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El juez que investiga el 1-O aparca la rebelión para 40 acusados

El titular de la sala de Instrucción número 13 de Barcelona descarta también el delito de sedición para los investigados por organizar el referéndum ilegal de secesión

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El juez de Barcelona que instruye el proceso por la organización del referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre de 2017 en Cataluña ha descartado que una cuarentena de investigados cometieran rebelión. El titular de la sala de Instrucción número 13 de la Ciudad Condal, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha aparcado también el tipo penal de sedición para los investigados. De lo contrario, arguye el magistrado, hubiera remitido el caso a la Audiencia Nacional.

En un escrito firmado la pasada semana, Ramírez Sunyer argumenta que lleva un año investigado los dos delitos penales, pero que hasta ahora no ha hallado indicios que relacionen a los imputados con los dos tipos ilícitos. El magistrado responde así a un ex alto cargo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI), Josué Sallent, que había exigido una aclaración por la incoación de un procedimiento sumarial donde no se incluían la rebelión y la sedición.

Investigación anterior al 1-O

En su respuesta, el juez recuerda que es la Fiscalía de la Audiencia Nacional la competente para investigar este tipo de delitos, como recordó el Ministerio Público hace un año, en la misma línea en la que se manifestó la magistrada del Tribunal Supremo, Carmen Lamela. En el mismo sentido, el titular de la sala 13 de Instrucción de Barcelona argumentó el pasado abril de igual forma cuando instó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a investigar a Josep María Jové y Lluís Salvadó --ex altos cargos del anterior Gobierno catalán--, ya que eran diputados. Dijo el magistrado que él no estaba facultado para investigar los dos delitos.

El escrito del Ramírez Sunyer se suma a otro emitido el pasado 23 de agosto en el que admite que la Guardia Civil investigaba desde el 15 de mayo a todos los implicados en la "autorización, creación y desarrollo" de la página web pactepelreferendum.cat. Fueron citados a declarar por esta rama de las pesquisas el entonces dircom de la Generalitat de Cataluña, Jaume Clotet; el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin y el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells.

Rebelión y malversación, desde marzo

El instituto armado tenía el ojo puesto en la organización de la consulta ilícita mucho antes. Según el juzgado 13, los agentes peinaban a los altos cargos del Govern para cerciorarse de si éstos cometían los delitos de malversación, rebelión, sedición, revelación de secretos, infidelidad en la custodia documental, prevaricación o un tipo penal contra la paz e independencia del estado. Todos los ilícitos penales los vigilaba la Guardia Civil en los preparativos del referéndum ilegal de secesión, que se terminó celebrando el 1-O.

En este sentido, la secretaria judicial de la oficina judicial advirtió que "desde el primer momento investigadores e instructores" advirtieron de que se estaban produciendo "actuaciones y gastos directamente encaminados" a la celebración de una consulta ilegal de independencia de Cataluña en la región en un plazo "breve" de tiempo.

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