Las subvencionadas asociaciones de derechos humanos que Torra azuza contra los Mossos

Defendieron el derecho a decidir, apoyaron el referéndum del 1-O, condenaron las cargas policiales, quisieron intervenir como observadores en el juicio del Tribunal Supremo y condenaron la posterior sentencia. Ahora elaboran informes muy críticos sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra ante la actuación de radicales violentos.

Cargas policiales por los disturbios en Barcelona tras la sentencia conenatoria / CG

Estas asociaciones dedicadas a defender los derechos humanos están llamadas a participar, junto al Síndic de Greuges, en una comisión de investigación en el Parlament a instancias del presidente Quim Torra. Y reciben subvenciones de la Generalitat.

Novact, Irídia, Institut de Drets Humans de Catalunya, el Observatori Drets Humans (Desc) y la Associació per la Pau i els Drets Humans forman parte de esa constelación de asociaciones cuyas críticas a la cargas policiales les han devuelto el protagonismo que tuvieron durante el procés. Lo tuvieron cuando, a principios de este año, crearon Internacional Trial Watch, una plataforma cuyos integrantes pretendían asistir al juicio del 1-O como observadores con la finalidad de cuestionar la Justicia española e implicar en ello a la opinión pública de otros países. El magistrado Manuel Marchena no lo permitió.

Algunas de ellas integran SomDefensores, que ayer presentó un informe según el cual, desde el pasado lunes, día en que se notificó la sentencia del 1-O, se han registrado 122 casos de “violencia policial”. La gran mayoría de casos, afirman, se cometieron en la ciudad de Barcelona y en el aeropuerto del Prat. Afirman que el 60% son por actuaciones de los Mossos.

Forman parte de esa plataforma el Centre per la Defensa Drets Humans-Irídia, Novact, Institut de Drets Humans de Catalunya y la Lafede.cat-Federació d’Organitzacions per a la Justícia Global.

Demanda contra el Reino de España

El Institut de Drets Humans de Catalunya es una de las entidades más subvencionadas por el Govern. Desde 2016, ha recibido dos subvenciones, una de 99.984 euros, concedida a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, y otra de 7.288 euros, procedente del Institut Català Internacional per la Pau. Este mismo Instituto otorgó 8.000 euros a Novact.

El presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia, presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el reino de España por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La demanda fue rechazada. Esta entidad, junto a Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans y Novact, apoyaron el informe España-Cataluña, más de diez años de conflicto político, más de un año de violaciones de derechos humanos y de represión.

Asimismo, Lafede.cat-Federació d’Organitzacions per a la Justícia Global, recibió en 2018 un total de 165.000 euros de la citada Agencia dependiente de la Generalitat.

El manifiesto firmado junto a la ANC y Òmnium

Especialmente generosa ha sido la Generalitat con el Observatori de Drets Humans-DESC, uno de los firmantes junto a LaFede.cat, Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), entre otras entidades, de un manifiesto en el que acusan a los Mossos de aplicar "medidas de excepcionalidad totalmente contrarias a la proporcionalidad, a la presunción de inocencia y a las garantías jurídicas" con los detenidos durante las protestas tras las sentencias. Han exigido que se investiguen y se depuren las responsabilidades pertinentes tras las operaciones policiales de los últimos días,

El año pasado, DESC recibió del Gobierno de Quim Torra 139.990 euros de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, el mismo organismo que, en 2017, le dio otra ayuda por valor de 29.897 euros.

Irídia es una asociación muy vinculada al Ayuntamiento de Barcelona, de la que ha recibido subvenciones durante los años del procés. Fue fundada en 2015 por Mariana Huidobro, la madre del activista Rodrigo Lanza, protagonista del documental Ciutat Morta y que cumplió dos años de cárcel por la agresión que dejó tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona en 2008.

La madre de Lanza presidió Irídia entre septiembre de 2015 y noviembre de 2017. Entre las subvenciones recibidas porel Consistorio figuran 4.500 euros por un programa de atención a víctimas de vulneraciones de derechos en las prisiones; 12.747 euros por el proyecto Frontera Sur, sobre la reconstrucción del modelo de fronteras basado en el respeto a los derechos humanos, y 20.000 euros por Saidavi (Servicio de Atención y Denuncia ante Situaciones de Violencia Institucional). Al respecto, el Ayuntamiento firmó en 2016 un convenio con Saidavi por valor de 30.000 euros.

Por parte de la Generalitat, Irídia ha recibido pequeñas ayudas --unos 571 euros-- en los últimos tres años para programas de apoyo a la mujer.