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Imagen de una de las residencias de ancianos en la Conca d'Òdena, la 'zona cero' del coronavirus en Cataluña / EFE

Militantes de CiU recibieron 104 millones del Govern para las residencias que ahora agonizan

Mutuam, en manos de ex altos cargos convergentes, ha facturado millones por gestionar y proteger los geriátricos en los que mueren centenares de ancianos

8 min

¿Dónde está el dinero que ha volcado la Generalitat de Cataluña en Mutuam? La empresa liderada por ex altos cargos de Convergencia i Unió (CiU) ha ingresado al menos 104 millones de euros en los últimos seis años (2012-2017) por vigilar las residencias de la región. La compañía ha facturado millones al Govern para gestionar la salud de unos geriátricos en los que ahora mueren centenares de ancianos: 634 hasta ayer sábado, según los datos del Gobierno autonómico.

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Los conciertos de Mutuam con el CatSalut en 2017 y 2018 / CG

Este medio se puso ayer en contacto con Mutuam para saber dos cosas. Una, qué medidas ha tomado la empresa que preside el expolítico de CiU Josep Arqués Suriñach contra la pandemia del SARS-CoV-2 en los asilos que están siendo golpeados de forma muy dura por el virus. Y dos, cuántos convenios ha firmado la empresa con el Servicio Catalán de Sanidad (CatSalut) para encargarse de los servicios sanitarios en las residencias de Cataluña. El grupo de Suriñach y Francesc Brosa, ex número dos del CatSalut, ahora director general de Mutuam, no ha respondido a los requerimientos informativos.

104 millones en seis años

Las respuestas a las dos preguntas, ante el silencio de la empresa, tienen que obtenerse de los portales de transparencia. El del CatSalut, la gran aseguradora pública de la Consejería catalana de Salut, en la que trabajaron Arqués y Brosa, número uno y dos de la mutua, muestra 36 convenios [consultar aquí] sin concurso para "atención asistencial" entre el departamento y la empresa social. Suman más de 104 millones de euros en seis años: de 2012 a 2017. ¿Y los ejercicios 2018 y 2019? El CatSalut no los ha publicado todavía. La mutua sí, aunque solo el primer año (2018), en su portal de transparencia [consultar aquí].

Convenios CatSalut y Mutuam (2012-2017) -- Atención sociosanitaria
2012 14.432.780,58 (datos CatSalut)
2013 14.205.510,72
2014 16.099.060,96
2015 17.544.224,49
2016 19.644.826,22
2017 22.190.844,68
2018 22.462.022,55 (dato Mutuam)

En total, la empresa ingresó 104 millones de euros de CatSalut por "atención sociosanitaria" entre 2012 y 2017. A esta cantidad se le suman los 22,46 millones de 2018 y la cifra de 2019, que se desconoce. Esta gran cantidad de dinero público ha costeado, entre otros capítulos, los Equipos de Atención Residencial (EAR). Es el personal de esta organización sin ánimo de lucro que, en teoría, vela por la salud de los ancianos en las residencias de Cataluña.

Defensores de la sanidad pública, como SAP Muntanya, se preguntaban ayer "qué ha hecho Mutuam" en la crisis de las residencias catalanas, que ha dejado 634 muertes de mayores hasta el viernes y un 70% de centros con contagiados solo en Barcelona. Se preguntaron por qué, por ejemplo, Mutuam, como el Govern, ha sido incapaz de proteger a los trabajadores de las residencias. Esta aseguradora y proveedora de servicios de salud es la que cubría geriátricos como la Casa Asil de Sant Andreu de Barcelona (31 muertos desde el inicio de la pandemia); el Asil Hospital de La Garriga (19 muertes); las residencias Mossèn Vidal i Aunós (9 defunciones) y Bon Pastor (10 muertes) de Barcelona y la Verge del Remei de Arenys de Munt, de la que su directora dijo esta semana que "tenía cada vez más residentes aislados" y que "morirían todos [los ancianos]" si Salud no les empezaba a hacer test PCR de detección del virus.

Empresa cercana a CiU

Las opiniones de Soraya Real, directora de la residencia Arenys de Munt y exconcejal de Junts per Catalunya (JxCat) son eso, opiniones. Pero el hecho cierto es que la vigilancia sanitaria de su residencia y otras 400 --según la memoria anual de 2018 de Mutuam-- la gestiona una empresa muy cercana a CiU, partido matriz de JxCat. Mutuam está trufada de altos cargos de la antigua Convergencia, ahora llamada Junts y reconvertida en independentista.

¿Ejemplos? Josep Arqués Suriñach, presidente de Grup Mutuam, que fue jefe de gabinete del Departamento catalán de Sanidad y secretario general de la misma consejería. Francesc Brosa Llinares, consejero delegado de Mutuam y exsubdirector del CatSalut, con quien la empresa firma los convenios de "asistencia sociosanitaria". Josep Lluís Vilaseca, defensor del mutualista en la sociedad y exsecretario general de Deportes en la Generalitat, o Josep Ballester Rosselló, director del área sanitaria y excargo de la Consejería de Salud. El expresidente catalán Artur Mas premió a la empresa en 2012 y colocó a su presidente, Josep Arqués, en el Consejo Asesor de Salud Pública [ver aquí]. No vio Mas contradicción alguna con el hecho de que el grupo firme lucrativos convenios sin concurso público año tras año, o con el hecho de que Arqués sea un excargo del departamento.

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Josep Arqués (i); Agustí Montal y Francesc Brosa (d), en una foto corporativa / MUTUAM

Sobre el papel, se trata de una "entidad sin ánimo de lucro" [ver definición aquí], cuya matriz fue un asociación mutualista nacida en 1905. El conglomerado, regido por una fundación, ha crecido hasta convertirse en un ente que factura más de 50 millones de euros al año. Tiene una parte aseguradora, otra de prestación sanitaria propia y los conciertos con el CatSalut. Es esta pata la que levanta suspicacias. ¿Qué inversiones ha hecho en los EAR para las residencias en los últimos años? ¿Qué reacción ha tenido contra la pandemia que se está cebando con los geriátricos? ¿Dónde fueron los 104 millones --hasta 2017-- que ingresó de la administración pública--? En 2014, Salud multó a Mutuam por mala atención en una residencia de Barcelona, tal y como recogió El País. Pero continuó entregándole fondos públicos año tras año sin concurso. Ahora, en plena pandemia, el grupo cercano a CiU no aporta información sobre su gestión y, en algunos casos, intimida a los periodistas con amenazas de acciones judiciales.