En materia económica, necesitamos un gobierno que ayude a solucionar los múltiples problemas existentes y que no genere ninguno más. De manera inmediata, que facilite el regreso a la actividad de numerosas empresas, disminuya con sus actuaciones y declaraciones la incertidumbre de las familias y asegure al menos temporalmente el sustento de que los que han dejado de trabajar. 

Durante el presente mes, también es imprescindible un detallado plan de reactivación. Una guía donde claramente aparezcan las medidas a adoptar, los sectores que priorizar y los sacrificios que debemos hacer para salir rápidamente de la crisis. Una mermada política fiscal y la inexistencia de una política monetaria y de tipo de cambio propia no sirven como excusa.

El ejecutivo da la impresión de que solo tiene una misión: minimizar el impacto de la pandemia sobre la salud de los ciudadanos. Lo demás no es importante o puede esperar. Por tanto, parece que delega en las instituciones europeas la recuperación de la economía española. Si realmente es así, creo que comete un craso error e idéntico al consumado por el de Zapatero.

Entre enero de 2009 y mayo de 2010, a pesar del inadecuado modelo de desarrollo previo, sus estrategas no contemplaron la necesidad de realizar ningún ajuste ni cambio sustancial en la política económica. Estaban convencidos que “el efecto vagón” nos sacaría de la crisis. En otras palabras, la reactivación de los principales países europeos provocaría un gran aumento de las exportaciones y convertiría en incrementos las anteriores caídas del PIB.

En las últimas semanas, el ejecutivo ha cometido múltiples errores. En relación al turismo, ha dispuesto que cualquier persona que llegue a España desde el extranjero deba pasar una cuarentena de 14 días, con la finalidad de evitar la importación y propagación de la enfermedad conocida como Covid--19. Una medida que impedirá la reapertura inmediata de numerosos hoteles, pues elimina el turismo foráneo.

No obstante, en principio estará vigente hasta el 25 de junio, cuando finalice el estado de alarma. A partir de dicho día, el gobierno muy probablemente permitirá la recepción masiva de turismo extranjero, a pesar de que el nuevo coronavirus no habrá desaparecido. Si finalmente así sucede, me parecerá una gran incoherencia que actualmente la salud importe más que la economía y poco después suceda todo lo contrario.

Desde mi perspectiva, el ejecutivo podría al menos haber permitido la llegada de extranjeros a Baleares y Canarias, las dos autonomías que más dependen del turismo y donde la Covid--19 solo ha impactado ligeramente. Para evitar la importación de casos, antes de embarcar en el avión, los viajeros deberían mostrar un certificado oficial que asegurara que no están infectados ni son asintomáticos.

En el sector del comercio, prohibió las rebajas en las tiendas físicas y permitió las realizadas en las online. No lo hizo el ministerio de Reyes Maroto sino el de Sanidad, quién se ha acostumbrado a usurpar las funciones de cualquier otro.

Una medida que casi suponía dar la puntilla a un sector compuesto esencialmente por pymes. La mayoría con importantes problemas económicos por la suspensión obligada de la actividad durante prácticamente dos meses. Otra vez el motivo era preservar la salud, pues las rebajas en las tiendas de barrio generan aglomeraciones (¿?) No obstante, 7 días después rectificó y las permitió. De repente, la prevención de contagios dejó de ser importante.

En materia educativa, la ministra Celaá anunció que los niños recibirían la mitad de las clases en el colegio y la otra de forma online. El objetivo es permitir una separación de dos metros entre los alumnos. Solo alguien que no ha pisado una clase, o lo ha olvidado, puede pensar que dicha distancia siempre será posible, pues la interacción entre ellos es muy elevada.

Al dar la noticia, no hizo ninguna mención sobre la gran repercusión que la medida tendría sobre la vida de las familias. Los niños no deben quedarse solos en casa y la mayoría de los padres no pueden pagar una persona que los cuide, lleve y traiga del colegio. Supongo que Celaà debió pensar que la resolución de este problema no competía a su ministerio. Ningún miembro del gobierno ha dicho nada más sobre el tema.

En relación a los ERTE, un gran número de los trabajadores afectados no han percibido ni un euro, a pesar de que sus empresas los presentaron a finales de marzo o principios de abril.

Por tanto, el prometido escudo social queda al menos temporalmente en duda. También por la lentitud en generar el constantemente prometido ingreso mínimo vital.

Los principales motivos del retraso en el pago de los ERTE pueden ser dos: la falta de liquidez y el gran número de afectados (4,2 millones según CCOO). El primero es fácilmente refutable, pues el Reino de España sigue financiándose en los mercados de deuda a un muy bajo tipo de interés, gracias a las adquisiciones realizadas por el BCE. 

El segundo es fruto de una mala gestión. Los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) no estaban preparados para dar una rápida respuesta a tal aluvión de peticiones. Una tramitación casi automática para la mayoría de pymes (menos de 50 trabajadores), la contratación de mucho más personal y una normativa más clara y detallada hubieran agilizado su resolución y evitado errores en su confección.

En definitiva, el gobierno no está dando la talla. No tiene un plan, especialmente para la reactivación económica, y lo demuestra día tras día. A pesar de ello, no creo que el ejecutivo de Mariano Rajoy hubiera tenido más éxito, como tampoco cualquier otro presidido por los actuales líderes de la oposición.

Desde hace tiempo, el nivel de los principales políticos españoles deja mucho que desear. En una etapa de bonanza económica, aquel queda disimulado. En cambio, en una gran crisis, se observa claramente. Cuando más los necesitamos, más nos fallan. Me queda muy claro que los militantes no aciertan cuando directamente eligen a sus líderes, pues casi siempre votan más con el corazón que con la cabeza.

Por dicho motivo, la principal reforma estructural del país no es ninguna económica, sino política. Consistiría en establecer un mecanismo de elección que permitiera, a militantes con potencial de estadistas, ascender al liderazgo de los respectivos partidos. No será nada fácil de diseñar y mucho menos de ejecutar.