente habría detectado PwC en su auditoría.

Temor del proceso

El miedo de cuál será el próximo paso que podrá emprender la Areb, el Gobierno de Antoni Martí a través del Ministerio de Economía, liderado por Jordi Cinca, en el fondo, está muy presente en el proceso.

Las fuentes consultadas coinciden en que muchos de los afectados han adoptado el perfil bajo para ver si su operativa migra a Vall Banc en la nueva operación que se programa para el 11 de junio. No quieren levantar la voz por miedo a que de verdad pasen a formar parte de una lista negra que les impida recuperar sus ahorros.