La ‘multiconsulta’ de Colau provoca una denuncia por malversación y prevaricación

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, prometió al inicio de su mandato una nueva etapa en la relación del ayuntamiento con los ciudadanos que incluía realizar más minirreferéndums a la suiza. Un modelo que tomó como referencia para lanzar una multiconsulta cuyas preguntas se votarán hoy en un pleno extraordinario. Pero la gestión que se ha seguido para promover esta política vertebral ha llevado al ejecutivo de Bcomú a recibir una denuncia por prevaricación y malversación de caudales públicos ante la Fiscalía de Barcelona.

Una acusación que se materializó este lunes y que deriva de un concurso público desestimado: la licitación abierta en octubre para adjudicar los servicios de logística que la concejal de Participación, Gala Pin, mantiene que se realizará en verano. Tras la demanda está la empresa dedicada a los procesos de gobernanza y planificación municipal 3CS Cambios Estratégicos, con sedes en Sevilla y Córdoba.

Vulneración de la libre competencia

Es la misma compañía que en enero presentó un recurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) contra las bases de la licitación. Entendía que “vulneraban la libre competencia entre pymes en el territorio europeo”, indica el economista jefe de la compañía, José María Zambrano, en declaraciones a este medio, al intentar favorecer a las empresas de la ciudad.

Cuestión que fue estimada de forma parcial por el órgano de mediación en la contratación pública catalana. Suspendió el proceso de forma cautelar el 10 de enero y, 15 días más tarde, la comisión de gobierno decidió dejar sin efecto el procedimiento y asumir con carácter interno estos trabajos.

Modificación del crédito

También implicó aprobar una “modificación de crédito, consistente en transferencias de crédito de la prórroga del presupuesto general de Barcelona del ejercicio 2017 para el ejercicio de 2018, de importe 1,5 millones de euros”, tal y como consta en la denuncia a la que ha tenido acceso Crónica Global.

Este es el acuerdo que 3CS pide al ministerio público que investigue por la posible consecución de los delitos anteriores. En el documento se indica que la suspensión de realizó “sin la tramitación del necesario e imprescindible procedimiento administrativo” para “culminar dicha decisión política”.

Incremento de presupuesto

Los representantes legales de la denunciante tildan este movimiento de “huida hacia delante” y la acusan de no tener “fundamentación o procedimiento alguno tendente a garantizar los derechos de los ciudadanos”. Especialmente en lo relativo al incremento presupuestario para la multiconsulta, desde la realización de debates previos para fomentar la participación ciudadana hasta la organización de los colegios electorales y la contratación de un millar de personas para garantizar el correcto funcionamiento.

Y es que de los 759.216,66 euros de presupuesto base, partida que al estar planteada como un concurso con criterios económicos lo más seguro es que se rebajara, se pasó a los 1,5 millones. “Prácticamente duplica el gasto previsto inicialmente para la misma actividad”, añade la demanda.

Además, 3CS señala que se debería sumar a este montante las “posibles indemnizaciones que tenga que pagar el ayuntamiento frente a los daños provocados a los licitadores del contrato administrativo suspendido y abandonado”. Por lo que en ningún caso se llegaría a un ahorro de costes.

El ayuntamiento acusa a Agbar

Esta es la décima denuncia que se presenta por la multiconsulta y la segunda ante la Fiscalía, ya que la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democráctica presentó una primera demanda por presuntos delitos de revelación de secretos y cesión de datos del padrón municipal a terceras empresas para organizar la votación.

Gala Pin, concejal de Participación y Distritos en un acto en la capital catalana / AJ BCN

Gala Pin, concejal de Participación y Distritos en un acto en la capital catalana / AJ BCN

Pin, la concejal encargada de la licitación, afirma que la judicialización de la propuesta es una “ofensiva judicial” urdida por el grupo Agbar, afectado por la pregunta sobre la remunicipalización del servicio del agua. Aunque 3CS no tenga ninguna relación con la gestora del agua del grupo Suez. Asegura que se trata de un “ataque a la soberanía y autonomía municipal” que espera que sea contestada por el resto de grupos del pleno. Cuestión compleja por el equilibrio de fuerzas en el hemiciclo.