La universidad catalana, sin dinero para nóminas, elige a Iceta como mediador

Los rectores de las universidades catalanas no le han visto el pelo a Carles Puigdemont en dos años. El expresidente catalán nunca se ha reunido con los ocho responsables de los centros públicos que difícilmente van a poder pagar las nóminas este diciembre.

Sobre esta asfixia financiera trató la reunión que, el pasado día 24, mantuvieron los miembros de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) con el primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta. Asistió también la secretaria de Economía, Emprendimiento, Trabajo y Economía Cooperativa del PSC, Alícia Romero.

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Forman parte de la ACUP los rectores Margarita Arboix (Universitat Autònoma de Barcelona), Sergi Bonet (Universitat de Girona), Jaume Casals (Universitat Pompeu Fabra), Joan Elias (Universitat de Barcelona), Roberto Fernández (Universitat de Lleida), Josep Anton Ferré (Universitat Rovira i Virgili), Enric Fossas (Universitat Politècnica de Catalunya) y Joan Anton Planell (Universitat Oberta de Catalunya).

La situación, aseguraron, comienza a ser alarmante y, por ello, pidieron a Iceta que mediara entre la comunidad universitaria y las altas instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que se agilicen los pagos pendientes.

Intervención y 155

Los rectores consideran que los 700 millones de euros que los presupuestos de la Generalitat destinaron este año a las universidades son insuficientes. Dista mucho de los 900 millones correspondientes a 2010, cifra que sufrió los recortes provocados por la crisis económica. Y dista también del 1,22% del PIB que corresponde a la financiación media de los países de la OCDE.

El gasto en universidades de la Generalitat es una de las partidas que, desde el pasado 20 de septiembre, controla el Ministerio de Hacienda. Los rectores creen que la inclusión de las universidades en el listado de las entidades intervenidas financieramente por parte del Gobierno pone en riesgo la actividad académica así como la investigación.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución, aseguran los responsables de las universidades públicas, ha empeorado la situación, pues deja la gestión en manos del Ejecutivo español. Sin embargo, en esa reunión admitieron que Santi Vila, exconsejero de Empresa de la Generalitat –de quien dependía el área de universidades— tampoco atendió sus requerimientos desde su nombramiento en julio de este año.

Dos meses antes, los rectores de la UB, UAB y UPC ya advirtieron de que sus centros estaban con el agua al cuello. Lo hicieron en una comparecencia pública en la que exigieron al Govern que les garantizara unos ingresos básicos para poder pagar las nóminas, mantener sus infraestructuras y seguir adelante con sus investigaciones.