Fiscalía construye un relato de “violencia necesaria” para sostener la rebelión

Muchos nervios en la sala segunda del Tribunal Supremo. El contundente alegato de Fiscalía defendiendo que en Cataluña “hubo un golpe de Estado” perpetrado por los procesados ha hecho emerger la inquietud de los abogados de las defensas y de algunos de los imputados, como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que soplaba cada vez que oía su nombre vinculado a ignorar deliberadamente los “siete requirimientos” que recibió del Tribunal Constitucional.

La condición imprescindible para sostener la rebelión es que el Govern previó la “violencia necesaria” para alcanzar sus objetivos. Por esta razón, no quiso desconvocar el referéndum ilegal pese a los “informes semanales” de los Mossos d’Esquadra asegurando que habría “enfrentamientos” con civiles durante el 1-O y que los CDR preparaban "prácticas combativas". Todo lo contrario: el Govern mantuvo los “llamamientos” a los ciudadanos para acudir a los centros electorales a sabiendas de los riesgos a los que les sometían. Este triángulo fatal --con Mossos y masa-- liderado por el Govern no tenía como fin último "votar", sino subvertir el orden constitucional. Y para ello no era necesario ni “militares” ni declarar el “Estado de sitio”, pero fue de todos modos un intento de “rebelión”, ha esgrimido la Fiscalía.

Los reprimidos: los catalanes constitucionalistas

La sentencia del TEDH que otorga la razón al Tribunal Constitucional por suspender el pleno en el Parlament sobre el 1-O ha sido un aval para Fiscalía. El fiscal Javier Zaragoza ha recordado que los verdaderos reprimidos fueron esos catalanes a quienes la Cámara catalana quiso sustraer sus derechos cuando vulneraron la legalidad. “La convivencia se defiende respetando los mandatos judiciales”, ha espetado Zaragoza.

En la misma línea, cuando ha sido el turno del fiscal Jaime Moreno, ha sostenido que no fueron “protestas” lo que se vivió ante las conselleríes durante el 20 de septiembre de 2017 ni durante el referéndum del 1-O: “No se puede disfrazar de protesta estos hechos, las protestas se pueden hacer de cualquier otra manera y en otros sitios, pero respetando la ley. No se respetó porque no era una protesta, era una obstaculización intimidante y violenta”.

Moreno ha sido el encargado de dar forma ante el tribunal a la “violencia” e “intimidación” que se produjo en el procés, con especial énfasis a esas dos fechas (20S y 1-O). Ha explicado que se intentó incluso “arrebatar armas reglamentarias” de la Guardia Civil. “Esta es la violencia, no hubo más ni menos, pero fue la necesaria y no es nada desdeñable”, ha remachado.

El Govern "instrumentalizó la violencia"

La “frase lapidaria” del exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero esperando que “el domingo no haya una desgracia que tengamos que lamentar” ha servido al ministerio fiscal para señalar cómo el Ejecutivo catalán “instrumentalizó” la violencia: “Puigdemont le dijo que si había violencia declararía la independencia”.

Pero el exmandatario catalán no fue el único que asumió la violencia. Moreno ha afirmado que Oriol Junqueras también fue informado por la policía autonómica del “escenario de violencia” y lo despachó con que era “la voluntad del pueblo” ir a votar el 1-O. “Otra vez la voluntad del pueblo por encima de la ley”, ha concretado Moreno, como anteriormente había hecho Zaragoza, para rebatir el discurso tan manido del nacionalismo de que el pueblo está por encima de los tribunales.

“Hubo violencia suficiente. Sin esa violencia sabían que sus objetivos no se podían lograr”, ha concluido el fiscal en la frase que ha sido el hilo conductor de toda la acusación para que el tribunal considere la rebelión.

Malversación

Consuelo Madrigal ha centrado su acusación en demostrar la malversación del procés. Se ha adentrado en las contrataciones irregulares como la de Unipost que tenía que haber enviado la información a los ciudadanos que formarían parte de las mesas electorales.

Respecto al papel de Raül Romeva, uno de los menos señalados por el resto de los fiscales, Madrigal ha puesto de relieve las acciones de la conselleria de Exteriores y "los pagos que hizo la delegación del Govern en Bruselas” al invitar a 30 diputados y eurodiputados. “Organizó sus reuniones en Barcelona y en el 1-O les hizo un recorrido por los centros de votación". Ha basado su acusación con la prueba de que que estos funcionarios usaron una tarjeta de crédito Diners que pagaba la Generalitat.

Sobre la campaña Civisme, que promovió la convocatoria del 1-O, la fiscal ha dicho que “Turull batió el récord de velocidad al conseguir en tres días hábiles su financiación". El martes 29 de agosto el Govern ya había aprobado el traspaso de 3.430.000 euros del fondo de contingencia para satisfacer las necesidades comunicativas del Ejecutivo durante el mes de septiembre”. En este apartado ha hablado de las facturas reemitidas por la CCMA y que no fueron atendidas “por una estrategia de evasión del Ejecutivo”.

Sin necesidad de armas

La argumentación del último fiscal en intervenir, Fidel Cadena, ha ido orientada a tener en cuenta la definión del delito de rebelión, del que "son autores" los que se alzaron "pública y abiertamente" y a subrayar que no hay necesidad de usar las "armas". Ha esgrimido que no es una "sedición" porque no es un delito "contra el orden público" sino contra el "bien jurídico a proteger" que es el ordenamiento constitucional. Ha admitido, eso sí, que es una "rebelión distinta" puesto que sus autores ya ostentaban "el poder". 

La sala se ha agitado cuando Cadena ha hecho un paralelismo con el 23-F para explicar el "zarandeo"que sufrió el general Manuel Gutiérrez Mellado durante el asalto al Congreso de los Diputados.

Con las intervenciones de los fiscales se han querido aportar las pruebas necesarias para que los líderes del procés sean condenados por rebelión y malversación.