Sánchez quiere desmontar la épica independentista este otoño

Ni las advertencias sobre un “otoño caliente”, ni la utilización institucional de la Diada como soflama independentista. Ni siquiera la amenaza de Quim Torra de no aceptar una sentencia sobre el procés que no sea absolutoria alterará la hoja de ruta catalana de Pedro Sánchez. Así lo aseguran fuentes gubernamentales. La oferta de diálogo sigue en pie. Y es posible que este octubre se obtengan los primeros frutos.

Los socialistas son conscientes de que esta predisposición al entendimiento descoloca a quienes considera posicionados a ambos extremos políticos, esto es, a Torra y Puigdemont por un lado y a Ciudadanos por otro. También refuerza su estrategia el hecho de haber puesto sobre la mesa ofertas tangibles, tanto en lo que respecta al encaje de Cataluña en el conjunto de España como en cuestiones de calado social y económico.

Una idea del PSC

La propuesta de Sánchez de aprobar un nuevo Estatut para luego someterlo a un referéndum lleva el copyright del PSC, pues se trata de una idea que su primer secretario, Miquel Iceta, lanzó en las últimas jornadas del Círculo de Economía celebrada en Sitges (Barcelona). Referéndum de autogobierno, que no autodeterminación, precisa Sánchez, cuyo resultado estaría reflejado en una reforma constitucional.

Y aunque los independentistas aseguran que ya han superado esta pantalla, lo cierto es que a diferencia de lo que ocurría con el PP, ahora no pueden alegar que no exista un proyecto para Cataluña por parte del Gobierno español.

Acuerdos

Se trata de una iniciativa a medio plazo que requiere del consenso político necesario. Mientras tanto, hay un calendario bilateral a corto plazo al que Sánchez no piensa renunciar. En septiembre está previsto que el presidente español se reúna con Torra. Y también que se vuelvan a reunir las comisiones mixtas. En este sentido, las mismas fuentes creen que en octubre podrían lograrse avances significativos en materia de infraestructuras --Corredor Mediterráneo-- y en leyes que fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP.

La lupa está puesta en la ley de pobreza energética y la posible retirada del recurso. La idea, apuntan, es seguir el procedimiento empleado en el País Vasco, donde el gobierno autonómico y el Ejecutivo español establecieron un método de trabajo consistente en analizar cada ley impugnada para instar a su reforma por consenso. De esta forma se contribuyó a destensar la situación derivada del plan Ibarretxe.

La conferencia de Torra

La predisposición del nacionalismo vasco no se puede comparar, hoy por hoy, con el del secesionismo catalán, enrocado en desobediencia o ruptura. Y también en fingir que los contactos con el Gobierno español son poco fructíferos. Esta misma semana, concretamente el día 6, se celebrará la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que participan Estado y Generalitat con la vista puesta en abordar los problemas de confrontación social que provoca la guerra de los lazos. Mientras el Govern alega que tiene competencias exclusivas en materia de seguridad ciudadana, el Ejecutivo español precisa que no se trata de debatir algo que no es delito, quitar o poner lazos, tal como ha dicho la fiscal general del Estado, sino discutir sobre la conflictividad generada.

"Lo nuestro no es ingenuidad ni buenismo, sino entendimiento", aseguran fuentes gubernamentales, que de momento descartan valorar las consecuencias de una hipotética sentencia condenatoria a los procesados por el referéndum del 1-O. "Llegaré hasta el final. Mi único límite es el Parlamento de Cataluña", aseguraba ayer el presidente Torra, en vísperas de pronunciar su conferencia sobre el nuevo curso. Lo hará hoy, en el Teatre Nacional de Catalunya bajo el título "Nuestro momento".