Cataluña pagará una 'extra' de hasta 1.350 euros a los sanitarios

El Gobierno catalán abonará una paga extra de hasta 1.350 euros a los sanitarios y resto de personal de servicios esenciales en la nómina de agosto. El Ejecutivo autonómico ha anunciado hoy el complemento para médicos; enfermeros; técnicos; celadores; personal administrativo y de residencias y centros de discapacitados, incluidos los residentes (MIR), como "agradecimiento" a su labor durante la pandemia del virus SARS-CoV-2.

La consejera catalana de Salud, Alba Vergés (ERC), ha precisado que la paga extra, que se aprobará mediante un decreto ley autonómico el próximo martes, se moverá en una horquilla de entre 350 y 1.350 euros. Comprenderá al personal del Instituto Catalán de Sanidad (ICS) y al de la red concertada del Siscat, aunque no a la sanidad privada, que queda excluida pese a su esfuerzo durante la crisis sanitaria  La remuneración especial dependerá de la categoría profesional y de la exposición al virus SARS-CoV-2 que tuvieron los profesionales: hasta el 50% del tiempo; del 50% al 80% y más del 80% de la jornada en contacto con pacientes con Covid-19. Para la plantilla de residencias, no obstante, se pagará una tarifa plana de 900 euros.

Pere Aragonès durante la rueda de prensa / YOUTUBE

126 millones y 80 para "cambios"

El "reconocimiento" del Govern a los sanitarios y personal esencial catalán costará unos 126 millones de euros al presupuesto de 2020 de la Generalitat de Cataluña. Además del coste de esta "gratificación", habrá otro gasto: 80 millones de euros para "cambios" en el sistema sanitario regional. Esta partida destinada a "reforzar el sistema de salud" se negociará con las agrupaciones del sector y los sindicatos, ha precisado Vergés. La titular de Salud ha destacado que los fondos plasman los "aplausos" de la ciudadanía al colectivo de sanitarios y servicios esenciales, que han trabajado con "arrojo y rigor" durante el envite del patógeno.

Su compañera en el consejo ejecutivo del Govern, Meritxell Budó (Junts per Catalunya), ha agregado que en los próximos días se negociará con "otros colectivos" --en referencia a los cuerpos policiales, como los Mossos d'Esquadra, o los Bomberos, por ejemplo-- para aprobar un complemento salarial similar como reconocimiento de su tarea en la lucha contra el Covid-19. ¿Quién lo pagará? "Se trata de recursos no contemplados en los presupuestos, pero hallaremos los fondos. De nuevo, no obstante, pedimos al Gobierno que cumpla con sus compromisos presupuestarios, como la flexibilización del techo de déficit, para hacer frente a la crisis y ayudar a la vuelta a la normalidad", ha agregado Budó.

Aragonès: "Es un cambio de paradigma"

El vicepresidente del área económica del Govern, Pere Aragonès, ha tildado de "cambio de paradigma" la "gratificación" a los sanitarios. "Lo demostrará la modificación presupuestaria que estamos preparando: hay que reforzar los servicios públicos en línea con lo que han hecho otros países europeos". Ello, no obstante, queda lastrado por "el déficit fiscal y el incumplimiento de inversiones de la Administración General del Estado (AGE) en Cataluña". Estos dos hechos, según Aragonès, "dificultan fortalecer el Estado del bienestar y la recuperación de derechos" en la región, algo que el diputado asegura que el Govern "está haciendo".

Pese a las palabras de los tres consellers, que significan tender una rama de olivo a los profesionales de la región, que han encajado miles de contagios, ocho muertes y jornadas de 12 horas durante la pandemia, la paga extra anunciada hoy y que se aprobará oficialmente el martes es posible que deje muy descontento al colectivo. No en vano, profesionales de hospitales y centros de atención primaria (CAP) se han organizado en la llamada primavera sanitaria, que pide, precisamente, la recuperación de pagas que se adeudan a esta comunidad laboral. Ello incluye el 100% de las extra de 2013 y 2014 --de la primera se abonará el 60% este ejercicio--; las DPO o pagas de productividad en el sistema Siscat y el 5% del sueldo al personal estatutario y empresas públicas, que recortó el Gobierno de forma lineal en 2010 por la anterior crisis económica.