Salud se pone de perfil con el otro negocio de Joan Vegué

Otro negocio de la empresa de Joan Vegué, el máximo asesor del Govern en salud mental, y otro silencio de la Consejería de Salud. La empresa del superasesor de la Generalitat de Cataluña en el bienestar emocional de la población desvía cerca de medio millón de euros al año de fondos públicos a la empresa inmobiliaria de la directora general. Y el Departamento del nuevo conseller Manel Balcells guarda silencio. 

Es lo que denuncian fuentes internas de CPB SSM, el grupo sanitario de Vegué, que es director del Plan Director de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat de Cataluña, por lo cual está facultado para proponer las líneas maestras de la Consejería de Salud. Como explicó este medio, su empresa de origen, en la que aún es director médico, hace un pingüe negocio inmobiliario con el dinero del concierto público, pero es que además desvía otros 500.000 euros al año en concepto de "mantenimiento". 

La empresa de la CEO alquila las clínicas y las mantiene

Alertan de ello fuentes internas de CPB, qe afean a la compañía de Vegué y Rosa Verdaguer, directora general, que se autoalquilen los inmuebles de los centros de salud mental a sí mismos. Concretamente, a Probosch SL, que es la inmobiliaria de la familia Verdaguer. Ello genera un negocio cautivo de un millón de euros al año, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. 

El gasto anual de alquileres y mantenimiento de las clínicas: se pagan a la CEO / CG

Pero es que además, la empresa del superasesor de Salud paga unos 500.000 euros anuales en mantenimiento a esta misma firma, advierten trabajadores de CPB. Los libros en el Registro lo confirman: el proveedor público ingresó a Probosch 536.119 euros como mantenimiento de estas clínicas en 2019 y 477.941 euros en 2020. 

"El negocio es inmobiliario, no la salud mental"

Las fuentes consultadas critican que, entre alquileres y mantenimiento, "el verdadero negocio de CPB es inmobiliario". Recuerdan que la empresa de Vegué "mueve unos 15 millones de euros cada década entre arrendamientos y reparaciones" a la inmobiliaria de la directora general, Rosa Verdaguer. "Y es forzosamente dinero público, pues CPB vive del concierto con el Servicio Catalán de Salud (CatSalut), apenas trabaja con mutuas o privados", agregan. "Ello se hace con la aquiescencia del superasesor de la Consejería de Salud, pues a día de hoy aún forma parte del consejo de dirección. 

¿Qué contesta el Departamento de Salud? A preguntas de este medio, nada. Crónica Global ha preguntado si el CatSalut auditará el concierto anual con la empresa de Joan Vegué por su hubiera fondos que no se utilizaran para fines asistenciales. La Consejería ha optado por el silencio. Y eso que Vegué no es un hombre del conseller Balcells, de ERC, sino que lo nombró su predecesor, Josep Maria Argimon (Junts). 

El grupo dice que "hace tres presupuestos"

En conversación con este medio, Rosa Verdaguer, directora general de la firma del superasesor, ha defendido que los alquileres de las clínicas se pagan a su empresa "a precio de mercado, jamás más elevados", y que ello es así "porque es muy difícil encontrar edificios para dispositivos de salud mental". Razona, pues, que es por el "estigma" que aún causan los equipamientos para personas con patologías mentales. 

¿Y sobre el mantenimiento? Verdaguer aduce que "pide siempre tres presupuestos" para el mantenimiento de las clínicas, pese a que "no está obligada a hacerlo porque la empresa no pertenece al sector público". Probosch, su inmobiliaria, ofrecería la oferta más competitiva. 

Joan Vegué: polémicas por doquier

Sea como fuere, el negocio paralelo de la empresa de Vegué con los alquileres de las clínicas es la última polémica desde que fuera nombrado alto cargo para dibujar --Salud dice que "proponer"-- las grandes líneas en salud mental en Cataluña en los próximos años. La primera de ellas fue su pertenencia al sector privado, pues CPB es una sociedad anónima, aunque se esté transformando en fundación sin ánimo de lucro. 

El consejero de Salud, Josep Maria Argimon (c), con su asesor Joan Vegué (i) / Gencat

Ello escamó a los prosanidad pública. Pese a este hecho, el superasesor ha continuado en el comité de dirección de CPB, aunque ya no es consejero de la empresa. Compagina su labor en la Consejería con el rol de alto cargo de un proveedor privado que, además, se beneficia de sus propuestas. Por contra, salen perjudicados algunos de los competidores de CPB, como la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu, detalló Crónica Global. 

Dimisión de su 'número dos'

La empresa del ahora alto cargo de Salud defiende las bondades de la salud mental comunitaria, aunque muchos en el sector discrepan y detectan trato de favor. Además de ello, figura la consulta privada de Vegué en un piso del Eixample, de la que nadie en la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria confirma la legalidad. Directivos del sector afirman que es pirata. Él, calla.

O su rol en TLP Barcelona, la parte 100% privada de la empresa de Vegué, de la que el facultativo cobra por formación. Su empresa defiende que el superasesor no hace labor asistencial, aunque altos cargos del sector discrepan. Y recuerdan que esta pata privada es "el Barnaclínic de Vegué", pues se sostiene parcialmente con recursos públicos, pese a que los pacientes pagan íntegra cada visita. 

Ante las continuas críticas, la número dos de Vegué en su propia empresa ha dejado el puesto de adjunta a dirección tras la serie de controversias destapadas por Crónica Global.