Ponsatí, Serret y Borràs: tres independentistas con abogados castellanohablantes

Son los mismos que pretenden imponer el catalán de arriba abajo y de izquierda a derecha, usarlo en toda España pese a la existencia de una lengua común, pero cuando deben responder ante la justicia catalana por posibles hechos delictivos se ponen en manos de abogados que ni hablan ni entienden (en algunos casos) el idioma utilizado por Pompeu Fabra. El último ejemplo de ello ha ocurrido esta semana en los tribunales autonómicos, por donde han pasado Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Laura Borràs, tres mujeres independentistas encausadas por distintos asuntos, pero que para defenderse han contratado los servicios de letrados castellanohablantes.

La exconsellera de Educación Clara Ponsatí, reclamada por los tribunales españoles por su cometido en el 1-O, regresó este martes a Barcelona tras cinco años fugada y acabó detenida durante unas horas. Su performance estaba perfectamente guionizada, pues además sabe que a lo máximo que se enfrenta es a la inhabilitación. Sea como sea, junto a ella se paseó su abogado, Gonzalo Boye, elegido también por otros líderes secesionistas, como Carles Puigdemont (y, antes, Meritxell Serret y Anna Gabriel, que prescindieron de él para contratar a Iñigo Iruin). Nunca se le ha escuchado una palabra en catalán.

Fiscales, en catalán; abogados, en castellano

El chileno y su pareja, la madrileña Isabel Elbal, han sido también la defensa de Laura Borràs en su causa por corrupción, por la que la presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlament ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación. En este juicio, los fiscales y los jueces se expresaban en catalán, pero Boye lo hizo en castellano.

Por su parte, la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret –que prescindió de Boye en su momento–, va ahora de la mano del vasco Iñigo Iruin, que esta semana la ha defendido en el juicio al que se enfrenta por la preparación del 1-O. Sin embargo, como explicó Crónica Global, Iruin no solo no habla el catalán, sino que ni siquiera lo entiende, hasta el punto de que la fiscal tuvo que pasarse al castellano, una práctica, la de cambiar de idioma, tan reprobada por los ultras de la llengua.

21 días en catalán y el juicio del 'procés'

Sin ir más lejos, una de las últimas campañas del Consorcio Para la Normalización Lingüística (CNL) –participado por la Generalitat– consiste en hablar única y exclusivamente en catalán durante 21 días y bajo cualquier circunstancia para evitar la "mala costumbre" de pasarse al castellano. Algunos municipios ya la han puesto en práctica. Pero hay más. En fechas recientes, tanto el expresidente Puigdemont como el secretario general de Junts, Jordi Turull, se han negado a responder en castellano a los medios que así lo pedían, emplazándoles a que lo tradujesen. Antes también lo hizo la presidenta de la Cámara de Barcelona, Mònica Roca, mientras la expresidenta de la ANC Elisenda Paluzie amagó con hacer lo mismo en otra intervención.

En el ámbito judicial, curiosamente también se han producido algunos casos singulares que atañen a independentistas de pro, como el presidente del Barça, Joan Laporta, y el mismo Turull. El primero se negó a declarar en castellano ante un juez en 2015, en el litigio que mantenían el club y la empresa MCM por la explotación publicitaria de la fachada de La Masía. "Me parece una falta de respeto para los declarantes que no haya un intérprete de catalán aquí y ahora", espetó. El segundo protestó (y no fue el único, pues también el exconseller Josep Rull lo criticó) por no poder declarar en catalán en el juicio del procés, al entender que al hacerlo en castellano se perdían matices y espontaneidad de su versión de los hechos. Por último, Plataforma per la Llengua señaló al sistema en un amplio documento por el exceso uso de castellano en los tribunales, en lugar de permitir o imponer el catalán.