Denuncian a la fiscalía 1,4 millones en facturas opacas del PDeCAT en Sant Cugat

Descontrol en los contratos menores en el municipio estrella del PDeCAT. El grupo municipal de Ciudadanos ha denunciado a la fiscalía la existencia de 1,4 millones de euros de créditos por contratos del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès que no estarían debidamente justificados. Entre los polémicos pagos figuran inyecciones a empresas de mantenimiento, a despachos de exabogados de la Generalitat de Cataluña o a la librería privada donde trabajó Diana Riba, la mujer del exconsejero catalán Raül Romeva, hoy en prisión preventiva y acusado de sedición y rebelión por organizar el procés en Cataluña.

Según el escrito entregado al ministerio público al que ha tenido acceso este medio, la formación denuncia que la entrega de dinero público "incumple la Ley de Contratos del Sector Público". En algunos casos, incluso, hay un "incumplimiento total" de la normativa vigente en contratación pública. El informe que acompaña la denuncia, un documento de Excel que lista pagos por valor de 1,44 millones durante dos ejercicios, el de 2017 y el de 2018, cuando la actual presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, era aún alcaldesa de Sant Cugat --lo fue hasta junio de 2018-- alerta también de créditos reconocidos como los gastos de las obras de reforma del teatro Unió Santcugatenca (270.000 euros más IVA) o servicios de limpieza (152.598,69 euros sin IVA) que también han acabado en la Sindicatura de Cuentas enviados por el interventor general.

Mantenimiento y seguros

El documento del listado de los créditos por servicios dudosos incluye un ramillete de beneficiarios distintos. Los mayores corresponden a pagos a una empresa multiservicios, que llega a ser contratada hasta en cinco ocasiones en un mismo mes. Las cantidades superarían lo máximo establecido que se puede contratar sin concurso en servicios: 15.000 euros (40.000 euros en caso de obras). En otras palabras, Sant Cugat, según el informe del interventor, contrató a las mismas empresas una y otra vez mediante dedazo.

La concatenación evitó tener que sacar a concurso público el servicio. Ocurre lo mismo con Gobelin Projectes, una empresa local de iluminación que dirige David Pujol, presidente del teatro Unió Santcugatenca, y que llegó a ser contratada hasta 18 veces en un año. Tanto en el caso de la empresa multiservicios como en el de Gobelin no existen expedientes de contratación menor, según la denuncia.

La gestoría

Otro tanto pasa, según Cs, con los ocho contratos adjudicados a la gestoría Urbpromcat, fundada por el malogrado Albert Abuli, un exabogado especializado en urbanismo de la Generalitat de Cataluña que falleció en 2018. No menos curiosos, aunque de cuantías menores, son los créditos por gasto municipal en libros realizado en las librerías locales. Ello implica un "sobrecoste" comparado con la adquisición de volúmenes a editoriales, pues hay que contabilizar el margen del librero. El organismo autónomo Centro Municipal de Sant Cugat hizo compras menores en establecimientos como El Celler del Llibre o El Pati de Llibres. Este último es el comercio fundado por Sonia Gómez, pareja del exlíder de ICV Joan Herrera, y Diana Riba, esposa del exconseller preso e investigado Raül Romeva.

Riba es también la número dos de ERC en la lista para las elecciones europeas. La candidata republicana, ahora activista propresos secesionistas a tiempo completo, dejó el comercio a principios del año pasado. El mismo ejercicio, Sant Cugat gastó allí 4.800 euros en publicaciones. No consta expediente de contratación en ninguna de las compras.

"¿Quién fiscaliza el gasto?"

En declaraciones a este medio, el hasta ahora presidente del grupo municipal de Ciudadanos en Sant Cugat, Aldo Ciprián, ha criticado que "en 30 años nadie haya sido capaz de fiscalizar debidamente el gasto de dinero público en contratos menores". Ha recordado el también candidato a alcalde del municipio que su grupo "ha accedido a solo dos ejercicios, 2017 y 2018, pero las irregularidades podrían llegar hasta 2014". Por ello, han pedido las facturas de intervención de los años anteriores. "Las remitiremos a la Fiscalía Superior de Cataluña igual que hemos hecho con el año pasado y el precedente si también hay indicios de vulneración de leyes", ha avisado.

Desde su punto de vista, el descontrol "impacta directamente sobre la gestión de CiU, ahora PDeCAT, pero también sobre los partidos que gobernaron con éste mediante pactos: PSC, ERC y el PP". "¿Quién controla que se cumplan las leyes de contratación? Dónde está la Sindicatura de Cuentas?", ha lamentado el aspirante.

A precios de mercado

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Cugat, en una nota, subrayó ayer miércoles que el interventor general elevó a pleno en marzo de 2019 el informe de tramitación de las facturas del ejercicio precedente en cumplimiento de la normativa vigente. "Siempre se acreditó que el precio del servicio o suministro realizado se ajustó a precio de mercado o, en el caso de servicios que excedieron el objeto de contratación, que sus precios facturados se correspondían con los precios inicialmente contratados", aseguró el Ejecutivo local, ahora comandado por Carmela Fortuny.

Según el equipo de gobierno municipal, "no se observó perjuicio económico para esta Administración". Dicho informe se envió también a la Sindicatura de Cuentas el 30 de abril 2019, enfatizó la portavocía de prensa. A fecha de ayer, el gobierno de Sant Cugat "no había recibido denuncia alguna".