Torra ofende a los condenados del 1-O con su nuevo referéndum

La comunicación no verbal lo dijo todo. ERC no aplaudió a Quim Torra y Junts per Catalunya hizo lo propio con Sergi Sabrià, el presidente del grupo parlamentario republicano, por dejar en evidencia al president. Torra descubrió ayer que va desnudo y se quedó solo en su propuesta de convocar otro referéndum de autodeterminación. “Es un insulto para los dirigentes condenados por el Supremo. Torra prometió cumplir con el mandato del 1-O por el que fueron a la cárcel y ahora plantea poner las urnas de nuevo. ¿De qué ha servido entonces?”, denunciaban ayer fuentes soberanistas en los pasillos del Parlament.

La esperada comparecencia del presidente Torra se saldó ayer con el rechazo de ERC, la petición de dimisión de toda la oposición --la CUP fue prudente y cuestionó la capacidad del mandatario catalán de implementar la república-- y el riesgo de cisma en el grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat).

No informó a nadie

Y es que Torra no informó a nadie de su intención de anunciar un nuevo referéndum para esta legislatura. Ni siquiera a sus propios consejeros, con los que se había reunido el miércoles para abordar la respuesta a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo sobre el procés. “Se ha cargado la democracia parlamentaria. Parece que Torra desconoce que los proyectos de gobierno requieren de amplias mayorías”, denunciaba un diputado de la oposición. Tampoco los condenados fueron informados, a pesar de las repetidas visitas de Torra a la prisión de Lledoners.

Caras largas, por tanto, y soledad. Mucha soledad para Torra, a quien el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) y la consejera de Presidencia, Meritxell Budó (PDeCAT), expresaron su malestar. También lo hicieron, y de forma más pública, los diputados de Esquerra, que ayer hablaban de “deslealtad” por la propuesta unilateral de Torra.

Se abre un abismo estratégico entre los socios de Govern, que habían llegado al pleno celebrado ayer sin poder consensuar una respuesta conjunta a una sentencia calificada de “venganza” por parte de un Estado opresor. “No se han atrevido a presentar una resolución para ser votada y ahora amenazan con otro referéndum”, ironizaba una diputada. Se refería al formato de una comparecencia, sin propuestas de resolución, que habrían obligado a Junts per Catalunya, ERC y CUP a llegar a un acuerdo de mínimos, inexistente ahora debido a las posiciones maximalistas de Carles Puigdemont y de los cupaires.

La moción de ERC

“No es el momento de poner fechas, sino de ampliar consensos del 80%. Estudiaremos la propuesta que acabamos de conocer”, dijo Sabrià durante su intervención en el hemiciclo. Los republicanos no renuncian a ejercer la autodeterminación, pero optan por un enfoque más posibilista. Sus planes a corto plazo pasan por exigir diálogo con el Gobierno español y restituir los puentes “entre Cataluña y España”. Así lo han hecho constar en una moción que someterán a votación en el Pleno ordinario de la semana que viene, cuando supuestamente bajará la tensión.

La consejera de Presidencia y portavoz Meritxell Budó, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès / PARLAMENT

Por su parte, PDeCAT aguanta la presión del sector duro de Junts per Catalunya, el que se muestra fiel a Carles Puigdemont, pero el futuro es cada vez más incierto. El riesgo de cisma en el grupo parlamentario se mantiene desde hace meses, a la espera de que ese espectro neoconvergente se aclare de cara a unas elecciones catalanas que, tras lo ocurrido ayer, parecen más cercanas. Serán plebiscitarias, como en 2012 y 2017, pues este es el Plan B de los independentistas que quieren un referéndum.

Una constitución catalana

Torra quiere convocarlo en esta legislatura, junto a la aprobación de una constitución catalana la próxima primavera. Los intentos hasta ahora han sido infructuosos, pues Lluís Llach --invocado de nuevo por Torra-- fue incapaz de llevar a cabo la tarea encomendada de sentar las bases de esa Carta Magna catalana. El pasado mes de junio,  la Generalitat disolvió el Consejo Asesor del Fòrum Cívico y Social para el Debate Constituyente, presidido por Llach. Tal como informó este medio, que tuvo acceso a las actas de las reuniones de este “chiringuito” procesista, su actuación se ha caracterizado por las peleas internas, el malestar por las injerencias del Govern, así como la falta de una estrategia comunicativa y de recursos económicos.