El negocio inmobiliario de la empresa del gurú de Argimon

Los mismos interlocutores apuntan a que CPB Serveis Salud Mental, la empresa en que Vegué es director médico --y estuvo en el consejo de administración hasta marzo de 2022--, arrienda las clínicas a una inmobiliaria de la directora general, Rosa Verdaguer: Probosch SL. Con ello se lograría un "negocio cautivo" de alquileres donde también aparecería el dinero público. El Servei Català de la Salut (CatSalut) tiene un concierto activo con esta red de atención a la salud mental que totaliza 12 millones de euros, tal y como explicó este medio. 

La inmobiliaria de la dueña

Los hechos son los siguientes. CPB SSM opera una red de centros para pacientes con problemas de salud mental. Algunos de ellos están concertados con el CatSalut, por lo que reciben dinero público para que los atiendan y así descongestionar la red asistencial del ICS. Parte de estos activos son los que pagan un alquiler a la inmobiliaria de Verdaguer. Se critica que los fondos que recibe la compañía acaben en el bolsillo de la CEO y por un motivo que no es el asistencial. "En privado y en alguna ocasión, desde CPB SSM se ha jactado de que su verdadero negocio es el inmobiliario", mantienen los mismos interlocutores. 

La Clínica Lluria, concertada con el CatSalut, se sitúa en un edificio de la inmobiliaria de la dueña / CG

La Clínica Llúria Comunidad Terapéutica, situada en esta calle del Eixample de Barcelona, es uno de los que está bajo la lupa de los críticos. Se trata de un centro concertado cuyo edificio es propiedad de Probosch SL, la inmobiliaria donde Rosa Verdaguer, directora general de CPB Serveis Salud Mental, es administradora solidaria. Otro es el Centre Psicoteràpia Barcelona, que opera desde un edificio en el que Probosch tiene una hipoteca activa. La carga financiera aún aparece en la nota simple registral. 

CPB: "A precios de mercado"

A preguntas de este medio, la directora general ha admitido que su empresa y la de Vegué alquila parte de los edificios asistenciales a una inmobiliaria de su propiedad. Ello, no obstante, tiene matices, según su punto de vista. "Piensa que no hay edificios para este tipo de equipamientos. En muchos casos, hay estigma y los vecinos no los quieren cerca", afirma. Esta realidad sería un freno para acudir al mercado libre e implica que ponga en valor el inmobiliario que está bajo su control, ya que nunca se toparán con un problema con la propiedad por la presión externa que reciben. Su presencia brindaría garantías de continuidad. 

Pese a que su empresa se alquila a sí misma, Verdaguer recuerda que "lo hace siempre a precios de mercado", por lo que no hay beneficios extra para su familia. Subraya que CPB es una sociedad anónima pero que no tiene ánimo de lucro, pues "está en el camino de transformarse en una fundación". 

El sector lo ve una "irregularidad"

Desde el sector sanitario la apreciación es distinta. Se alerta de la "flagrante anomalía" que supone que una empresa concertada con lo público arriende edificios a una compañía en la que aparecen incompatibilidades de primer grado por la coincidencia de gestores. Aseguran que se trata de un conflicto de intereses claro. "Se trata de una irregularidad, ¡imagina que se produjera en el resto de la red concertada con los hospitales!", indican. 

Desde la industria asegura a que CPB SSM no solo hace negocio en Barcelona, sino que también tiene intereses en otros municipios. "La residencia de mayores del grupo, la Llar Tres Pins de Llinars (Barcelona), también es de la familia Verdaguer. De hecho, la hermana de la gerente es quien la opera", declaran. Se trata de un detalle que en el sector privado pasaría desapercibido, pero se exige ser más pulcro cuando existe una implicación de lo público, por vía del concierto, que obliga a la máxima transparencia que se reclama. "No es de recibo que recursos públicos acaben en manos privadas porque se pagan alquileres opacos", lamentan las mismas fuentes. 

Dudas sobre la idoneidad

La polémica de las rentas de CPB se suma a las dudas que suscita en el sector el hecho de que Vegué, nuevo coordinador --o presidente-- del Plan Director de Salud Mental de Cataluña, sea juez y parte del programa. Decidirá sobre las líneas de trabajo y proveedores de la consejería cuando es director médico en uno de ellos: CPB. Y cuando era consejero hasta marzo de 2022, según el Registro Mercantil. Es decir, compaginó su nueva responsabilidad con su posición en una sociedad privada que recibirá un impacto directo de las decisiones que tome el ejecutivo sanitario. 

Josep Maria Argimon, consejero catalán de Salud (i), con Joan Vegué (d) / Cedida

¿Por qué renunció a su cargo registral? "Fue en primavera de 2021", ha defendido Verdaguer. Otras fuentes matizan sus palabras: "Fue en primavera de 2022 y después de que los periodistas comenzaran a preguntar a la Consejería de Salud por un posible conflicto de interés". Más allá de este detalle, por el que los implicados pasan de puntillas, Vegué cuenta con despacho y asistente en el recinto de Travessera de Les Corts de Barcelona, sede de Salud, otro elemento que alimenta la polémica que existe en el sector sanitario sobre su papel. 

Silencio de Argimon

Crónica Global ha preguntado en tres ocasiones a la Consejería de Salud tanto por teléfono como por correo electrónico si se había valorado o debatido si la posición de Joan Vegué en el organigrama sanitario público podría incurrir en un conflicto de intereses. El equipo de Argimon no ha contestado. Sí lo han hecho los activistas pro sanidad pública, que rechazan que el facultativo encargado de pilotar los programas --e inversiones-- de salud mental tenga intereses privados en la misma. E incluso remiten a épocas de consejeros anteriores para afear al conseller actual la situación. 

Argimon ha roto la tradición instaurada por ERC de que el rector del plan autonómico de salud mental lo rubricara algún profesional con experiencia contrastada en la sanidad pública. Toni Comín y Alba Vergés optaron por los doctores Cristina Molina y Jordi Blanch, que trabajan en Sant Joan de Déu y el Hospital Clínic Barcelona, respectivamente. El viraje actual es una apuesta del equipo del exgerente del ICS. Con todo, ha generado un profundo malestar en buena parte de la sanidad catalana.