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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el 'expresident' Carles Puigdemont quieren un referéndum ya. Respuesta / EFE

Puigdemont cree que "los derechos civiles están suspendidos en Cataluña"

Su Consell per la República da por hecho que las detenciones realizadas este lunes forman parte de un montaje judicial y policial contra personas inocentes

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Carles Puigdemont insiste en su estrategia de crispar al máximo la escena política catalana. El expresidente de la Generalitat se muestra indignado por la imputación de nueve miembros de los CDR, acusados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de planear atentados en las próximas semanas. Un malestar que comparte con el autodenominado Consell per la República, organismo creado junto a sus fieles para "mantener vivo el mandato el 1 de octubre", "internacionalizar el procés" y crear "infraestructuras de Estado, según sus propias palabras.

Esta asociación --presidida por Puigdemont, y a través de la cual recauda parte de sus ingresos en Waterloo, pues para inscribirse hay que pagar un mínimo de diez euros-- ha condenado este martes las detenciones, pues a su juicio con ellas se pretende "intimidar" a la ciudadanía catalana que quiera movilizarse una vez se conozca la sentencia a los políticos presos por el proceso independentista de Cataluña.

"Brutalidad"

El Consell da por hecho que las detenciones realizadas este lunes forman parte de un montaje judicial y policial contra personas inocentes, y por ello expresa su solidaridad con las personas detenidas y sus familias.

"Una vez más, constatamos que los derechos civiles están suspendidos en Cataluña y los ciudadanos se enfrentan a la brutalidad y la arbitrariedad de los poderes del Estado sin garantías", ha defendido.

Según el organismo creado y presidido por el prófugo de Waterloo, la actuación policial y judicial busca "construir un relato de violencia asociado a un movimiento radicalmente pacífico y democrático" como el soberanismo, según ellos.

"Debordamiento del Estado español"

También han enmarcado esta operación en el escenario preelectoral, y ha asegurado que se quiere "criminalizar opciones políticas legítimas mayoritarias" --los partidos secesionistas no llegaron al 50% de los votos en las pasadas autonómicas-- en Cataluña frente a la opinión pública española para sacar réditos en las elecciones generales del 10N.

Según el escrito, la única forma de acabar con las "detenciones arbitrarias y la represión es el desbordamiento democrático del Estado español", por lo que el Consell per la República se reafirma en la hoja de ruta que aprobó el pasado 14 de setiembre, y que quiere lograr que se programe una hipotética república catalana.

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