Fiscalía investiga si el Govern discrimina a un joven discapacitado

La Fiscalía Provincial de Barcelona investiga si el Gobierno catalán está discriminando a un discapacitado. El ministerio público ha abierto diligencias informativas para cerciorarse de si la Generalitat de Cataluña practica la "revancha" contra Alexander, un joven de 30 años ingresado en un centro de día, porque sus padres denunciaron judicialmente el copago de un aspecto muy concreto de la dependencia.

Según la documentación a la que ha accedido este medio, Fiscalía lanzó una investigación el pasado año tras la denuncia de la familia de Alexander, que sufre una discapacidad del 86%, trastorno del espectro autista (TEA), pasó por un trasplante de hígado en 2012 y tiene acreditada una dependencia de grado III y la condición de persona vulnerable. El escrito de los allegados del joven recogía que el centro donde vive, la llar residencial de una fundación contratada por el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSB), ha tratado de echarlo por la acción judicial de sus padres. La investigación continúa mientras los afectados denuncian "discriminación" por parte del organismo mixto (60% Generalitat y 40% Ayuntamiento de Barcelona), ya que un cambio de centro afectaría sobremanera al paciente, tal y como acredita un informe médico firmado por el Hospital Sant Joan de Déu. 

Se quejan del copago de médicos

El caso de los padres de Alexander comenzó en 2017. El pasado año, Antonio Moreno, el padre del joven, denunció ante la jurisdicción contencioso-administrativa el pago obligatorio de los médicos especialistas a los que le obliga el Consorcio. ¿Por qué? "Mi hijo cobra 580 euros al mes por una pensión no contributiva. Tras el pago de la residencia, que son 467,80 euros, le quedan cerca de cien. Pues bien, la Generalitat le obliga a pagar las visitas a los médicos especialistas, pues no considera que sean servicios sanitarios básicos", lamenta. ¿Cuánto cuestan estas visitas? "Doce euros la hora. Piensa que mi hijo precisa de seguimiento hepatobiliario cada tres meses; digestivo cada dos; dermatólogo, dentista y ecografías regulares", enumera el denunciante. Considera Antonio que ese servicio debería "cubrirlo el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, pues se trata de un copago". 

Antonio Moreno, papá de Alexander, con las denuncias a Fiscalía y Síndica / CG

Por el momento, se desconoce cuál es la opinión del juzgado contencioso número 11 de Barcelona, donde ha recalado el caso. Sí se sabe que el médico forense que examinó a Alexander ha dictaminado que las visitas de médicos especialistas no deberían pagarlas ni el chico ni la familia, pues deben ser considerados "servicios médicos básicos". El informe, también aportado por la familia a este medio, no es definitivo. Será el juez el que decidirá si los llamados acompañamientos, esto es, las visitas a los especialistas, las costea la residencia vía Consorcio tal y como ya hace con la atención médica básica y la enfermería.

"Retiren la denuncia"

A la espera de esa decisión, la familia de Alexander ha sufrido una suerte de caza de brujas por parte de la administración autonómica. En mayo de 2018, el Consorcio reunió a los padres y les pidió que retiraran la denuncia contenciosa por el posible impacto de la misma. Si el juez da la razón a Antonio Moreno y Josefina, su esposa, otras familias de dependientes podrían usar la misma vía. "No habría jurisprudencia, pero si la sala avala nuestra reclamación, otras familias podrían explorar esta vía y beneficiarse del criterio del mismo juez para que sea el Govern el que se haga cargo del médico especialista de los dependientes graves", avanzan. Ante ello, los padres rechazaron retirar su acción legal. "Poco después, nos enteramos de que iban a cambiar de residencia a mi hijo. Sin nuestro consentimiento. Lo hicieron subrepticiamente, sin informarnos", critica el progenitor.

El culebrón no acaba aquí. "Reclamamos a la gerencia y a la Síndica de Barcelona. Para nuestra sorpresa, el Consorcio trató de parar la investigación de la Síndica alegando que lo habíamos comunicado nosotros por teléfono. Era falso", alerta el afectado. Las maniobras del Consorci no han surtido el efecto esperado. La familia se reunirá con Maria Assumpció Vilà el próximo 17 de junio y le expondrá el caso en el marco de un expediente abierto. Así pues, hay dos vías abiertas para investigar si Alexander está siendo penalizado porque sus padres se enfrentan judicialmente al copago en dependencia: la de la Fiscalía y la de la Síndica. Mientras avanzan, la opinión de la familia no es clara. "Ha sido víctima de una venganza una persona discapacitada. No hay palabras para definir una actuación así. Aún sabiendo que el Servicio Especializado en Salud Mental para Discapacitados Intelectuales (SEMS-DI) de Sant Joan de Déu lo rechaza, lo quieren mover de centro. Alejarlo. Creemos que el Consorcio se venga de nosotros por medio de mi hijo. Y apuntamos directamente a Pepita Cabisco, jefe de servicio del Servicio de atención a personas en situación de dependencia", apostillan.

Esta información se ha elaborado sin la versión del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que ha indicado que no comentaría "casos particulares" de dependientes. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, se ha remitido a la misma Consejería para más información.