Los 'indepes' conquistan la agenda política española con sus presos en las Cortes

Sucedió en Cataluña y corre el riesgo de que se repita en el resto de España y en Bruselas. Desde 2013 el nacionalismo catalán ha logrado que la agenda política catalana gire en torno del procés y eclipse cualquier otro de los asuntos que afectan al día a día de una comunidad. La recogida de actas de este lunes en el Congreso de los Diputados fue un deja vú de lo que desde hace años se vive en el Parlament. Pese a que los 350 diputados se acreditaban durante la misma jornada, el interés mediático se centró exclusivamente en la salida de los dirigentes nacionalistas de Soto del Real para ir a la Cámara Baja y, en el caso de Raül Romeva, en el Senado.

La estrategia del nacionalismo consiste en ganar en los medios y en la opinión pública --especialmente la internacional--, una batalla que de momento ha perdido con su condición de procesados en el Tribunal Supremo y el fracaso de la vía unilateral. Para ello cualquier situación sirve de escenario para reivindicar su plan rupturista y presionar, en este caso, a las fuerzas políticas como PSOE y Podemos a favor de sus intereses. Posteriormente a la recogida de las actas, la ya diputada de JxCat Laura Borràs instaba a la Mesa del Congreso a aceptar la presencia de Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez (JxCat) en la Cámara durante toda la legislatura para ejercer sus responsabilidades.

La delegación del Supremo a la Mesa del Congreso acerca de la suspensión ha contribuido a que se evidencien las diferencias entre partidos y que el debate de los próximos meses se siga centrando en los políticos presos.

El resto de partidos entra al trapo

A niveles diferentes, el resto de fuerzas del arco parlamentario exhibieron este lunes su posicionamiento respecto a la presencia de los políticos en prisión preventiva en las Cortes. Vox fue el primer partido en hacer declaraciones ante la prensa. Calificó como “cinco criminales” a Junqueras, Turull, Rull, Sánchez y Romeva, pese a que todavía no hay sentencia firme.

En la reunión plenaria del Grupo Popular del Congreso y del Senado que se celebró en la Cámara Baja, el líder del PP, Pablo Casado, exigió que se tomen las medidas necesarias para que los “golpistas” que están siendo juzgados sean "suspendidos" como parlamentarios en aplicación del reglamento del Congreso y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En otras latitudes de la formación conservadora, en concreto en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, habló de "espectáculo internacional” y “propaganda” el hecho de que los presos pudieran asistir a las Cortes para acreditarse como parlamentarios.

Cs, junto al PP, pidieron a la que aún no es presidenta de Congreso, Meritxell Batet, que se “suspenda” con “absoluta celeridad” a los cuatro congresistas y senador.

Presión ‘indepe’ a PSOE y Podemos

PSOE y Podemos tampoco pudieron desmarcarse de la que se convirtió en la cuestión del día. La formación ganadora de las elecciones generales no actuará hasta conocer la posición de los letrados de la Cámara baja. Por su parte, Podemos ya se postula como la voz de los independentistas en la Mesa del Congreso.

El presumible nombramiento de Gerardo Pisarello, exteniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, como secretario en el órgano rector del Congreso, facilita una aproximación de Podemos a las tesis independentisas. Pisarello, como Jaume Asens, forman parte de la facción más soberanista de la formación morada, y Pisarello ya se pronunciaba este lunes en los pasillos del Congreso a favor de que todos los diputados tengan “la máxima autonomía parlamentaria”. No es partidario de las medidas restrictivas a las que son sometidos los independentistas procesados.

Y Puigdemont, en Bruselas

A todo ello cabe añadir el factor Puigdemont, que se dilucidará después de las elecciones europeas de este domingo. El exmandatario catalán abrirá un nuevo frente internacional para que también la Eurocámara deba dirimir sobre estos asuntos que desde 2017 concentran la atención política catalana primero y, posteriormente, la del resto del país. 

Se trata de arrastrar al resto de fuerzas políticas hacia sus postulados o, como mínimo, sublimar las contradicciones del sistema ante un caso inaudito en el que procesados por rebelión concurren en distintos comicios y, hasta la fecha, han salido electos. 

Todo apunta que la pelota, en cuestión de días, estará también en tejado europeo.