El Govern también se duerme al regular las bajas emisiones y superar su choque con los alcaldes del arco metropolitano
- El Plan de Actuación por la Mejora de la Calidad del Aire no se ha aprobado antes de 2024, cuando las ciudades ya deben implantar sus ZBE por orden del Gobierno
- Nueve ayuntamientos del Vallès, como Sabadell y Terrassa, mantienen un "absoluto rechazo" al decreto catalán porque ya han consensuado entre sí su propia normativa
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Como ha sucedido con la sequía y la escuela, la Generalitat se duerme también en la regulación de las zonas de bajas emisiones (ZBE). El Ejecutivo de Pere Aragonès ha incumplido el calendario, que marcaba el término del año 2023 como plazo para aprobar su Plan de Actuación por la Mejora de la Calidad del Aire, el mismo que incluye las restricciones de acceso a municipios grandes para los vehículos más contaminantes.
Un proyecto al que los alcaldes de las nueve ciudades que rodean Barcelona y que conforman el arco metropolitano mantienen una férrea oposición. Son Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Rubí, Mollet, Vilanova i la Geltrú, Martorell y Vilafranca del Penedès. Todas ellas han hecho los deberes para implementar sus propias ZBE.
Incumpliendo su calendario: "Se está ultimando"
El Govern trabaja desde hace meses en la redacción de un decreto de bajas emisiones que extienda el modelo de las rondas de Barcelona y unifique los criterios de aplicación de restricciones. Afectará a todos aquellos municipios catalanes de más de 50.000 habitantes, o que con solo 20.000 suspendan en calidad del aire.
La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética aprobada por el Gobierno marca ambos baremos, instando a implementar zonas de bajas emisiones no más allá de 2023. Plazo recogido, precisamente, por el Plan de Actuación de la Generalitat, que se debía "aprobar antes de finales del año 2023".
El decreto ya pasó por una fase de participación ciudadana y un periodo de 45 días de información pública, pero sigue sin llegar. Fuentes del Departamento de Acción Climática reconocen lo evidente --que no ha llegado a tiempo en 2023 y lo hará en 2024, cuando las ciudades ya deberían imponer restricciones-- y aseguran a Crónica Global que lo están "ultimando" antes de su aprobación, sin entrar a concretar ningún tipo de calendario.
La apuesta del Vallès, con múltiples excepciones
Los municipios del arco metropolitano presentaron el pasado 24 de octubre en el Teatro Principal de Sabadell el resultado de sus esfuerzos por implantar una zona de bajas emisiones simultánea, progresiva y bajo criterios propios; estos calcan el horario de la ZBE barcelonesa, pero aplican múltiples excepciones para minimizar las molestias a los vecinos.
Las respectivas ordenanzas de regulación prohibirán la entrada a vehículos sin la etiqueta 0 (azul), Eco, B (amarilla) o C (verde) al centro de las ciudades de lunes a viernes, de siete de la mañana a ocho de la tarde. En 2024, solo durante los episodios declarados de contaminación ambiental, y en 2025 las restricciones ya serán permanentes, con sanciones a partir de mayo.
Asimismo, incluyen moratorias para rentas bajas, autónomos con menos de cinco años para jubilarse, vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida o con enfermedades que requieran tratamiento médico. También vecinos que vivan dentro de las zonas de bajas emisiones y mientras mantengan el empadronamiento.
El arco metropolitano teme que el decreto reduzca sus ordenanzas a papel mojado
Las ciudades del Vallès mantienen una oposición frontal al proyecto de la Generalitat, que conocieron solo un día antes de presentar el suyo. "No contempla las necesidades de nuestro documento", a opinión de los alcaldes, que insisten en "no dejar a nadie atrás" y acusan al Ejecutivo catalán de darles la espalda en la confección del decreto.
La alcaldesa de Sabadell y presidenta del arco metropolitano, Marta Farrés, aseguró que el pretendido decreto "es unilateral y dejaría en papel mojado los esfuerzos por crear la ZBE en cada localidad". "Absoluto rechazo a la nueva normativa, que deja de lado al mundo local", remachó, insistiendo en que su ciudad no dispone de "la amplia red de transporte público" de la que dispone Barcelona, por lo que "cada ciudad tiene su propia realidad".
Una posición de absoluta confrontación que la Generalitat redujo a "actitudes políticas" por las que "deberán dar explicaciones a sus ciudadanos" porque "no responden a la necesidad de asegurar que las personas respiran un aire limpio", criticó de vuelta Mireia Boya, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático.