PSC, ERC y comunes se cargan la pensión de Laura Borràs

En Comú Podem ha anunciado un acuerdo con ERC y PSC para aprobar por trámite de urgencia las leyes que quieren acabar con las pensiones de los expresidentes del Parlament. “Tenemos un acuerdo para evitar que Laura Borràs y, como mínimo, cualquier presidente que haya sido condenado por corrupción pueda recibir un sueldo público”, ha dicho el portavoz del grupo, David Cid, quien ha afirmado que "ya era hora" de que el Parlament empezara a actuar ante el "secuestro" de Junts per Catalunya en la institución.

“Y es que tras la negativa de Laura Borràs a dimitir después de su condena, lo que no podía pasar es que el Parlament se quedara de brazos cruzados y eso le costara, además, dinero de su bolsillo a cada catalán y en cada catalana,” ha argumentado el diputado.

Mover ficha

En este sentido, Cid ha incidido en que a pesar de no formar parte de la Mesa del Parlament, con este acuerdo se está demostrando que En Comú Podem mueve ficha para que el Parlament salga del secuestro en el que se encuentra. "Un primer paso que esperamos que sea la palanca que haga mover a los partidos de la Mesa en la reelección de una nueva presidencia que ya se puede dilatar más", ha concluido.

Reunión de la Mesa del Parlament este 15 de noviembre / PARLAMENT

El Pleno del 2 de mayo

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament han acordado que las propuestas para quitar las pensiones a los expresidentes de la cámara condenados por corrupción irán al pleno que se inicia el 2 de mayo y no al de la semana próxima y serán tramitadas por urgencia extraordinaria, pero no por lectura única.

Los expresidentes del Parlament tienen derecho a cobrar un complemento equivalente al 60% de su sueldo --que, en el caso de Borràs, supera los 150.000 euros brutos anuales-- una vez se jubilan, además de un 80% de su salario en los cuatro años que siguen al momento de su cese. Algo para lo cual, según una ley aprobada por la Generalitat de Cataluña en 1988, sólo se necesita haber ejercido un mínimo de dos años en el cargo.

Condena

Borràs cumplía esos dos años el 12 de marzo, pero al llevar siete meses apartada, existían dudas de si tiene derecho a acceder a esos privilegios. Desde el pasado julio está suspendida de sus derechos y obligaciones, pero aún no ha sido sustituida en firme como presidenta del Parlament, cargo que ahora ejerce en funciones la vicepresidenta de la Cámara, Alba Vergés.

El pasado 30 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a la presidenta de Junts per Catalunya a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. No obstante, plantea un indulto parcial para que no entre en la cárcel.