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Mediapro obtiene ocho millones de euros en contratos con TV3 y Catalunya Ràdio durante la pandemia

La productora se embolsa 440.000 euros por sus documentales sobre el juicio del 'procés' y también es dueña de El Terrat, que se hizo con casi 1,5 millones por el polémico programa FAQs esta temporada

25 abril, 2021 00:00

La productora Mediapro, autora de los controvertidos documentales sobre el juicio a los dirigentes independentistas encarcelados por el procés, y otras empresas de su grupo han firmado contratos por valor de 8,3 millones de euros con la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals (CCMA) --el ente que gestiona los medios de comunicación audiovisuales públicos de la Generalitat-- desde que se decretó el primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020.

A pesar de la fuerte crisis económica, en poco más de un año las compañías del grupo capitaneado por sus cofundadores Jaume Roures y Tatxo Benet han rubricado casi una treintena de contratos con esa entidad bajo la cual se encuentran, entre otros, TV3 y Catalunya Ràdio. El importe total de los mismos asciende a 8.302.243,22 euros, repartidos de la siguiente manera: 2.002.187,12 para Mediaproducción SLU; 4.931.078,81 para El Terrat Gestiones XXI SL; 1.268.977,29 para Servicios Audiovisuales Overon, SL; y otros 100.000 para Mediapro Cine, según se desprende de los datos del portal de contratación de la propia CCMA.

440.000 euros por 'El judici'

La serie documental El Judici, que se estrenó el pasado fin de semana y que ha sido cuestionada por su claro sesgo favorable a los políticos presos, consta de un total de ocho capítulos y su emisión en TV3 ha supuesto un desembolso de 440.000 euros para las arcas públicas. Producida por Mediaproducción SLU, dicho contrato por “adquisición de derechos de antena” está fechado el pasado 23 de diciembre, a pesar del revuelo suscitado al trascender semanas antes las conversaciones telefónicas incluidas en la investigación judicial de la denominada operación Voloh, entre las cuales figuraba una del ejecutivo de la compañía Tatxo Benet haciendo gestiones con el exconvergente David Madí para intentar vender la docuserie por 800.000 euros a la televisión pública catalana. Finalmente, esa cantidad por derechos de antena se rebajó a algo más de la mitad.

Sin embargo, según ha expuesto en preguntas a la Mesa del Parlament la diputada del PSC Beatriz Silva, esos 440.000 euros “representan más del doble que los 178.000 euros que TV3 dedicó a todo el resto de coproducción de documentales en el último año”. El grupo socialista, asimismo, ha pedido explicaciones sobre su adquisición, habida cuenta que el director de TV3, Vicent Sanchis, “aseguró en la Comisión de Control a la CCMA” en la Cámara catalana que “no habían recursos” para realizar ese gasto.

mediapro

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Parcialidad

Además, Silva también ha denunciado que estos ocho documentales son “de parte”, pues expresan “el punto de vista del autor y no están sometidos” a los criterios de “equilibrio informativo y de neutralidad”. La diputada cuestiona, por tanto, cómo piensa la CCMA “equilibrar” su emisión para cumplir con la función de servicio público y pluralismo que tiene encomendada. “De la emisión se constata que de 41 entrevistados, 38 defendían posturas independentistas”, apostillaba la diputada en su perfil de Twitter, haciéndose eco de una información de El Triangle. Mediapro Studio, de hecho, ya anunció en su comunicado de prensa que la narración de estos ocho documentales del juicio del procés está hecha "desde el punto de vista de los abogados defensores”.

“El Consell Àudiovisual de Catalunya (CAC) viene pidiendo desde 2013 a TV3 que si emite este tipo de producciones las equilibre con otras que tengan el punto de vista opuesto. Pero desde entonces no ha habido un solo documental que equilibre y se han seguido emitiendo producciones a favor del procés”, añade Silva en sus redes sociales.

Beatriz Silva, denunciando la falta de pluralidad y el coste de la docuserie 'El Judici' en sus redes sociales / @BeaSilva9 (TWITTER)

Beatriz Silva, denunciando la falta de pluralidad y el coste de la docuserie 'El Judici' en sus redes sociales / @BeaSilva9 (TWITTER)

Con anterioridad, la productora de Roures y Benet ya realizó otros dos documentales favorables a las tesis de los mandatarios independentistas, emitidos también en la televisión autonómica. En concreto, uno sobre el referéndum ilegal de secesión titulado 1-O --estrenado en enero de 2018-- y otro denominado Las cloacas de Interior, dirigido por el propio Roures.

Nueva corresponsalía en Turquía

Con todo, El Judici no ha sido la obra más costosa de Mediaproducción SLU para TV3 en el último año, pues le supera con creces el encargo de producción audiovisual de 86 capítulos del concurso Atrapa’m si pots para la actual temporada, cuyo importe asciende a casi el doble de dinero: 745.319,86 euros.

Otro contrato reciente del Grupo Mediapro, y de similar importe (727.972,32 euros, IVA no incluido), a cargo de la CCMA ha sido el de la asignación a Overon del “servicio integral de producción para la corresponsalía de Estambul (Turquía)”, firmado el pasado 14 de diciembre, y por el cual esta sede sustituirá durante los próximos cuatro años a la que TV3 y Catalunya Ràdio tenían en Beirut, destruida por la explosión del puerto de la capital libanesa el pasado 4 de agosto.

overon

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Casi cinco millones para 'El Terrat'

Con todo, la empresa de Grupo Mediapro que obtuvo un mayor volumen económico de contratación fue la productora El Terrat, adquirida por The Mediapro Studio a finales de 2019. En total, la compañía dirigida por Andreu Buenafuente ha logrado en el último año contratos de la CCMA por un valor total de 4.931.078,81 euros. El más caro de ellos, fechado el pasado 29 de julio, fue el encargo de producción audiovisual de L’última nit del karaoke, una serie de 10 capítulos, cuya duración abarca un año y medio, y que cuesta 2.159.915 euros. Cantidad a la que el pasado 18 de marzo se añadió una “adenda” de otros 74.920 euros en concepto de “gastos adicionales del rodaje por Covid”. Este proyecto fue uno de los 34 que la CCMA eligió para recibir una parte de los seis millones de euros que la Consejería de Cultura de la Generalitat otorgó a TV3 para el “fomento de obras audiovisuales y cinematográficas catalanas de nueva creación”, condición de la por entonces consellera Mariàngela Vilallonga. Otro de los proyectos seleccionados en esta convocatoria fue el programa infantil Top or Fail, por cuya “producción audiovisual” de “13 piezas multiplataforma” la CCMA ha destinado 85.334,81 euros, en contrato fechado el 29 de julio en su portal de transparencia.

El Terrat es también la productora externa de uno de los programas estrella de TV3 en los últimos años: el controvertido espacio de debate político Preguntes Freqüents (FAQs), cuyo encargo de producción audiovisual para la temporada 2020/2021, fechado el 1 de julio, asciende a 1.494.869,18 euros.

Contratos de El Terrat con la CCMA / CCMA

Contratos de El Terrat con la CCMA / CCMA

FAQs, referente independentista

Este programa, emitido en prime time la noche de los sábados en TV3, ha sido muy cuestionado por su claro sesgo favorable al independentismo desde su estreno en septiembre de 2017. Así, por ejemplo, un reciente informe del Consell Àudiovisual de Catalunya de 2021 ha corroborado que tres de cada cuatro de sus entrevistados son afines al secesionismo, al igual que su colaboradora estrella, la tertuliana Pilar Rahola, simpatizante de JxCat, amiga del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, y que cuenta con un monólogo político semanal de varios minutos sin réplica alguna.

Entre los invitados esporádicos de FAQs figura el propio Roures, fundador y director general de Mediapro. La semana pasada --dos días antes de estrenarse en el mismo canal la docuserie El Judici-- intervino en un debate para hablar sobre “el poder y los medios de comunicación”. “El periodismo es rigor, respeto y responsabilidad a partes iguales, pero esto implica una voluntad que encuentras poco a menudo”, lamentaba en el mismo. El pasado mayo, Roures también intervino para dar su opinión sobre la Guardia Civil tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.