Tarragona licita por dos millones su ZBE, cuya normativa también colisiona con la Generalitat

El Ayuntamiento de Tarragona ha puesto en marcha el concurso público que debe culminar en la implementación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El contrato, licitado por 2.069.100 euros con IVA, incluye la colocación y puesta en marcha de las cámaras de lectura automática de matrículas de coches, así como de sensores de ruido y de calidad del aire, entre otros dispositivos.

La fecha límite para que entre en vigor es el 31 de diciembre de 2024, antes del próximo año, cuando se restrinja el acceso y la circulación de los vehículos más contaminantes en gran parte del núcleo urbano. Todo ello, sin que la Generalitat haya aprobado todavía una norma común que podría echar al traste parte de los deberes hechos por las ciudades.

44 cámaras controlarán el acceso a cuatro barrios

El equipo de gobierno del alcalde, Rubén Viñuales (PSC), ha pisado el acelerador y prevé aprobar la normativa en el mes de marzo; mientras tanto, las empresas interesadas tienen hasta el día 15 para presentar sus ofertas y el plazo de ejecución del proyecto será de 10 meses desde el inicio de la fecha de las obras.

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Se instalarán 44 cámaras que controlarán los accesos a los barrios de la Part Alta, Part Baixa, Serrallo y Eixample; concretamente, en las calles de Vidal i Barraquer, Orosi, Comerç, Barcelona y Reina Maria Cristina, en las avenidas Argentina y Catalunya, en los paseos de Torroja, Sant Antoni y Espanya, en la vía William J. Bryant. 

Suministro, instalación, puesta en marcha y operación

El contrato incluye la instalación de cámaras que lean automáticamente las matrículas de una fiabilidad del 95% y a vehículos que circulen a hasta 250 km/h; también sensores que midan la presencia de gases contaminantes y partículas para comprobar la eficacia de la normativa.

Coches en una carretera

Además, la empresa adjudicataria deberá encargarse de su puesta en marcha y operación cuando entre en funcionamiento, así como de la colocación de carteles informativos y el desarrollo de una aplicación móvil para los conductores que les avise cuando accedan a la ZBE o les caduque una autorización.

Una ayuda de los fondos Next Generation permitirá financiar parcialmente dos millones de euros estimados para el contrato. 

Sanciones de 200 euros bajo un despliegue progresivo

La circulación quedará restringida de 7 a 19 horas de lunes a viernes a los vehículos con distintivo ambiental 0, ECO, C y B. Quien incumpla la normativa habrá incurrido en una infracción grave y las sanciones serán de 200 euros, aunque se implantarán de forma progresiva.

Las multas empezarán tras unos meses de sensibilización en 2025 y serán para conductores de fuera de la ciudad, en 2026 afectará a los tarraconenses que no vivan en la zona delimitada y en 2027, se extenderá a todos, incluyendo también a los vecinos de la misma.

El objetivo es facilitar la adaptación a la normativa, ya que los técnicos del ayuntamiento calculan que el 30% del parque automovilístico de la ciudad no cuenta con distintivo ambiental.

Colisión con la ZBE de la Generalitat

La normativa aún por aprobar por parte de Tarragona dista en algunos puntos de la que también planea la Generalitat, de obligado cumplimiento para ciudades de más de 50.000 habitantes o de 20.000 que superen los límites en contaminación.

Un vehículo con la etiqueta B

Por ejemplo, la ZBE de la conselleria de Acción Climática prohíbe la movilidad a partir de 2027 y 2028 a los vehículos con distintivo B (el amarillo), según si son diésel o gasolina; estos iban a poder circular bajo la ordenanza tarraconense. El horario también genera disconformidad. Tarragona pretende que la prohibición de acceso acabe a las 19:00 h de los días laborables, mientras que la conselleria quiere extenderla hasta las 20:00 h.

Puntos en los que, si el Govern no cede con un texto más flexible que obedezca a las sensibilidades de cada territorio, obligarán al ayuntamiento a adaptar su normativa. Lo mismo sucederá en ciudades del arco metropolitano de Barcelona, como Sabadell, Terrassa, Granollers o Mataró, que presionan para que la normativa catalana no eche por tierra sus ordenanzas.