La financiación del 1-O llega al Tribunal Supremo

La fase pericial del juicio del procés ya tiene fecha. Después de que cerca de 300 testigos hayan desfilado ante el tribunal que juzga a los 12 líderes independentistas que urdieron la estrategia soberanista dirigida a proclamar la República catalana, una veintena de especialistas y profesionales de diferentes áreas, entre ellos varios funcionarios de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado, comparecerán los próximos 22 y 23 de mayo para analizar, a través de sus competencias específicas en la materia, las cuestiones más técnicas y complejas que afectaron a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Este nuevo ciclo en el que entrará la vista oral --que prevé finalizar a mediados o finales de junio-- tendrá lugar justo después de que este lunes declaren los últimos testigos previstos en el juicio y de que el martes se constituyan las Cortes con la presencia de los cinco acusados que se encuentran en prisión preventiva y que resultaron electos, tanto en el Congreso como en el Senado, en los comicios del pasado 28 de abril.

Financiación del 1-O

Los primeros peritos que expondrán sus conclusiones serán tres miembros de Hacienda que, propuestos por la Fiscalía y a partir de las diez de la mañana del próximo miércoles, determinarán si se destinaron fondos públicos a la organización, preparación, logística y ejecución de la consulta, una de las principales cuestiones en las que las acusaciones apoyan sus alegatos contra los acusados.

En concreto, el fisco estimó en 196.606 euros la cantidad desembolsada del erario y calculó en 812.624 euros la cantidad que suman las facturas abonadas y las que únicamente fueron comprometidas, unas cifras que distan considerablemente de los tres millones de euros a los que apunta el ministerio público. Los fondos habrían sido destinados, principalmente, a la publicidad institucional del referéndum, el suministro de papeletas y la internacionalización del plan independentista.

Ese mismo día comparecerá la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General, Mercedes Vega, quien, a propuesta de la Abogacía del Estado, deberá esclarecer las conclusiones que vertió en un informe que emitió el 29 de octubre de 2018 a petición del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Alquiler de los locales

Tras la subdirectora han sido citados dos peritos propuestos por la defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes llevarán a cabo un análisis estratégico del procés, mientras que, ya por la tarde, se efectuará otra pericial propuesta por la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado relativa a la valoración de los locales empleados como centros de votación. Dos técnicos de Segipsa e Ibertasa serán los encargados de realizar este análisis.

Por su parte, la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa ha pedido que se lleve a cabo la ratificación, por parte de dos peritos que también comparecerán el día 22, del informe llevado a cabo en su día sobre el valor de uso por arrendamiento de los inmuebles donde se celebró la consulta.

Ya el día 23, otra pericial propuesta por el Ministerio Fiscal se centrará en la traducción de una entrevista efectuada por el exconsejero de Interior Joaquim Forn, para lo cual ha sido citado un sargento de la Guardia Civil. Asimismo, otros dos agentes del Instituto Armado examinarán los documentos que se incautaron al que fuese número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, así como al ex secretario general de Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó.

Las lesiones de los agentes

También durante esa sesión será practicada una pericial médica solicitada por Junqueras y por el exconsejero de Exteriores Raül Romeva acerca de las lesiones supuestamente sufridas por los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y a cuyos partes hace referencia la Fiscalía en su escrito de acusación.

Acto seguido se realizará una pericial filológica a propuesta de Forn que consistirá en la traducción al castellano de un informe de la Comisaría Superior de Coordinación Central, así como, finalmente, otro dictamen solicitado por Cuixart dirigido a ratificar el informe sobre los análisis de titularidad y gastos de la web www.referendum.cat. También, a petición de Bassa, se efectuará una pericial informática que ampliará ese mismo documento.

El alto tribunal ha fijado, asimismo, para los días 27, 28 y 29 la práctica de la prueba documental, en la que, principalmente, se proyectarán los vídeos aceptados como prueba en el juicio y en los que podrá visualizarse el alcance de los presuntos actos de violencia producidos durante el 1-O, una cuestión, la de la exhibición de estas imágenes, en torno a la cual han girado las protestas de las defensas durante los primeros meses de la vista oral por cuanto el tribunal se ha negado hasta el momento a exponerlas en paralelo a la declaración de los testigos.